En abril de 2012, la CIDH condenó al Estado por la muerte de 107 reclusos a causa de un incendio en la celda 19 del desaparecido presidio de San Pedro Sula.
Cuando Fusina tomó el control del INP hubo una reconversión para habilitar la cárcel y quedaron aprobados fondos en un decreto de 2021, según ejecutores de la obra.
Entre los años 2017 y 2021, las cárceles de La Tolva, Támara y El Pozo fueron el mayor dolor de cabeza para los militares mientras administraban el sistema penitenciario.
Con los dos proyectos que se trabajan con apoyo de la comisión de asuntos constitucionales del Congreso pretenden otorgar beneficios a privados de libertad.
