Fuerzas Armadas confirman investigación por el desfalco de L8 millones en Támara

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FAH) mantienen una investigación interna por un desfalco que ascendería los ocho millones de lempiras en el sistema de economatos del centro penal de Támara.

Así lo confirmaron este lunes tras la denuncia que publicó la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium, donde se expuso el caso que involucra al exdirector del centro penitenciario, el coronel de infantería Juan Carlos Osorto Castillo.

En conversación con este equipo de investigación, el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), el general Walter Lacayo, confirmó que el expediente relacionado con el caso ya está en conocimiento del Ministerio Público a través de la unidad fiscal que da acompañamiento a la institución.

“Es un caso que por medio de la Unidad Fiscal que nos apoya ya está en conocimiento y poder de la Fiscalía”, declaró.

Por su parte, el capitán Mario Rivera, portavoz de las Fuerzas Armadas, informó que la investigación se encuentra en curso bajo la Inspectoría General de la institución castrense.

“El caso está en investigación por parte de la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas”, indicó, al tiempo que agregó que el oficial señalado fue suspendido de su cargo como director del centro penal de Támara y puesto a disposición de la Dirección de Recursos Humanos de las Fuerzas Armadas, tal como lo informó este rotativo.

Rivera reiteró que todo se desarrolla bajo el debido procedimiento administrativo, respetando la presunción de inocencia hasta que concluyan las investigaciones.

Sin embargo, no aclaró si el coronel Osorto Castillo continúa activo en la institución castrense.

LA PRENSA Premium ya había consultado al general Lacayo y a Rivera sobre este caso; sin embargo, ninguno de los dos había accedido a brindar información. No fue sino hasta la publicación del reportaje "Fuga de L8 millones en economatos de Támara tras fallido sistema de tarjetas" que ambos decidieron confirmar lo revelado por este equipo periodístico.

Este medio, además, había consultado al Instituto Nacional Penitenciario (INP) sobre la suspensión de Osorto Castillo y se limitaron a decir que eran “cambios normales en cada administración”.

De acuerdo con información obtenida por LA PRENSA Premium a través de fuentes vinculadas a la investigación, el millonario desfalco comenzó a detectarse en abril pasado, cuando los economatos registraban una circulación inusual de tarjetas sin el correspondiente respaldo en efectivo.

Según las fuentes, el entonces director del centro penal habría ordenado la impresión de tarjetas adicionales a las autorizadas oficialmente, las cuales presuntamente eran vendidas a familiares de privados de libertad, generando ingresos no reportados.

“Fue Osorto el que ordenó imprimir tarjetas adicionales a las autorizadas oficialmente. La gente llegaba a comprar tarjetas para sus familiares y él les vendía las que había mandado a imprimir, no las autorizadas, para quedarse con el dinero”, explicó una de las fuentes consultadas.

La situación quedó en evidencia cuando se intentó convertir en efectivo los fondos que respaldaban las tarjetas utilizadas en el economato para la compra de mercadería, momento en el que no se encontraron los recursos correspondientes.

De acuerdo con otra fuente oficial, parte del dinero habría sido retirado previamente del centro penitenciario, lo que generó el desfase financiero.