Militares retomaron control parcial en cárceles, pero transición sigue lejana
La situación en las cárceles muestra estabilidad, pero expertos advierten que sin reformas clave y una transición efectiva al INP, los avances podrían ser efímeros
- 10 de agosto de 2025 a las 23:30 /
Tuvo que correr la sangre. Tuvieron que arder cuerpos. Tuvieron que morir 46 mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (Pnfas), en Támara. Solo entonces —cuando el horror fue demasiado escandaloso para ser ignorado— el Gobierno ordenó el traspaso del control penitenciario de la Policía Nacional a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en julio de 2023.
Es la segunda ocasión en que asumen el mando, luego de un primer intento fallido. Después de esa vez, el control pasó a la Policía Nacional y, más tarde, a una comisión encabezada en 2023 por la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva. Ahora, la responsabilidad recae en la Policía Militar.
En sus primeras acciones, los militares impusieron medidas estrictas, aunque sin incluir programas de rehabilitación, según constató LA PRENSA Premium en una entrevista exclusiva con el general Ramiro Muñoz, excomisionado presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
Estas políticas derivaron en denuncias por violaciones a los derechos humanos, que solo en 2023 sumaron más de 165 denuncias ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). No obstante, tras la presión pública, se puso en marcha el programa de Rehabilitación, Reeducación y Reinserción (3R) para las personas privadas de libertad.
Poco después, los decomisos realizados durante solicitudes, traslados y capturas de personas que intentaban introducir artículos prohibidos en los centros penales comenzaron a dar resultados.
Sin embargo, las medidas de seguridad aplicadas por los militares en las cárceles han recibido fuertes cuestionamientos de diversos sectores, que las consideran una copia del régimen carcelario impuesto en El Salvador.
A esto se añade que muchas de las 14 acciones anunciadas en la tercera fase del 'Plan Solución contra el Crimen', relacionadas con los centros penales, ya están previstas en la legislación vigente; otras no se han cumplido y apena una se han concretado, constató este medio.
En julio pasado, Muñoz fue removido de su cargo por órdenes superiores y sustituido por el general de brigada José Miguel Mejía Medina, designado como nuevo director del INP. En El Heraldo reseñó que la salida de Muñoz se podría haber originado por una pelea de poder con Roosevelt Hernández, jefe de las Fuerzas Armadas.
A casi un mes de la decisión, el silencio ha prevalecido en la institución, por lo que se desconoce si se están gestando nuevas estrategias para los centros penales o si continuará la línea trazada por la administración anterior.
Este medio solicitó, a través de la oficina de relaciones públicas del INP, una entrevista con Mejía para conocer su visión sobre el sistema penitenciario, pero, aunque al principio se comprometieron a gestionarla, no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.
Avances
L212
millones en aparatos
fueron decomisados en el primer año de gestión de los militares
LA PRENSA Premium examinó el estado actual del sistema penitenciario, los efectos de la intervención militar y los cambios estructurales registrados, a cuatro meses de que concluya su vigencia bajo el decreto PCM 41-2024, prorrogado de manera continua desde hace dos años.
La intervención militar comenzó con una estricta requisa en julio de 2023, bajo la operación "Fe y Esperanza" en las cárceles, donde se decomisaron armas de grueso calibre, drogas, municiones y dispositivos electrónicos prohibidos, con un valor superior a los 212 millones de lempiras.
Por otro lado, los militares incluyeron el apartado de sobrepoblación carcelaria desde noviembre de 2023. Ese mes se contabilizaron 18,836 privados de libertad, con un excedente de 3,567 internos por encima de la capacidad instalada.
En junio de 2025, la cifra total subió a 19,188 internos distribuidos en los 26 centros penales del país, con una sobrepoblación de 2,412.
Este descenso en la sobrepoblación ha sido posible, en parte, gracias a las medidas implementadas por la Policía Militar y la mesa técnica de desinternamiento, que han promovido la liberación de reclusos que ya cumplieron su condena o cumplen con los requisitos para la preliberación.
En junio de 2024, casi un año después de que el Gobierno trasladara el control de las cárceles a los militares, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), anunció 14 medidas radicales como parte de la tercera fase del "Plan solución contra el crimen" (implementado en marzo de 2023 para hacerle frente a la extorsión), donde incluyó medidas que incluían a los centros penitenciarios -de donde según reportes salían llamadas para extorsionar-.
Este medio verificó que, de las 14 medidas anunciadas, solo una se ha cumplido plenamente; varias ya estaban contempladas dentro de las responsabilidades existentes, otras no se implementaron y un par resultaron inviables.
La cumplida es la reforma al Acuerdo No. 01-2016 del Directorio del Banco Central de Honduras (BCH) —Reglamento para los Servicios de Pago y Transferencia Utilizando Dinero Electrónico— con el objetivo de controlar transacciones atípicas vinculadas a delitos como la extorsión (desde de los centros penales) y el secuestro, que suelen utilizar billeteras electrónicas.
