Hasta L8 millones atrapados en fallido sistema de tarjetas de economatos de Támara

Lo que nació bajo el amparo del artículo 90 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional como un mecanismo para eliminar el efectivo y frenar las redes de extorsión devino en un corralito de dimensiones millonarias en el Centro Penitenciario Nacional de Támara (CPNT).

El foco de la controversia son ocho millones de lempiras que supuestamente están en un limbo tras el colapso del sistema de tarjetas de los economatos de la prisión más grande de Honduras, según testimonios recopilados por LA PRENSA Premium. Los reos no pueden ni reclamar ese dinero ni cambiarlo por productos que se ofrecen en el centro carcelario.

Las denominadas "tarjetas verdes" —plásticos prepago implementados para el consumo interno y que adopta ese nombre por el color de la tarjeta más implementada— pasaron de ser la única divisa legal a convertirse en basura financiera, lo que dejó atrapados los escasos recursos de las familias más vulnerables del país.

Antes de las tarjetas había pulperías manejadas por los privados de libertad, pero luego se instalaron los economatos, administrados por los militares.

Primero, se utilizaba dinero en efectivo, pero después instalaron las tarjetas de compra y, luego de un presunto desfalco de 8 millones de lempiras, se volvió al dinero en efectivo.

La crisis estalló formalmente cuando las autoridades de la ahora extinta Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP) decidieron suspender repentinamente el uso del plástico.

La circulación de las tarjetas quedó cancelada por completo debido a que comenzaron a detectarse graves inconsistencias y denuncias de opacidad en el manejo de fondos de los comisariatos bajo administraciones pasadas, según reveló en exclusiva LA PRENSA Premium en mayo pasado.

Para las autoridades, el problema pareció resuelto con reintroducir temporalmente el dinero en efectivo. Sin embargo, la solución institucional dejó desprotegida a la población penitenciaria.

Al prohibir el uso de las tarjetas, el INP congeló de golpe los fondos de miles de internos que ya habían pagado por esos plásticos con dinero real provisto por sus familias en las aduanas del penal.

Para blindarse legalmente ante los juzgados y evitar que las autoridades descalificaran la denuncia, fueron los propios privados de libertad quienes asumieron el control de las cifras; se organizaron clandestinamente en los módulos para registrar manuscritamente y tabular celda por celda los saldos inutilizados.

El cálculo empírico de este censo levantado por los reos arrojó de forma unánime la alarmante cifra: más de ocho millones de lempiras confiscados de facto en plásticos sobre el cual hoy en día el INP mantiene en silencio. De momento, solo acepta efectivo en los economatos.

"Nosotros mismos empezamos a hacer las cuentas módulo por módulo; calculamos que en todo el Instituto Penitenciario nos tienen atrapados unos 8 millones de lempiras en esas tarjetas que ya se hicieron los locos y no quieren validar. Para colmo, hasta las tarjetas de teléfono de 50 lempiras, que se supone que traen 10 minutos de llamada, ahora solo permiten comprarlas con dinero en efectivo en mano", indicó un privado de libertad de Támara en condición de anonimato, cuya denuncia coincide con las investigaciones publicadas por LA PRENSA Premium.

La cifra representa un aumento sustancial al dato preliminar de un millón de lempiras que quedó en el limbo de las tarjetas tras cancelar su validez.

"El verdadero problema aquí adentro son las tarjetas", reafirmó.

El interno detalló la mecánica de este despojo: "Cuando venía la visita, los custodios y los agentes les ponían trabas a nuestros familiares, les quitaban el dinero en efectivo en las aduanas y a cambio nos daban estas tarjetas verdes de toda denominación, desde 20 hasta 2,000 lempiras".

"Nos obligaban a usarlas, pero si la tarjeta era de 100 lempiras y querías algo menor, no había vuelto. Tenías que gastar el saldo completo por fuerza en lo que ellos quisieran venderte, aunque tuvieras que llevarte tres galletas a la carrera solo para ajustar la cuenta", relató.

Este esquema de consumo obligatorio se volvió una trampa sin salida tras la suspensión ordenada por las autoridades.

