El general Ramiro Fernando Muñoz Bonilla, confirmó públicamente este martes la destitución de su cargo como titular de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), luego de la solicitud de renuncia que le hizo la presidenta Xiomara Castro.
“Quien a usted lo coloca en un cargo, lo separa cuando es conveniente”, afirmó el general, y dio a conocer que su salida obedeció estrictamente a una orden de la presidenta Xiomara Castro. Recordó que había sido nombrado por un año, aunque a la fecha llevaba dos años al frente del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
“En el control del sistema penitenciario, yo estoy seguro que como nunca antes en la historia se ha logrado desarticular el crimen organizado que ha operado durante años”, declaró.
Agradeció además el respaldo recibido durante su gestión:
“Gracias al apoyo de la presidenta, Xiomara Castro y al general Roosevelt Hernández”.
Informó que las Fuerzas Armadas continúan a cargo del sistema y aseguró que ya ha sido nombrado su sucesor.
“Se ha nombrado un oficial altamente profesional, mil veces mejor que su servidor. El sistema penitenciario no es algo político, es algo de seguridad nacional”, afirmó.
José Miguel Mejía Medina fue nombrado como sucesor. El general Muñoz afirmó que Mejía fue su formador en la institución castrense y lo describió como un hombre de rectitud, valentía y capacidad.
La gestión del general Ramiro Muñoz
El general Muñoz exponía su postura crítica hacia algunas decisiones del alto mando militar lo que habría generado tensiones internas.
Ramiro Muñoz fue designado como coordinador de la Comisión Interventora del INP en junio de 2023, en medio de una profunda crisis carcelaria tras el motín en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), donde murieron 46 mujeres privadas de libertad.
En esa designación Muñoz fue relegado de forma verbal del cargo de comandante de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), y por órdenes del general Roosevelt quedó a cargo únicamente el INP.
Desde entonces, Muñoz lideró una serie de intervenciones en centros penales y respaldó operativos conjuntos con fuerzas especiales.
Bajo su gestión se promovieron traslados de reclusos, requisas y reordenamientos en distintas cárceles del país. Sin embargo, también enfrentó cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos por presuntos abusos cometidos en el marco de dichas operaciones, especialmente en El Pozo y La Tolva.
