Dos gestiones administrativas están detrás del faltante de más de L8 millones en los economatos del Centro Penitenciario Nacional de Támara (CPNT).
LAPRENSA Premium tuvo acceso al informe de rendición de cuentas firmado por el coronel Juan Carlos Osorto Castillo, a quien le dieron baja deshonrosa por este caso, que reparte la deuda entre su gestión y la de su antecesor, el coronel de ingeniería Karllthers Dermenegier Medina Rosales.
“La deuda total del Centro Penal Nacional de Támara estaría distribuida de la siguiente manera: L4,130,763.53 (administración anterior) y L3,990,152.63 (mi administración), haciendo un total de L8,120,916.16”, señala el documento.
La cifra coincide prácticamente con el faltante que investigan las autoridades y que este medio reveló en el reportaje “Fuga de L8 millones en economatos de Támara tras fallido sistema de tarjetas” el pasado 8 de junio de 2026.
Sin embargo, al revisar partida por partida, este equipo periodístico encontró que el reparto no se sostiene porque Osorto Castillo cargó a la gestión anterior un inventario de L1.5 millones que él mismo recibió y que debía restar de esa deuda.
Con ese ajuste, la administración de Medina Rosales respondería por unos L2.6 millones y la de Osorto Castillo por cerca de L5.5 millones, lo que suma más de 8 millones de lempiras.
El documento consigna, además, que el coronel Othoniel Gross Castillo, entonces comisionado presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INP), tuvo conocimiento de la situación.
LA PRENSA Premium buscó la versión de Osorto Castillo, dado de baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas por el desfalco, y de Medina Rosales, quien se encuentra en condición de disponibilidad. Ambos fueron contactados a través de mensajes de WhatsApp, pero hasta el cierre de esta edición no respondieron a las consultas.
Lo que recibió
Según su relato, Osorto Castillo, quien asumió la dirección del penal en septiembre de 2025, recibió un inventario de L1.5 millones y dos deudas con proveedores del INP, una de L870,763.53 con Bodega Gallo Pinto y otra de L310,000 con Bodeguita Nino.
“Se aceptó la deuda ya que el inventario era mayor a las deudas asumidas”, justifica el documento.
A mediados de octubre de 2025 ordenó imprimir L4 millones en tarjetas de economato, con las que los privados de libertad compraban alimentos y artículos de uso diario en estas especies de pulperías que funcionan dentro del penal.
De ese tiraje, L2.5 millones se usaron para canjear las tarjetas antiguas que ya circulaban en los módulos.
El dinero que respaldaba esas tarjetas viejas nunca le fue entregado. Aun así decidió reconocerlas, lo que en la práctica significó asumir una deuda de L2.5 millones heredada de Medina Rosales, indica el informe.
L5.4
millones
es el monto cuyo paradero se desconoce en los economatos de Támara, según un informe presentado por el coronel Juan Carlos Osorto Castillo.
Los L1.5 millones restantes eran tarjetas nuevas que se pusieron a la venta y con las que arrancó su gestión.
Meses después, la Distribuidora Flores le notificó una deuda de L450,000 de la administración anterior, que no asumió porque no le había sido reportada.
El informe no adjunta recibos del INP ni inventarios que respalden ese monto o los demás valores consignados. El único comprobante mencionado corresponde al pago de una deuda de 200,000 lempiras a un proveedor.
Inconsistencias
La deuda de L4.1 millones que Osorto Castillo atribuye a su antecesor surge de sumar las cuatro partidas en mención, de los proveedores y las tarjetas canjedas.
El cálculo, sin embargo, deja por fuera un dato que el propio oficial consigna al inicio de su informe y es que, junto con esas deudas, recibió un inventario de mercadería valorado en L1.5 millones.
Al descontar ese monto, como corresponde en cualquier entrega de cargo, el saldo atribuible a la gestión de Medina Rosales baja de L4.1 millones a L2.6 millones.
Ese inventario tampoco se esfumó, ya que pasó a manos de la nueva administración, que lo vendió o lo administró en el economato. Por eso, los L1.5 millones deben sumarse a los L3.9 millones que Osorto Castillo reconoce como deuda propia, lo que eleva el faltante de su gestión a L5.5 millones.
El total del desfalco se mantiene en L8.1 millones, lo que cambia es la proporción.
Según el informe del oficial, su antecesor cargaría con poco más de la mitad del faltante, pero según el análisis de LA PRENSA Premium, dos de cada tres lempiras que no aparecen corresponden a la administración de Osorto Castillo.
L2.5
millones
en tarjetas de economato fue la deuda de la administración anterior que Osorto Castillo asegura haber asumido.