“La disposición regulatoria de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) instruía a los proveedores de dinero electrónico verificar plenamente la identidad de los usuarios, circunstancia que se facilitaba en mayor medida en aquellas billeteras electrónicas que estaban siendo gestionadas desde teléfonos celulares inteligentes o mediante la plataforma web dado la diversidad de herramientas tecnológicas que facilitan por el canal digital la verificación del Documento Nacional de Identidad o a través de la implementación del doble factor de autenticación biométrico”, se destaca en el documento “Reporte de inclusión financiero 2024”, de la CNBS.
El Artículo 26 del Reglamento para los Servicios de Pago y Transferencia Utilizando Dinero Electrónico establece las reglas para el uso de la billetera electrónica en Honduras.
Entre sus disposiciones, señala que solo pueden activarla personas naturales mayores de 18 años o empresas autorizadas para operar en el país, y que cada usuario solo podrá tener una billetera dentro del mismo proveedor.
Para su activación, deben implementarse mecanismos presenciales o digitales de verificación de identidad, como cotejo de datos con el Registro Nacional de las Personas, reconocimiento facial, huella digital o videoconferencia.
El reglamento prohíbe exigir un saldo mínimo, limita el valor monetario a la moneda nacional y establece topes máximos tanto para el saldo como para las transacciones mensuales, definidos por resolución del Directorio del BCH. También aclara que la billetera no tendrá cargos por inactividad y podrá vincularse a una credencial de pago.
Clasificación
31
de diciembre 2025
es la fecha en que termina la intervención militar
Otra de las medidas anunciadas fue la clasificación de las personas privadas de libertad, según su nivel de peligrosidad. De acuerdo con cifras oficiales, durante una fase de reordenamiento carcelario se trasladaron aproximadamente 6,000 internos.
Como parte del reordenamiento, las fuerzas militares implementaron una clasificación de las maras y pandillas para prevenir disturbios. Así, los miembros de la MS-13 fueron reubicados en la cárcel ‘La Tolva’ de Morocelí, El Paraíso, mientras que los integrantes de la Pandilla Barrio 18 fueron trasladados a ‘El Pozo’ en Ilama, Santa Bárbara.
Poco después del horror en la Pnfas, trascendió el rumor sobre una posible masacre como represalia de mujeres integrantes de la Mara Salvatrucha contra las de la Pandilla Barrio 18. Para evitar una crisis mayor, un grupo de pandilleras de la MS-13 fue trasladado a Morocelí, en El Paraíso, informó una fuente ligada al INP.
Posteriormente, se reportaron nuevos traslados de mujeres hacia centros de máxima seguridad, como parte de una reestructuración anunciada por las autoridades.
Estos masivos traslados permitieron el cierre de los centros penales de La Ceiba, Puerto Cortés, La Esperanza, Intibucá, y Trujillo.
Por otro lado, durante la administración de Muñoz también se inició un proceso de separación entre privados de libertad procesados y condenados dentro de los centros penales, una acción que especialistas consideran urgente y necesaria desde hace años para mejorar la seguridad y la gestión penitenciaria.
La Ley del Sistema Penitenciario Nacional (Sipena) ya establece en su artículo 26 que en los centros penales deben mantenerse separados a distintos grupos de personas privadas de libertad, como procesados, sentenciados, enfermos mentales, sordomudos, ciegos, farmacodependientes y otros.
"Una vez realizado el estudio técnico-criminológico y la correspondiente clasificación de la persona sujeta a privación de libertad, de acuerdo con esta ley y sus reglamentos, se le ubicará de acuerdo a su clasificación", dice el artículo 27.
Aunque esta clasificación aún no se ha completado, LA PRENSA Premium tuvo acceso de manera exclusiva al plan de ordenamiento que la Policía Militar contempla para implementar esta separación en los próximos meses.
Según el documento, los condenados se reubicarán en siete centros penales, mientras que los procesados estarán recluidos en ocho reclusorios. En los restantes cuatro recintos carcelarios estarán de ambas clasificaciones.
El documento subraya que todos los centros penales contarán a partir de ahora con espacios específicos para mujeres privadas de libertad. "Se han considerado aspectos de seguridad, peligrosidad, condición jurídica, genero, arraigo familiar, arraigo étnico, grupos vulnerables (tercera edad, LGTB+, años de penas, tipos de delitos, etc.", indica.
Hasta junio de 2025, se registran 9,641 son hombres condenados y 469 mujeres condenadas; además, hay 8,315 hombres procesados y 627 mujeres procesadas. En cuanto a los extranjeros, 48 hombres han sido condenados, cuatro mujeres condenadas y 84 hombres están procesados en los 26 centros penales del país.
Incumplidas
En las medidas radicales anunciadas por el Gobierno para enfrentar la extorsión, se habla sobre la creación de un Centro de Reclusión de Emergencia (CRE), en la región remota entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, limítrofes con Nicaragua, el cual albergaría 2,000 privados de libertad de alta peligrosidad.
