Grandes ciudades, frágiles ante los sismos: "Serían daños significativos"

En las montañas de Las Lajas, Comayagua, los pobladores cuentan que sus casas quedaron dañadas con los sismos reportados en 2023, pero el mayor problema se concentró en la urbe.

El alcalde de ese municipio, Manuel Urbina, dijo a LA PRENSA Premium que en el barrio El Centro se hundieron unos 3 kilómetros de tierra, mientras que en otras zonas quedaron cuevas o las “quebradas que corre agua en el invierno se hunden, se hace perdedizo el agua ahí debido a los movimientos que hay debajo de la tierra”.

Mario Valdez, jefe de la Unidad de Sismología del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), advirtió que esto ocurre con el movimiento de las placas tectónicas, que liberan energía y ocasionan sismos, que pueden ser de magnitud leve, moderada, o destructivos. Los últimos dos son los que pueden causar daños y, lamentablemente, hasta pérdidas humanas, aunque existe mayor riesgo en las grandes ciudades.

“Donde habría más impacto serían las zonas urbanas, porque es donde hay más población, hay más infraestructura, hay más construcción, y estos son daños bastante grandes, significativos”, argumentó Gizzele Sánchez, especialista en gestión interna de riesgos y ordenamiento territorial, al ser consultada sobre si la infraestructura de Honduras está preparada para sismos con magnitud superior a 5 —considerados bastante fuertes o destructivos— en la escala de Richter.

La misma opinión tuvo el arquitecto y especialista en ingeniería de estructuras, Jorge Polanco, quien añadió que “muchas edificaciones fueron construidas antes de que existieran criterios sismorresistentes o sin cumplir adecuadamente las normas, lo que incrementa el riesgo de daños y pérdidas”.

En Honduras y cerca de las fronteras terrestres y marítimas se han reportado más de 1,600 sismos desde 2023 hasta el 2 de julio de 2026. 9 de cada 10 reportaron una magnitud entre 1.0 y 3.9 en la escala Richter, considerados de impacto débil y leve. También hubo 17 cuya magnitud es considerada bastante fuerte o destructiva.

Sánchez afirmó, además, que el impacto no solo depende de la magnitud del sismo, sino del epicentro, el tipo de suelo en el que se desarrolla el evento y la calidad de las construcciones.

Según ella, el daño estructural en las viviendas construidas sin criterios sismorresistentes o sin asesorías técnicas podría también reflejarse en colapsos parciales o totales de la infraestructura.

“Puede ser en edificaciones antiguas, como en las que son autoconstruidas. Podríamos presentar también grietas en otro tipo de infraestructura, como puentes, carreteras, y, bueno, la interrupción de servicios básicos, como el agua, la energía eléctrica”, advirtió.

Comentó que Honduras hasta el momento no ha vivido eventos sísmicos como los de México, Guatemala o Venezuela, pero si llegaran a ocurrir serían “un problema muy grande”.

“En el caso del Distrito Central, pues tenemos Tegucigalpa y Comayagüela. Ya está marcado el mapa de fallas y, si eso en un momento se llega a activar, esto sí puede causar grandes daños y un problema muy grande que podamos tener dentro del país”, alertó.

En San Pedro Sula, Choluteca y otras ciudades de Honduras también se hizo un estudio en 2015 con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para mapear las zonas con fallas geológicas. La información fue incorporada a los planes de ordenamiento territorial, aunque la experta instó a aplicarlos en las obras que se realizan.

Honduras cuenta con varias leyes que regulan la construcción de viviendas y otras edificaciones en ciudades o municipios lejanos: está el Código Hondureño de Construcción y la Ley de Ordenamiento Territorial, que regula los planes de ordenamiento territorial. El problema, según la secretaria de Vivienda, Francis Argeñal, es que hay una “brecha significativa entre la norma y la realidad”.

“Estamos trabajando en la construcción de un Sistema Nacional de Estándares de Viviendas Seguras y Resilientes. Creo que eso es en lo que tenemos que avanzar como país, frente a la innovación urbana, pero también frente a todo este montón de episodios que estamos viendo. Vemos lo que sucedió de manera trágica y dolorosa en Venezuela, y también vemos lo que ha sucedido esta última semana en nuestro país”, comentó la funcionaria.

