Piden auditar los economatos de Támara desde su creación

Tras el desfalco de al menos ocho millones de lempiras detectado en los economatos del Centro Penitenciario Nacional de Támara (CPNT), caso que involucra al exdirector del centro penal, el coronel Juan Carlos Osorto Castillo, su defensa solicitó una auditoría desde su creación.

La petición fue presentada mediante un escrito por la abogada Ritza Antúnez, representante legal del exjefe penitenciario, quien sostiene que una investigación objetiva requiere revisar el manejo de los economatos desde que comenzaron a operar y no limitarse a la última administración.

“Para llegar a una investigación objetiva y transparente tienen que proceder a auditar los economatos desde su origen, esto en virtud de qué históricamente (a) los directores los relevan y, en muchas ocasiones, no da oportunidad de que ellos puedan hacer un inventario en el que se establezca certeramente qué es lo que reciben y qué es lo que entregan”, expresó.

La abogada mencionó que “el coronel Osorto fue relevado de manera intempestiva, por lo que en estas circunstancias no pueden atribuirle ningún desfalco”.

Por su parte, en conversación con LA PRENSA Premium, el coronel Juan Carlos Osorto Castillo rechazó los señalamientos que lo vinculan con las irregularidades y sostuvo que corresponde a las autoridades esclarecer los hechos ocurridos durante las distintas administraciones.

Sin mencionar a quiénes se refería, declaró que "no puedo dar información, ya que serán las autoridades pertinentes que tienen que investigar, así como investigan mi gestión. He manifestado que fui director de Támara, no vendedor de tarjetas de economato. A esas personas son a las que tienen que investigar", expresó.

El coronel Osorto Castillo permanece actualmente en condición de disponibilidad mientras las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público desarrollan las investigaciones sobre el presunto desfalco.

Su gestión al frente de Támara se extendió por aproximadamente siete meses.

No obstante, cuando asumió la dirección del principal centro penitenciario del país, el sistema de tarjetas utilizado para las compras en los economatos ya estaba en funcionamiento.

Según conoció LA PRENSA Premium, el mecanismo de las tarjetas fue implementado durante la administración del coronel Karllthers Dermenegier Medina Rosales, director anterior a Osorto.

Medina fue nombrado después como director de la Escuela Técnica del Ejército.

Medina Rosales dirigió el centro penal de Támara por cerca de cuatro meses y promovió, según su versión, una serie de medidas para desmontar privilegios que mantenían algunos privados de libertad.

Posteriormente, Medina fue separado del cargo y Osorto Castillo asumió la dirección de Támara como parte de los cambios efectuados en la estructura del sistema penitenciario tras la salida del general Ramiro Muñoz del Instituto Nacional Penitenciario (INP).

De acuerdo con fuentes oficiales consultadas por este medio, el presunto desfalco en los economatos de la cárcel de Támara habría comenzado antes de la gestión de Osorto.

Una fuente del Instituto Nacional Penitenciario (INP) aseguró que las primeras anomalías se detectaron en ese período y que estas continuaron bajo la administración del coronel separado, cuando el faltante financiero siguió incrementándose.

“Osorto Castillo lo sabe, pero él continuó con el mismo modus operandi hasta que la situación ya no se pudo contener y estalló la bomba”, afirmó la fuente consultada.

La misma fuente aseguró que durante la gestión de Medina existía incluso una máquina contadora de dinero que, presuntamente, era utilizada por el entonces director tras la venta de tarjetas a familiares de privados de libertad.

Con el objetivo de conocer su versión y detallar el funcionamiento del sistema de tarjetas durante su administración, LA PRENSA Premium intentó contactar al coronel Medina mediante mensajes de WhatsApp; pero no se obtuvo respuesta.

Sin embargo, otra fuente vinculada a las Fuerzas Armadas reveló que, como parte de las investigaciones, hace unas semanas fueron citados a declarar los coroneles Kallthers Medina Rosales y Juan Carlos Osorto.

Durante sus comparecencias, Medina aseguró haber entregado más de L700 mil en efectivo a Osorto al momento del relevo en la dirección del centro penal, mientras que Osorto reaccionó molesto, le pidió testigos y negó haber recibido los fondos, según conoció LA PRENSA Premium de una fuente cercana a las investigaciones.