Sin embargo, hasta el momento, solo se han realizado visitas por parte de la exministra de la CNDS y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, a la zona donde se planea construir, donde al menos quince organizaciones del pueblo misquito se oponen por estar en riesgo la Biósfera del Río Plátano y porque aumentará la delincuencia.
Igualmente, expertos consultados por este medio dijeron desde antes que se trataba de una medida populista poco probable de realizarse y ahora menos, con el poco tiempo restante de Gobierno (cuatro meses).
Asimismo, durante el transcurso de su administración, el Gobierno otorgó a las fuerzas militares la responsabilidad de reclutar, entrenar y preparar a un contingente de al menos 2,000 nuevos custodios para los centros penitenciarios, tal como lo exige la ley del INP.
Esta medida se realizó para que al momento de la transición de las fuerzas militares al INP, este último estuviese capacitado y reforzado con agentes penitenciarios formados para atender el recinto.
Sin embargo, según los registros hasta enero de 2024, se había completado la formación de 1,026 agentes penitenciarios y desde entonces, no hay registros los 974 agentes pendientes de formar.
Otra medida que no prosperó fue la construcción de una cárcel en las Islas del Cisne, luego del fracaso de tres procesos de licitación y la conclusión de que el proyecto no era viable, por lo que fue descartado en esta fase del plan penitenciario.
Entre las medidas anunciadas, que involucran a los centros penales, destaca también la propuesta de aprobar una ley para el control estricto de la venta de tarjetas SIM, chips o eSIM, así como para el bloqueo de las comunicaciones dentro de los centros penales.
No obstante, esta y otras leyes incluidas en el paquete aún no han sido aprobadas por el Congreso Nacional.
Este mecanismo obliga a las empresas telefónicas, cuando venden un chip, a escanear la identidad del comprador y tomar una fotografía de su rostro. Sin embargo, el registro biométrico se detuvo temporalmente debido a las suspicacias que levantó este proceso en un contexto electoral, por lo que se continuará una vez concluyan las elecciones.
Transición
Expertos en seguridad y criminología coinciden en que las fuerzas militares lograron avances importantes para controlar la crisis en los centros penales, pero alertan que la transición hacia el Instituto Nacional Penitenciario debe ser ya una prioridad, antes de que termine la actual administración, tal como establece la ley.
"El INP ya debería haber preparado a quiénes se van a encargar de las direcciones, los especialistas deben también estar ya capacitados y por su puesto los agentes penitenciarios, para garantizar una permanencia y un proceso continuo de capacitación y experiencia", advirtió Luis Maldonado, coronel en condición de retiro.
Maldonado insistió en que cumplidos esos requisitos debe iniciarse una transición híbrida o compartida, pero aclaró que la permanencia de las Fuerzas Armadas en las cárceles no puede prolongarse más, ya que desgasta a la institución. "Si bien es cierto, es una operación importante a la seguridad interior del Estado, pero la separa de la función principal de las FF AA que es la defensa", expresó.
Sobre si Honduras intentó igualar las medidas carcelarias de El Salvador, Maldonado cree que hubo un intento poco planificado y sin visión estratégica, especialmente en proyectos como las cárceles en Islas del Cisne y La Mosquitia, donde la falta de socialización y la oposición local frenaron su desarrollo.
“Estas zonas alejadas son procedentes, convenientes -para albergar internos de alta peligrosidad-, porque genera aislamiento con espacios para rehabilitación, pero hacía falta un diseño estratégico no impositivo”, señaló.
Por su parte, Nelson Castañeda, experto en seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), apuntó que no hay señales claras de que el INP esté listo para asumir el control y lamentó la ausencia de un plan de transición concreto.
"No creo que se haga en esta administración —la transición—, pero yo diría que hay que instar más bien a los candidatos presidenciales, que dentro de su plan de gobierno vaya el enfoque de cómo van a fortalecer el INP y todos estos centros que siguen mostrando altas debilidades, altos desastres", expresó.
El criminólogo Gonzalo Sánchez ponderó que el modelo militar implantado tiene un 40% de similitudes con el salvadoreño, pero reconoció que ha sido efectivo para recuperar la gobernabilidad
"Las autoridades penitenciarias entendieron que solo a través de la supervisión, el orden y evitar la corrupción podían frenar esos serios problemas que existen al interior de los centros penitenciarios. Yo siempre dije, si le vuelven a dar el control a los militares, tienen el reto de no volver a fracasar", expresó.
Sánchez enfatizó que la nueva comisión interventora tiene el desafío de mantener o superar la estructura dejada por Muñoz, con especial atención al control de las visitas, el principal punto débil por donde siguen ingresando objetos y sustancias ilícitas a los penales.
Una vez que finalice el estado de emergencia bajo control militar y se inicie el proceso de transición hacia el INP, la dirección del sistema recaerá nuevamente en un civil, quien será designado como titular de la institución.
