El hacinamiento en los centros penitenciarios de Honduras sigue siendo una de las principales violaciones a los derechos humanos, según lo alertó el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), al revelar que más del 80 % de las cárceles del país superan su capacidad instalada.
Guadalupe Silva, coordinadora de la Defensoría de Personas Privadas de Libertad del Conadeh, expresó su preocupación por las condiciones que enfrentan miles de personas privadas de libertad, las cuales calificó como “inhumanas".
De acuerdo con el informe del Conadeh, los centros penitenciarios más afectados por el hacinamiento son el de Puerto Lempira, que opera con un 230 % por encima de su capacidad; Danlí, con un 221 %; El Porvenir, en Atlántida, que alberga más de 800 internos y supera en un 160 % su límite; Olanchito, con un 159 %; La Paz, que presenta un 109 %; La Esperanza, con un 87 %, y Trujillo, con un 64 %.
Silva señaló que seguir admitiendo nuevos internos en estas condiciones equivale a exponer deliberadamente a las personas a violaciones sistemáticas de sus derechos fundamentales.
Asimismo, enfatizó que dichas prácticas, lejos de resolver el problema, lo agravará y generará más violencia dentro de los centros penintenciarios
A pesar de que el Gobierno ha impulsado un Plan de Descongestionamiento de los Centros Penitenciarios, el Conadeh adviertió que la medida ha resultado insuficiente para contener el crecimiento de la población penitenciaria y las condiciones de reclusión siguen deteriorándose.
Quejas por violaciones de derechos en las cárceles
Durante 2024, el Conadeh recibió al menos 437 quejas relacionadas con vulneraciones de derechos dentro del sistema penitenciario.
Entre ellas se documentaron denuncias por la falta de acceso a la justicia, al debido proceso legal, a la salud, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes en instituciones penitenciarias.
A esas se suman quejas por retardo injustificado de resoluciones, fallos o sentencia, dilaciones indebidas en la tramitación y respuesta de una petición, acciones u omisiones en casos de medidas disciplinarias o de aislamiento y amenazas a muerte contra los reclusos.
Las instituciones más señaladas en estas quejas fueron el Instituto Nacional Penitenciario, los centros penales del país y el propio Poder Judicial.
El Conadeh reiteró que el Estado tiene la obligación jurídica y moral de prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier violación a los derechos de las personas privadas de libertad.