Llama la atención, además, que incluya los L450,000 de Distribuidora Flores en la deuda heredada, pese a que él mismo afirma que no los asumió porque no le fueron reportados.
Cabe mencionar que de los L3.9 millones que Osorto Castillo reconoce como deuda de su gestión, L51,320 corresponden a un taller de cocina que funciona dentro del recinto, mientras que el resto es abarrotería del economato adeudada a por lo menos cinco proveedores.
Distribución
En otra parte del informe, Osorto Castillo sostuvo que ordenó imprimir L8 millones en tarjetas de economato en dos tirajes de L4 millones cada uno, el primero en octubre y el segundo en diciembre de 2025.
“En ningún momento ordené que se imprimieran más de L8 millones”, recalcó en el informe.
Según su explicación, L2.5 millones de ese monto se destinaron al canje de las tarjetas viejas que tenían los privados de libertad. Al entregar el cargo, en marzo de 2026, aseguró que “quedaban unos L3.5 millones”, aunque no precisó si se trataba de dinero en efectivo o únicamente de tarjetas impresas sin vender.
Los cerca de L2 millones restantes, admitió, correspondían a tarjetas que sí se vendieron y cuyo dinero quedó bajo su responsabilidad.
Sobre esos L2 millones, el oficial afirmó que el comisionado presidente en ese entonces, Erwin Lara Franco, le indicó que se contarían las tarjetas en poder de los reclusos para determinar cuánto dinero existía.
La explicación, sin embargo, no resuelve el problema porque contar las tarjetas en circulación permitiría saber cuánto se vendió, pero no dónde quedó el dinero de esas ventas. En ningún pasaje del documento se aclara ese punto.
Tras su salida, la medida de las tarjetas fue suspendida y el economato opera ahora con dinero en efectivo, aunque dentro del penal todavía hay al menos un millón de lempiras atrapados estas tarjetas que los privados de libertad no pueden canjear, según las autoridades. Los reclusos, por su parte, dijeron a este rotativo que se trata de 8 millones de lempiras.
Más contradicciones
Más allá de los números, el documento se contradice en aspectos de fondo. Osorto Castillo afirmó que asumió el control total del economato hasta mediados de febrero de 2026; sin embargo, las dos impresiones de tarjetas que él mismo dijo haber ordenado ocurrieron en octubre y diciembre del año anterior, cuando, según su propia versión, todavía no tenía el mando completo.
Lo mismo ocurre con las deudas, ya que el oficial aseguró que, al tomar el control en febrero, lo adeudado a proveedores superaba los L5 millones y que bajo su gestión esa cifra se redujo con rapidez.
Pero al inicio del mismo informe había reportado que recibió el penal con L1.1 millones en deudas con dos proveedores.
“Mi deuda se estaba cancelando semanalmente hasta la fecha de mi relevo”, sostuvo también, sin detallar con qué fondos se hacían esos pagos ni presentar comprobantes que los respalden.
La imprecisión atraviesa todo el documento, pues, aunque se trata de un informe de rendición de cuentas presentado ante las Fuerzas Armadas, la mayoría de los montos aparecen acompañados de la expresión “y fracción”, en lugar de cifras exactas.
Tampoco está clara su autoría, ya que el texto indica que fue elaborado por dos administradoras del centro penal, quienes podrían dar fe de su contenido, pero no lleva la firma de ninguna de ellas.
Consultada por LA PRENSA Premium, una de las administradoras aseguró desconocer el contenido de los documentos presentados por Osorto Castillo.
Acciones
Fue el INP que reportó el faltante en los economatos a las Fuerzas Armadas y al Ministerio Público y un día después de que este medio publicara el reportaje sobre la fuga de fondos, la Inspectoría General de las FF AA envió a Osorto Castillo a condición de disponibilidad como medida preventiva. Recientemente se conoció que también le dieron la baja deshonrosa.
El director de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Honduras, Héctor Fajardo, calificó la medida como la sanción más severa dentro de la institución. “La baja deshonrosa es el peor castigo que le pueden dar a un miembro de las Fuerzas Armadas, porque uno espera irse con todos los honores cuando termina su servicio militar, con una ceremonia, dándole el saludo y el beso a la bandera, que le aplaudan”, añadió.
La sanción administrativa, no obstante, no cierra el caso, pues LA PRENSA Premium conoció que de la investigación surgieron tres líneas de indagación sobre el manejo de los economatos.
En el ámbito penal, el Ministerio Público confirmó, a través de su portavoz Claudia Díaz, que el expediente está en manos de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (Unaf), la dependencia encargada de ejercer la acción penal pública en casos de relevancia, incluidos los presuntos actos de corrupción y el manejo irregular de fondos públicos.