La Ley de Ordenamiento Territorial habla de no construir viviendas en zonas de riesgo, es decir, lugares donde existen fallas geológicas, en lugares cercanos a fuentes hídricas o donde pueden haber deslizamientos o derrumbes.

El Código Hondureño de Construcción, por su parte, establece los estándares mínimos obligatorios para garantizar la estabilidad de las obras. Por ejemplo, menciona las condiciones para mitigar el riesgo al fuego, construir infraestructura segura, reducir el impacto medioambiental y analizar la afectación de los vientos y sismos. El objetivo, según el documento, es regular todos estos aspectos para mitigar la vulnerabilidad ante eventos naturales y evitar pérdidas de vidas humanas.

Además, exige que toda obra se someta a procesos de control técnico y monitoreo de su desempeño, asegurando que el diseño y los materiales utilizados respondan a normas técnicas nacionales que busquen elevar la calidad de la vida humana y reducir la vulnerabilidad ante eventos de la naturaleza.

Para Sánchez, cumplir con estos requerimientos es un reto porque en Honduras predomina la construcción informal, es decir, aquella que no es regulada ni realizada por expertos en ingeniería o arquitectura. Además, en Honduras hay “una combinación de amenazas, existe ya un mapa de amenazas, con sismos, deslizamientos, inundaciones, huracanes, y el problema es que las construcciones se están haciendo, o muchas viviendas están en zonas con laderas inestables, sobre rellenos, o cerca de las quebradas, y también sin estudio de suelos”, consideró.

Datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) evidencian que en el país hay más de 2.7 millones de viviendas, pero que más de 819 mil eran de adobe. Es decir, por cada 10 casas construidas en Honduras, 3 eran de tierra y paja, lo que significa que no cumplen con las condiciones mínimas en caso de sismos.

Los municipios de Honduras tienen planes de ordenamiento territorial, que, entre otras cosas, regula el uso de suelo en cada territorio.

Esta normativa pone las directrices de dónde se pueden construir las viviendas o edificaciones, qué tipo de actividades se pueden realizar en cada zona y cómo se deben proteger los recursos naturales y las comunidades.

Para Polanco, quien también es docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), es fundamental considerar la ubicación de las edificaciones, ya que “construir en zonas con fallas geológicas, laderas inestables, suelos blandos o áreas susceptibles a deslizamientos puede incrementar significativamente los daños durante un sismo. Por ello, el ordenamiento territorial y los estudios geotécnicos son herramientas esenciales para reducir el riesgo y garantizar un desarrollo urbano más seguro”.

Para él es fundamental fortalecer la aplicación del Código Hondureño de la Construcción, actualizar los planes de ordenamiento territorial, realizar inspecciones periódicas a las edificaciones, reforzar las estructuras más vulnerables y promover programas de educación y simulacros para que la población sepa cómo actuar antes, durante y después de un sismo.

Sugirió actualizar la normativa nacional, ya que “el diseño sismorresistente ha evolucionado significativamente con el paso del tiempo gracias a nuevas investigaciones, tecnologías y experiencias obtenidas de grandes terremotos. Contar con una normativa actualizada permitiría incorporar estos avances y mejorar la seguridad y resiliencia de las edificaciones en Honduras. También es importante invertir en infraestructura crítica diseñada con criterios sismorresistente”.

En el caso de Honduras, dijo que en proyectos de ingeniería y arquitectura de mayor importancia ya se consideran los requisitos que establece Código Hondureño de Construcción, especialmente para edificios públicos, hospitales, escuelas y construcciones de varios niveles. No obstante, todavía existe el reto de lograr que estas normas se apliquen de manera uniforme en todas las obras, especialmente en las viviendas particulares.

“Gran parte de sus disposiciones para diseño sísmico que se aplican en el CHOC-08 están basadas en el Uniform Building Code (UBC 1994), por lo que actualmente se considera necesaria una actualización de la normativa para incorporar los avances en ingeniería sísmica y alinearla con códigos más recientes, como el ASCE 7 y las versiones actuales del ACI 318, con el fin de mejorar la seguridad y resiliencia de las edificaciones en el país”, puntualizó.