Sin transparencia en el manejo de fondos de los economatos de las cárceles

Las dudas sobre el destino de los fondos generados por los economatos penitenciarios continúan creciendo tras la investigación "Fuga de L8 millones en economatos de Támara", publicada por la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium.

Este medio se reunió con varias autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP), entre ellos el gerente administrativo del INP, Alberto Lozano; Edwin Gáleas, subdirector de la institución y Omar Alberto Ramos, inspector general.

El INP autorizó economatos o comisariatos en los centros penales de "El Pozo" en Santa Bárbara; "La Tolva" en Morocelí, El Paraíso; la cárcel de Siria, en El Porvenir, Francisco Morazán; la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) y Támara.

En la entrevista, los funcionarios aseguraron que los recursos obtenidos a través de los economatos eran utilizados para la ejecución de obras dentro de los centros penales, actividades dirigidas a la población penitenciaria y apoyo a privados de libertad que no reciben ayuda económica de sus familiares.

Sin embargo, persisten cuestionamientos sobre la administración de esos fondos, pues no existe información pública que permita conocer con precisión cómo eran utilizados ni en qué se invertían los recursos más allá del abastecimiento de los economatos.

La única referencia disponible se encuentra en el sitio oficial del INP, donde se menciona una obra ejecutada con recursos de los economatos, pero sin detallar montos, partidas ni mecanismos de auditoría.

LA PRENSA Premium solicitó a través de Transparencia información sobre el manejo de los economatos, pero solicitaron prórroga de 10 días, basados en la Ley.

Fuera de la versión oficial, familiares de privados de libertad y personas vinculadas al sistema penitenciario cuestionan la falta de transparencia que durante varios meses rodeó el manejo de los recursos provenientes de los economatos.

Además, revelaron a este medio que todavía hay internos que tienen en su poder tarjetas y que no han podido cambiarlas, debido a que ya se modificó este modelo a dinero en efectivo, por lo que se desconoce qué pasará con ellos.

"Bueno mi pariente no sabe qué hacer con su tarjeta, me dice que él y otros compañeros ya días la tienen y no se la han cambiado porque no hay dinero pues, entonces prácticamente ese dinero está perdido o qué, no nos dicen nada", mencionó.

También denunciaron que, mediante el uso de las tarjetas, no se entregaba el monto completo a los familiares de los privados de libertad, ya que en algunos casos se retenían alrededor de 50 lempiras por transacción, lo que era percibido como una comisión no justificada.

"¿Quién audita esos fondos? ¿Dónde saben que se utilizan?", cuestionó una fuente conocedora del funcionamiento del sistema penitenciario, quien además aseguró que muchas de las obras ejecutadas en los centros penales fueron financiadas mediante recursos provenientes de licitaciones y presupuestos institucionales, no necesariamente con dinero generado por los economatos.

El pasado 17 de noviembre de 2025, el INP informó, sin dar montos, sobre el cambio completo del sistema de refrigeración del segundo cuarto frío de la cocina en "La Tolva".

Además, en la reunión con este medio se habló de otras obras realizadas en varios centros penales, aunque sin documentación que lo avale.

LA PRENSA Premium buscó información sobre obras concretadas en Támara, pero no había registros. Lo mismo pasó en otros centros penales del país.

Durante una entrevista con este medio, autoridades del INP admitieron irregularidades en el manejo de los economatos durante la gestión del coronel Juan Carlos Osorto Castillo, quien fue director de Támara durante aproximadamente ocho meses.

Aunque evitaron precisar el monto exacto del posible perjuicio económico, señalaron que "la cifra del desfalco puede ser superior o inferior a los ocho millones de lempiras que ustedes mencionan, todavía no se sabe la cifra exacta que falta".

Lo que sí reconocieron es que se trata de "una suma millonaria" cuya cuantificación definitiva corresponderá a los entes de investigación.

Detallaron que los privados de libertad podían recibir hasta 1,500 lempiras en sus tarjetas para efectuar compras, aunque varios reclusos recibían cantidades menores o no recibían fondos.

De acuerdo con cifras oficiales hasta mayo de 2026, el centro penal de Támara alberga a 5,699 privados de libertad.

Si se toma como referencia que la mitad de ellos, unos 2,849 privados de libertad de Támara recibieran 500 lempiras semanales para realizar compras en los economatos, el monto movilizado alcanzaría aproximadamente 1.4 millones de lempiras por semana.

En tan solo un mes, esa cifra superaría los 5.6 millones de lempiras, lo que permite dimensionar el volumen de recursos que circulaba a través de este sistema.

Sin embargo, el monto real podría ser considerablemente mayor, ya que se desconoce desde cuándo habrían comenzado las irregularidades detectadas en el manejo de los economatos y cuánto dinero pudo haber sido administrado sin los controles adecuados.

Según explicaron en el INP, el desfalco millonario se destapó luego de grandes deudas a proveedores de alimentos, bebidas, carnes y lácteos en los economatos, por lo que iniciaron la investigación a nivel interno y posteriormente la remitieron a las autoridades en mención.

"El monto máximo permitido era administrado por cada director de centro penal, pero lo que pasó en Támara es que comenzaron a circular tarjetas de más", confirmaron.

El INP aseguró que recibió las primeras denuncias de parte de privados de libertad, quienes alertaron sobre anomalías en el funcionamiento de los economatos.

A partir de esas denuncias se abrió una investigación hace aproximadamente un mes, que posteriormente fue remitida al Ministerio Público y a las Fuerzas Armadas.

Hace dos semanas, las Fuerzas Armadas conformaron una comisión integrada por altos mandos para revisar lo ocurrido y establecer posibles responsabilidades administrativas relacionadas con el manejo de los fondos.

Según informó el coronel Héctor Fajardo, director de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas, el coronel Osorto Castillo se encuentra en condición de “disponibilidad”, lo que implica que actualmente no ocupa ningún cargo ni función asignada dentro de la institución, y permanece a la espera de que concluyan las investigaciones relacionadas con el caso.

"Hay un informe que envía el INP y las FF AA ya tiene establecido en sus leyes una junta investigadora administrativa, ya tiene su propio reglamento y ya sea por denuncia o por oficio, la institución actúa de inmediato. Si tiene que ver con la moral o honor militar y si la investigación arroja resultados fuera de lo que es la investigación administrativa entonces se pasa a a instancia siguiente", señaló.

Mientras el Ministerio Público inicia con las investigaciones, las autoridades penitenciarias reconocieron que existe preocupación por las repercusiones que el caso podría generar dentro de los centros penales, donde temen que el malestar de la población privada de libertad pueda derivar en conflictos o reyertas.