Más de 4,500 mujeres fueron asesinadas en Honduras en los últimos 12 años

"No, Daniel, mis hijos". Esas fueron, según el relato de su madre, las últimas palabras de Elvia Gómez, la enfermera de 30 años que fue encontrada muerta la mañana del pasado 3 de junio dentro de su vivienda en la colonia Santa Fe, en San Manuel, Cortés.

Fue estrangulada y su cuerpo fue dejado sobre la cama, cubierto como si durmiera.

Exactamente seis días después, Daniel Antonio Meraz, su pareja sentimental y principal sospechoso del crimen, se entregó voluntariamente a las autoridades tras permanecer prófugo.

El caso conmocionó a Honduras por la brutalidad del hecho y porque expuso que las señales de violencia estaban ahí desde mucho antes del desenlace fatal, una realidad que se repite una y otra vez.

Un video grabado por la propia víctima durante una videollamada captó amenazas e insultos por parte de su esposo. "Me volvés a faltar el respeto te voy a levantar a pij...", le advertía Meraz. "Yo no le hago nada a usted, Daniel", le respondía Elvia.

Su historia se suma a una estadística que no deja de crecer, pues entre 2014 y abril de 2026 Honduras acumuló 4,542 muertes violentas de mujeres, un promedio cercano a una víctima por día, de acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad mediante la solicitud de información SOL-SSSS-3143-2026.

La cifra dimensiona una violencia persistente que atraviesa hogares, comunidades y ciudades enteras, y que continúa dejando familias rotas y una deuda pendiente del Estado en materia de prevención, investigación y justicia.

Los registros oficiales muestran que los años más letales para las mujeres fueron 2014, con 493 homicidios, y 2015, con 478.

Aunque posteriormente las cifras mostraron una leve reducción, entre 2017 y 2022 los asesinatos se mantuvieron por encima de los 300 casos anuales.

En 2023 volvieron a superar la barrera de las 400 víctimas, un año marcado también por la masacre de 43 privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).

Hasta el 24 de abril de este año, la Secretaría de Seguridad contabilizaba 70 homicidios de mujeres.

Sin embargo, hasta el 31 de mayo de 2026, organizaciones como el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) reportaban 112 muertes de mujeres, mientras que el Centro de los Derechos de las Mujeres (CDM) documentaba 111.

Especialistas advierten que detrás de cada número existe una historia distinta y que no necesariamente todas las muertes violentas de mujeres constituyen femicidios.

El artículo 208 del Código Penal establece que “comete delito de femicidio el hombre que mata a una mujer en el marco de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres basadas en el género".

Lo que ocurre es que determinar esa condición requiere una investigación específica que muchas veces no se realiza o no logra acreditarse judicialmente.

Los datos oficiales muestran que las principales causas asociadas a los homicidios de mujeres están relacionadas con conflictos personales y de pareja, como el caso de Elvia.

De los 4,542 casos registrados, 996 fueron atribuidos a enemistades personales, mientras que 544 estuvieron vinculados a problemas pasionales, según Seguridad.

La tercera causa más frecuente corresponde a rivalidades entre estructuras criminales y crimen organizado, con 400 víctimas.

No obstante, uno de los hallazgos más preocupantes por este rotativo es que en 1,686 homicidios, equivalentes al 37% del total, las autoridades no especificaron una causa.

Pero la violencia contra las mujeres también presenta patrones geográficos definidos. Por ejemplo, Cortés encabeza la lista con 1,134 víctimas, seguido por Francisco Morazán con 1,032 y Olancho con 332.

Entre los tres departamentos concentran el 55% de todos los homicidios registrados en el período analizado.

En contraste, los departamentos con menor incidencia son Gracias a Dios (23), Islas de la Bahía (31) y Valle (39).

Los datos muestran, además, que los asesinatos de mujeres se han registrado en 269 de los 298 municipios del país, evidenciando que el fenómeno tiene alcance nacional.

Para Lara Bohórquez, coordinadora de la Unidad de Investigación Feminista del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), la preocupación no radica únicamente en la cantidad de casos, sino en la forma en que se están cometiendo.

"Hay un leve aumento en las muertes violentas y femicidios este año en comparación al anterior y además estamos identificando que los casos tienen un mayor ensañamiento", advirtió.

"También hay que cuestionarse la impunidad histórica que existe en este país. Solo podríamos considerar que desde 2005 se ha ido reportando, identificando y sistematizando las muertes violentas de mujeres a nivel nacional. Sin embargo, al comparar esos casos con las resoluciones condenatorias emitidas por los asesinatos de mujeres, apenas el 6% ha tenido una resolución condenatoria”, señaló.

