Las reformas al Código Penal que endurecen las penas por femicidio y crean juzgados especializados para atender estos casos ya entraron en vigencia en Honduras tras la publicación del decreto legislativo en el Diario Oficial La Gaceta.
La normativa fue oficializada en la edición número 37,181 de La Gaceta, publicada el 30 de junio, con lo que se pone en marcha una serie de medidas orientadas a fortalecer la lucha contra la violencia contra las mujeres.
Entre los principales cambios figura el incremento de las penas para quienes cometan el delito de femicidio. A partir de ahora, las condenas pasan de 25 a 30 años de prisión.
Asimismo, en los casos de femicidio agravado, las penas aumentan de 30 a 40 años de cárcel, aunque podrán alcanzar hasta 60 años dependiendo de las circunstancias en que se haya cometido el crimen.
La ley también contempla la creación de juzgados especializados para conocer y juzgar delitos de femicidio, hechos conexos y otras formas de violencia contra la mujer.
De acuerdo con el decreto, estos órganos jurisdiccionales estarán integrados exclusivamente por juezas, con el propósito de garantizar un enfoque especializado en la atención de estos casos.
La reforma fue aprobada por unanimidad por el pleno del Congreso Nacional el pasado 8 de junio y es considerada una de las medidas más importantes adoptadas en los últimos años para combatir la violencia de género en Honduras.
La iniciativa fue promovida por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, tomando como base las recomendaciones de una comisión multipartidaria que analizó la problemática de las muertes violentas de mujeres en el país.
Además del endurecimiento de las sanciones, la nueva legislación establece la creación de un circuito especializado para la investigación y judicialización de los casos de femicidio, con el objetivo de agilizar los procesos y fortalecer la persecución penal.
Las reformas surgen en respuesta al reclamo de organizaciones de mujeres y diversos sectores de la sociedad que han exigido acciones más contundentes frente al incremento de la violencia de género. Con su entrada en vigencia, las autoridades deberán avanzar en la implementación de los nuevos juzgados y mecanismos especializados contemplados en la ley.
