Entre 2019 y 2025, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) solo remitió cuatro expedientes con indicios de enriquecimiento ilícito al Ministerio Público, pese a las reiteradas promesas de combatir la corrupción.
La información, obtenida mediante la solicitud SOL-TSC-539-2026, revela que los casos involucran a exfuncionarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y dos municipalidades.
Los expedientes están relacionados con presuntos incrementos patrimoniales no justificados o perjuicios económicos que, en conjunto, superan los 92.4 millones de lempiras.
El artículo 8 de la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos establece que este delito se configura "cuando el aumento del capital del funcionario o empleado, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que normalmente hubiere podido tener en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente y de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa".
Uno de los casos fue remitido el 22 de noviembre de 2019 y corresponde a Levis Donaldo Martínez, exanalista administrativo del IHSS, señalado por presuntos indicios de enriquecimiento ilícito vinculados a un incremento patrimonial superior a 85 millones de lempiras.
El TSC no remitió expedientes con indicios de enriquecimiento ilícito entre 2020 y 2022, de acuerdo con la documentación oficial. En 2023 trasladó el caso de César Arnulfo Salgado Sauceda, exdirector del FHIS, por un monto superior a dos millones de lempiras.
Posteriormente, el 21 de noviembre de 2025, el Tribunal remitió dos expedientes más. Uno corresponde a Manuel Meza, alcalde de Reitoca, Francisco Morazán, señalado por un presunto enriquecimiento ilícito de 1.6 millones de lempiras.
El otro involucra a Ada Esperanza Muñoz Torres, exjefa de control de ingresos de la Municipalidad de San Pedro Sula, en administraciones pasadas, por un monto superior a 3.6 millones de lempiras. Muñoz fue hallada culpable por diversos delitos.
La documentación oficial evidencia que, además del reducido número de expedientes remitidos durante el período analizado, más del 90% del monto investigado se concentra en un solo caso: el relacionado con el IHSS.
Reacción a los hallazgos
Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), consideró que el reducido número de expedientes remitidos por el TSC no refleja la magnitud del problema de la corrupción en Honduras.
Asimismo, señaló que la escasa cantidad de casos tiene repercusiones internacionales, ya que los organismos que evalúan la transparencia y el control de la corrupción toman en cuenta este tipo de indicadores para medir el desempeño institucional de los Estados.
"Cuando un país registra tan pocos expedientes de esta naturaleza, las calificaciones internacionales tienden a ser bajas, porque las cifras no representan la realidad del país ni reflejan un verdadero nivel de regulación o transparencia", afirmó Castañeda.
De los cuatro expedientes remitidos por el TSC, dos corresponden a personas que previamente habían enfrentado investigaciones o procesos judiciales por hechos relacionados con corrupción.
En el caso de Levis Donaldo Martínez, el TSC notificó en 2017 un informe de responsabilidad con indicios de enriquecimiento ilícito superiores a 85 millones de lempiras, al determinar que su patrimonio "no era congruente con los ingresos que percibía en el cargo". Posteriormente, el Ministerio Público aseguró bienes vinculados al exfuncionario y lo relacionó con la investigación del desfalco al IHSS.
César Arnulfo Salgado había sido procesado por presuntos delitos de abuso de autoridad, fraude y violación de los deberes de los funcionarios en relación con la ejecución de fondos destinados al combate de la pobreza. Sin embargo, en 2022 obtuvo su carta de libertad al acogerse a la Ley para la Reconstrucción del Estado de Derecho y para que los Hechos No se Repitan (Ley de Amnistía).
Ada Esperanza Muñoz Torres fue acusada en 2017 por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, junto con otros exempleados municipales, por integrar una presunta red que eliminaba irregularmente deudas por impuestos y tasas municipales.
Según la acusación, estas maniobras, conocidas como "los borrones", ocasionaron un perjuicio cercano a 92 millones de lempiras a las finanzas municipales.
En el caso de Manuel Meza, exalcalde de Reitoca, también enfrentó procesos judiciales distintos al expediente por presunto enriquecimiento ilícito. En 2024 fue condenado a 146 años de prisión por seis delitos de asesinato y dos delitos de asesinato en su grado de ejecución de tentativa.
La sentencia corresponde a hechos diferentes y no guarda relación con el expediente remitido por el TSC al Ministerio Público.
Alex Navas, exmiembro de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), consideró que el país enfrenta desde hace años desafíos institucionales para fortalecer la lucha contra la corrupción y la fiscalización del patrimonio de los funcionarios públicos.
"El enriquecimiento ilícito es de las cosas más fáciles de probar en Honduras, pero lo que se necesita es despolitizar los entes fiscalizadores y auditores del Estado; es trascendental que eso suceda para un mejor funcionamiento institucional", expresó.
El especialista añadió que el combate a la corrupción también requiere fortalecer las capacidades técnicas, logísticas y operativas de los entes fiscalizadores.
"Es necesario fortalecer las capacidades técnicas, logísticas y administrativas del Tribunal Superior de Cuentas mediante la contratación y formación de personal especializado en estos temas", concluyó.
En criterio de los especialistas consultados, la escasa cantidad de expedientes remitidos por el Tribunal Superior de Cuentas refleja debilidades en los mecanismos de fiscalización y combate a la corrupción en Honduras. Asimismo, plantearon fortalecer la capacidad investigativa y adoptar medidas preventivas que permitan detectar irregularidades antes de que se consumen, en lugar de limitar la fiscalización a auditorías realizadas al cierre de cada administración.