“Esto nos habla de que, primero, no hay una adecuada judicialización de los casos; segundo, existe poca judicialización favorable para las víctimas; y tercero, tampoco hay una tipificación correcta del femicidio”, señaló.

Por su parte, la directora del Observatorio de la Violencia de la UNAH, Migdonia Ayestas, dijo que los patrones se repiten independientemente de la edad, profesión o condición económica de las víctimas.

"Las mujeres que son víctimas pertenecen a todos los niveles educativos y distintos sectores sociales; no importa si son comerciantes, profesionales o amas de casa, muchas comparten contextos de vulnerabilidad en que los hombres creen tener poder para ejercer violencia sobre ellas", explicó.

Ayestas identificó como grupos especialmente vulnerables a las mujeres embarazadas, mujeres con discapacidad y aquellas que dependen económicamente de sus parejas.

En muchos casos, agregó, los asesinatos son la etapa final de un historial previo de violencia física, psicológica o económica.

La historia de Elvia Gómez parece encajar en ese patrón, ya que las amenazas, los insultos y el miedo que expresó a sus familiares antes de morir revelan señales que, según expertos, suelen anteceder los hechos más extremos.

El Congreso Nacional aprobó recientemente reformas para endurecer las penas por femicidio y fortalecer la persecución penal de estos delitos.

​Las reformas aprobadas modifican los artículos 66, 208 y 210 del Código Penal vigente.

​El nuevo articulado fija la pena base del femicidio entre los 25 y 30 años de reclusión, mientras que el femicidio agravado castigará a los agresores con penas que van desde los 30 hasta los 40 años de cárcel.

"El que ejerce violencia contra la mujer tiene que estar claro que si le quita la vida a un hondureño y en este caso, a una mujer, le va a caer todo el peso de la ley y eso es lo que está entregando este Congreso", puntualizó el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano.

El abogado y experto en seguridad, Germán Licona, consideró que las reformas pueden contribuir a mejorar la respuesta judicial, especialmente si se crean tribunales especializados y se fortalecen los mecanismos de investigación. No obstante, advirtió que el principal desafío sigue siendo la impunidad.

"En las últimas décadas el Estado no ha podido ser asertivo en determinar, primero, las causas de los femicidios y segundo quiénes son los autores intelectuales o materiales de la muerte de mujeres. Vemos que quienes matan a una mujer en el marco de relaciones desiguales no han sido llevados ante los tribunales, más del 95% permanecen en la impunidad", señaló.

Para Licona, el problema también está ligado a patrones culturales arraigados. “Es que existe falencia en la investigación, pero hasta cierto punto también la falta de cultura en la mujer, que representa el 52% de la población del país, continúa siendo sometida. En muchas familias todavía se otorgan privilegios y reconocimientos a los varones en determinadas actividades, mientras que a las mujeres se les relega a las labores domésticas”, agregó.

Con él coincidió el criminólogo Gonzalo Sánchez, quien consideró que muchos de estos crímenes están vinculados a conflictos de pareja.

“Creo que está bien que se incrementen las penas, pero sería mejor que también se trabaje en el seno de la familia, porque el alcohol, la droga y los celos son factores que están provocando este tipo de muertes en algunos casos”, manifestó.

El experto señaló que la prevención debe enfocarse en crear una cultura de respeto y en fortalecer los procesos de concienciación dirigidos tanto a hombres como a mujeres.

Asimismo, advirtió que muchos agresores actúan impulsados por el machismo, los celos o la incapacidad de aceptar una ruptura sentimental, sin medir las consecuencias de sus actos.

Sánchez también sostuvo que las reformas penales deben ir acompañadas de mayores recursos para investigación criminal y de un trabajo más cercano con las familias y las comunidades.

“Hay que hacerle entender al hombre que quitarle la vida a una mujer no va a solucionar ningún problema. Los hijos quedan en la orfandad, él termina en prisión durante décadas y la familia queda destruida”, concluyó.

La historia de Elvia Gómez terminó como la de miles de mujeres en Honduras, precedida por amenazas, marcada por la violencia y convertida en una cifra más dentro de una crisis que no cede.

Mientras sus hijos enfrentan la ausencia de su madre y su familia busca justicia, el país sigue figurando como el más peligroso de Latinoamérica para las mujeres, según el informe "Asesinatos de mujeres y niñas relacionados con el género (Femicidio/Feminicidio)", elaborado en 2024 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y ONU Mujeres.