Como consecuencia de estos señalamientos, LA PRENSA Premium conoció que el coronel Medina Rosales habría sido separado de su cargo.

Para corroborar esta última información, este medio consultó a la oficina de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas; sin embargo, aunque inicialmente hubo respuesta a los mensajes, tras conocer la consulta no respondieron ni mensajes ni llamadas posteriores.

Las autoridades del INP presentaron la implementación de las tarjetas como un mecanismo de control dentro de los centros penales, bajo el argmento de que, al eliminar el uso de dinero en efectivo, se impediría que los privados de libertad sobornaran a militares y agentes penitenciarios.

Sin embargo, casi un año después, el sistema fracasó y desde abril pasado volvieron al uso de efectivo para comprar en los economatos.

Los economatos o comisariatos son administrados por la dirección de cada centro penitenciario, que define la cantidad de tarjetas en circulación y los límites de compra.

Hasta el momento, no se ha confirmado si existió un informe de entrega o auditoría formal entre la administración de Medina y la de Osorto Castillo.

Desde abril pasado, cuando fue destituido como director de Támara y puesto en disponibilidad el coronel Osorto Castillo, el INP envió un informe con los hallazgos a las FF AA y al Ministerio Público, quienes abrieron una investigación para determinar lo ocurrido.

La información fue confirmada luego de que este medio publicara la investigación “Fuga de L8 millones en economatos de Támara tras fallido sistema de tarjetas”.

Se conoció que se creó una comisión especial en las FF AA para darle seguimiento a la investigación, que todavía sigue su curso.

El experto en seguridad Germán Licona consideró que las investigaciones en los economatos no deben limitarse a quienes administraban las pulperías dentro de los centros penales, sino extenderse a toda la cadena de mando del sistema penitenciario.

A juicio del especialista, las autoridades que dirigían el sistema penitenciario no pueden alegar desconocimiento sobre el destino de esos fondos, ya que cada jefe de un centro penal debía reportar los ingresos generados por los economatos a sus superiores, quienes tenían la obligación de supervisar su administración y tomar decisiones ante cualquier irregularidad.

Por ello, sostuvo que la investigación debe establecer no solo la responsabilidad de los directores de los centros penitenciarios, sino también la de quienes encabezaban el sistema penitenciario y la Comisión Interventora en aquel entonces.

"Debe deducirse responsabilidad a cada uno porque ellos no solo tenían que velar por la seguridad de las personas privadas de libertad, por la gobernanza, por la recuperación de la confianza y por la administración de los haberes penitenciarios, sino también por esos economatos o pulperías que generaban algún tipo de ganancia. Ahora hay que determinar dónde fueron invertidos esos recursos, dónde fueron canalizados, porque esa es responsabilidad", expresó.

Por su parte, el excomisionado de la Policía Nacional y experto en seguridad, Leandro Osorio, cuestionó la decisión de mantener a las Fuerzas Armadas al frente de la administración penitenciaria y señaló que la gestión de los centros penales requiere personal especializado.

"La corrupción que ha existido en los centros penales no se ha terminado con el manejo de las Fuerzas Armadas. Tengo entendido que hay investigaciones dirigidas a oficiales que están administrando los centros penales del país y, si hubiera una investigación profunda, saldrían a la luz cosas inimaginables y nuevos millonarios", expuso.

También mencionó que uno de los grandes errores de las Fuerzas Armadas ha sido la falta de transparencia sobre las acciones o investigaciones que realizan "porque nadie está por encima de la ley".

"Cuando una institución asume funciones debe existir un proceso de entrega adecuado para evitar este tipo de situaciones que, posteriormente, mediante una investigación, terminan revelando malos manejos, desfalcos, abuso de autoridad y personas que se convierten en nuevos millonarios", apuntó.

Sobre el mecanismo de tarjetas de compra implementado en los centros penales como sustituto del dinero en efectivo, Osorio señaló que ninguna institución estatal debería administrar recursos vinculados directamente con privados de libertad.

"Si en alguna parte del mundo existe un sistema similar, debe estar sometido a una estricta fiscalización, pero nunca administrado por miembros de las Fuerzas Armadas, porque esa no es su función", señaló.