Fuga de L8 millones en economatos de Támara tras fallido sistema de tarjetas

La implementación de tarjetas para las compras en los economatos o comisariatos, las pequeñas pulperías que operan dentro de los centros penales, fue presentada como una apuesta por la transparencia en la cárcel de Támara. Sin embargo, el sistema terminó envuelto en un nuevo caso de corrupción dentro del sistema penitenciario hondureño.

LA PRENSA Premium conoció de manera exclusiva que el exdirector del Centro Penitenciario Nacional de Támara (CPNT), el coronel Juan Carlos Osorto Castillo, fue suspendido de su cargo por un presunto desfalco de ocho millones de lempiras relacionado con el manejo irregular de los economatos del principal presidio del país.

En mayo de 2025, las autoridades penitenciarias pusieron en marcha el mecanismo de compras dentro de Támara que consistía en eliminar completamente el dinero en efectivo y reemplazarlo por tarjetas con montos específicos autorizadas por la administración del penal.

Las tarjetas, que incluían firma y sello oficial de la dirección del centro penal, tenían denominaciones de 20, 100, 200 y 500 lempiras y podían ser adquiridas únicamente por familiares de los privados de libertad.

Con ellas, los reclusos podían comprar alimentos, artículos de higiene personal, bebidas, snacks y otros insumos permitidos dentro del recinto.

El objetivo oficial era cerrar espacios al contrabando de dinero, la extorsión y posibles redes de corrupción vinculadas al manejo de efectivo, según dijeron las propias autoridades. Sin embargo, menos de un año después, el proyecto colapsó.

"Esta iniciativa forma parte de un plan integral de reforma penitenciaria y que ya se aplica en los Centros Penitenciarios de Ilama, Siria, Morocelí y PNFAS, el mismo será replicado progresivamente en otros centros a nivel nacional", afirmó el Instituto Nacional Penitenciario (INP) en sus redes sociales.

De acuerdo con información obtenida por LA PRENSA Premium a través de fuentes vinculadas a la investigación, el millonario faltante comenzó a detectarse en abril pasado, cuando los economatos reportaban grandes cantidades de tarjetas circulando, pero sin respaldo en dinero en efectivo.

"Fue Osorto el que ordenó imprimir tarjetas adicionales a las autorizadas oficialmente, la gente llegaba a comprar tarjetas para sus familiares y Osorto le vendía las tarjetas que él había impreso, no de las autorizadas, para quedarse con el dinero", explicó la fuente ligada al caso.

La situación quedó al descubierto cuando se intentó convertir en efectivo los fondos que respaldaban las tarjetas utilizadas en el economato para adquirir nueva mercadería.

Según varias fuentes oficiales consultadas por este medio, el dinero no estaba disponible porque habría sido retirado por el entonces director del centro penitenciario.

“Lo otro que también ocurría es que los familiares le compraban una tarjeta quizá de 200 lempiras para el interno, pero lo que le entregaban los militares era una de 100, nunca se los daban completos porque se quedaban con una especie de comisión”, agregó la fuente.

Al destaparse el caso, las autoridades de las Fuerzas Armadas decidieron suspender a Osorto y este equipo conoció que se inició una investigación a lo interno para conocer a detalles lo ocurrido, aunque esta información no ha sido pública porque el caso ha sido manejado bajo un completo hermetismo.

El artículo 90 de la Ley del Sistema Penitenciario permite explícitamente los comisariatos o economatos propios para que "la población interna adquiera a precios favorables productos para satisfacer sus necesidades básicas". No obstante, también menciona que "estarán sujetos a la fiscalización de la Auditoria Interna del Instituto".

Este equipo le consultó a la oficina de Relaciones Públicas del Instituto Nacional Penitenciario (INP) sobre los motivos de la suspensión de Osorto Castillo, a lo que respondieron que formaban parte de “cambios normales en cada administración”.

Asimismo, se consultó a la oficina de relaciones públicas de las Fuerzas Armadas, pero dijeron desconocer dónde estaba asignado Osorto Castillo. Incluso, este equipo contactó al general Walter Lacayo, director del INP, pero dijo no poder dar entrevistas “por temas de seguridad”.

De igual forma, se consultó al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y al Ministerio Público (MP) sobre la existencia de investigaciones relacionadas con el caso, pero ambas instituciones indicaron que no han iniciado diligencias, ya que hasta el momento no les ha sido remitido ningún informe oficial al respecto.

El nombramiento de Osorto Castillo como director de Támara surgió luego de la destitución del coronel Kalter Medina, en el marco de una serie de movimientos en la cúpula del sistema penitenciario tras la salida del general Ramiro Muñoz del INP.

Los cambios se dieron bajo la conducción del general de brigada José Miguel Mejía Medina, quien inició una revisión interna de la estructura heredada.

Ahora, en sustitución de Osorto, fue nombrado el teniente coronel Williams García, exdirector del centro penal de Danlí y quien anteriormente fungió como jefe de Máxima Seguridad en Támara. Este medio también lo busco, pero no se obtuvo respuesta.

Hasta ahora, el INP no ha detallado públicamente si existían mecanismos externos de verificación sobre la cantidad de tarjetas emitidas, los ingresos generados diariamente o las conciliaciones contables del economato.

Tampoco se ha informado el motivo de la suspensión de Osorto Castillo, el motivo del cambio de tarjetas a efectivo y mucho menos si el caso será remitido al Ministerio Público para deducir responsabilidades penales.

Fuentes cercanas aseguraron a LA PRENSA Premium que Osorto Castillo reconoció el faltante millonario, pidió intervención para su reintegro y se comprometió a devolver el dinero faltante en un plazo de dos meses.

Sin embargo, este medio conoció que esta semana le estarían dando de baja a Osorto Castillo en las Fuerzas Armadas y, posteriormente, se estaría enviando el requerimiento al Ministerio Público por la fiscal adjunta del INP.

El impacto del caso obligó a las autoridades penitenciarias a suspender el sistema de tarjetas en abril de 2026 y regresar nuevamente al uso de dinero en efectivo dentro del penal sin explicación alguna.