"Dejaron de emitir las tarjetas verdes y volvieron a exigir el efectivo, pero se negaron rotundamente a cambiarnos las tarjetas que ya teníamos cargadas", denuncia el recluso con frustración.

Las investigaciones de este medio ya habían encendido las alarmas sobre el millonario flujo de efectivo que se movía sin auditorías claras en los centros penales.

Según fuentes cercanas al caso consultadas por LA PRENSA Premium, se investiga un desfalco de unos ocho millones de lempiras en el sistema de tarjetas, hecho que provocó la separación del coronel Juan Carlos Osorto como director del penal de Támara. Osorto permanece bajo investigación del Ministerio Público y las Fuerzas Armadas.

La asfixia económica dentro de Támara no solo se mide en los ochos millones contabilizados por los reos ni la supuesta fuga de otros ocho millones, sino en la inflación carcelaria que imponen quienes controlan los economatos.

Una revisión de LA PRENSA Premium reveló que un recluso en Honduras llega a pagar hasta el doble del valor real de la Canasta Básica regulada por el Estado.

El interno detalló cómo fluctúan los cobros arbitrariamente: "Un día le bajan el precio al refresco porque se dan cuenta de que el Juzgado o los medios los están investigando por cobrar caro, pero al ratito le vuelven a subir. Me dicen que un fresco que en el supermercado de afuera cuesta 25 lempiras, aquí adentro los policías te lo venden a 30. Compras una cosa que vale 10 lempiras y al ratito ya vale 20. ¿A quién les va a reclamar?".

A esta inflación impuesta se sumó una crisis humanitaria provocada por la falta de insumos y el hambre, variables que obligan a los reos a consumir en el economato a cualquier precio.

"La comida que nos da el penal es una miseria; parece la porción para un niño de cuatro años: un poquito de arroz, una cucharada de mantequilla, un pedazo de winnie (hot dog) al mediodía y tres tortillitas", describe el testigo.

La desesperación por el hambre intramuros es el motor del negocio: "La gente aguanta tanta hambre aquí que come lo que sea, como sea, tiene que comprar pan o lo que sea en los economatos para llenarse. Se aprovecharon de nuestra necesidad extrema para quedarse con el dinero que nuestras madres y esposas ganan afuera lavando ropa".

Frente al escándalo millonario, la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium conoció que el INP planea una reestructuración profunda que incluye la implementación a corto plazo de una nueva billetera electrónica en los centros penales.

De acuerdo con la versión del INP, el sistema digital operará mediante claves personales y registros electrónicos automáticos vinculados a cuentas de bancos comerciales fondeadas por los familiares, buscando transparentar las transacciones y eliminar definitivamente el uso de efectivo dentro de los recintos.

Sin embargo, el anuncio tecnológico no trajo calma, sino una profunda desconfianza legal. Las autoridades no han aclarado si la nueva plataforma asumirá los saldos de los ocho millones de lempiras que los internos calcularon en plásticos físicos.

"Si nuestras familias entregaron dinero en efectivo en los economatos y ahora nos vienen con que el saldo digital empezará desde cero, ¿Dónde van a quedar los 8 millones de las tarjetas viejas que nosotros mismos contamos?", cuestiona el interno con desconfianza.

"Dicen que vendrá vinculada con fotos y nombres, pero si las autoridades controlan la máquina, nos van a seguir robando. Antes los reos podíamos vender nuestros propios refrescos o bolsas de agua con hielo para sobrevivir; ahora todos los negocios son exclusividad del control institucional", sostuvo el testigo.

Tampoco se sabe quiénes manejarán las plataformas de las billeteras electrónicas: el INP se ha rehusado a brindar información sobre el tema y únicamente anunció que iniciará un plan piloto en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (Pnfas).

Mientras el Ministerio Público mantiene los expedientes abiertos por presunta corrupción, el contraste en Támara es violento. En las oficinas gubernamentales se discursa sobre la vanguardia de la billetera electrónica y la digitalización carcelaria; en los pasillos de las celdas, los registros manuscritos que los delegados de los módulos guardan celosamente sobre sus saldos perdidos son el recordatorio físico de un millonario despojo perpetrado tras las rejas de las cárceles del país.