A 920 años de prisión fue condenada cada una de las 15 mujeres privadas de libertad halladas culpables de participar en la muerte de 46 internas en el Centro Femenino de Adaptación Social, conocido como PNFAS, informó el Poder Judicial.
La sentencia fue emitida por la Sala II del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, que determinó la responsabilidad penal de las acusadas como coautoras de los crímenes.
Las condenadas son Claudia María Lemus Aceituno, Cherry Darling Guevara, Karen Lorena Ávila Pavón, Susana Godoy Leiva, Lesbia Ondina Rodríguez Orellana, Heidy Jacqueline Palma Rivera, Kenia Patricia Salinas Rivera, Francis Margarita Chavarría Ávila, María del Carmen Contreras Castillo.
También Any Dayann Barahona Mejía, Leyla Rosmery Figueroa Pavón, Lourdes Eloísa Barrientos Turcios, Rosa Bertha Marroquín Almendárez, María Cristina Cálix Salinas y Dania Jakeline Maradiaga Flores.
De acuerdo con la resolución judicial, a cada una se le impusieron 20 años de prisión por cada uno de los 46 delitos de asesinato, lo que suma una condena de 920 años, bajo la figura de concurso real de delitos.
Además, el tribunal las declaró culpables por cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa inacabada, en perjuicio de cuatro víctimas sobrevivientes, por los que recibieron una pena adicional de 13 años y cuatro meses de prisión.
A esas condenas se suman otros delitos: asociación para delinquir, con seis años de prisión; incendio cualificado, con 15 años; porte de arma de fuego de uso comercial, con un año de prisión más un año de localización permanente, y porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido, con cuatro años de cárcel.
Según las investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), los hechos ocurrieron en horas de la mañana dentro del centro penal, como resultado de una acción previamente planificada por un grupo de internas.
De acuerdo al Ministerio Público, las acusadas habrían sometido inicialmente a agentes penitenciarias con armas de fuego y objetos contundentes, y las despojaron del control de los módulos para facilitar el acceso a otras áreas del recinto.
Posteriormente, de forma coordinada, ingresaron a los módulos donde se encontraban internas de un grupo rival, forzaron accesos y deshabilitaron el sistema de videovigilancia.
Durante el ataque se registraron disparos con armas de fuego y un incendio provocado en uno de los módulos, lo que dejó como resultado la muerte de decenas de privadas de libertad y varias mujeres heridas.
De acuerdo con las investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), los hechos fueron resultado de una acción previamente planificada por un grupo de internas vinculadas a la Pandilla 18.
Las acusadas habrían sometido inicialmente a agentes penitenciarias utilizando armas de fuego y objetos contundentes, despojándolas del control de los módulos para luego facilitar el acceso a otras áreas del recinto.
Posteriormente, de manera coordinada, ingresaron a los módulos donde se encontraban internas de un grupo rival, forzaron accesos y deshabilitaron el sistema de videovigilancia.
Durante el ataque se registraron disparos con armas de fuego y un incendio provocado en uno de los módulos, lo que dejó como resultado la muerte de 46 mujeres privadas de libertad y varias heridas.
En esta misma causa también figura Arleny Sarahi Guerra Portillo, cuyo juicio oral y público fue programado para desarrollarse del 26 al 30 de mayo de 2025, según informó el Ministerio Público.
La masacre en el PNFAS es considerada una de las peores tragedias ocurridas dentro del sistema penitenciario hondureño y evidenció el nivel de control que estructuras criminales ejercían dentro de los centros penales del país.
