El plazo que tiene la Procuraduría para contestar demanda millonaria por avioneta dañada

El Estado de Honduras, representado legalmente por la Procuraduría General de la República (PGR), tendrá 30 días hábiles para contestar la demanda por 94 millones de lempiras interpuesta por los daños ocasionados a una avioneta que se encontraba bajo custodia de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH).

El Juzgado de lo Civil de Tegucigalpa emitió un acta de emplazamiento en la que notifica formalmente al Estado de Honduras sobre la demanda judicial interpuesta por los dueños de la empresa propietaria de la aeronave.

La notificación entregada por la secretaria adjunta dice: “Procedí a emplazar en legal y debida forma al Estado de Honduras por actuaciones de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto, dependencia de la Secretaría de Defensa, representado por la Procuraduría General de la República, cuyo titular es el abogado Dagoberto Aspra Iglesia, para que en el término de treinta días hábiles, computados desde el siguiente día del emplazamiento, proceda a contestar la demanda”.

Además de la notificación, a la PGR le entregaron una copia de la demanda con sus anexos, haciéndole la advertencia de que, de no contestar en el plazo indicado, se le declarará en rebeldía, “pero aun así podrá comparecer en cualquier momento en el juicio acompañado por un profesional del derecho”.

La notificación de emplazamiento fue entregada el pasado 5 de agosto, por lo que la demanda debe estar contestada antes del 18 de septiembre de este año, para luego continuar el proceso en los juzgados de lo civil.

El Estado de Honduras, según el reclamo plasmado en la demanda, debe responder por los daños que sufrió una avioneta que fue decomisada en 2010 y cuya custodia quedó en poder de la Fuerza Aérea Hondureña.

En 2012, la aeronave sufrió considerables daños en un accidente y, un año después, ya no tenía motor ni otras piezas, según una inspección.

Ahora, el dueño de la empresa reclama, además de los daños, el lucro cesante, es decir, lo que dejó de percibir económicamente por no poder venderla ni rentarla durante los 16 años en que no pudo disponer de ella.

La avioneta es de marca Cessna, color blanco y azul, modelo C-210, serie T210-0041 y matrícula N-210EE. Fue decomisada el 26 de junio de 2010, luego de haber sido dejada en la pista del aeropuerto Ramón Villeda Morales, de San Pedro Sula.

El piloto de la aeronave debía llevarla a La Ceiba, donde se encontraba un comprador, pero no tenía autorización en ese momento, señala la demanda a la que tuvo acceso la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium.

Tras el abandono de la aeronave, la Fiscalía Contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), bajo la presunción de que había sido utilizada en actividades ilícitas, procedieron a decomisarla. Semanas después fue inspeccionada, pero no hallaron rastros de droga ni evidencia de ningún delito.

Sin embargo, la Fiscalía decidió no devolver la avioneta, sino que ordenó ponerla bajo custodia de la Fuerza Aérea Hondureña, que debía resguardarla, mantenerla y conservarla hasta que se dictara una resolución administrativa definitiva. Por ello, fue trasladada a la Base Aérea Héctor Caraccioli, en La Ceiba, Atlántida.

Benjamín Lavaire, abogado de la empresa demandante, explicó que la avioneta pertenece a la empresa Two Ten Echo Corporation, de Estados Unidos, y que fue enviada a Honduras para su venta. La transacción se complicó cuando el comprador, supuestamente, pidió trasladarla a La Ceiba, a lo que el piloto estadounidense se negó, por lo que dejó abandonada la aeronave.

El 26 de junio de 2010, Aeronáutica Civil notificó el caso al Ministerio Público y se realizaron varias inspecciones. Una semana después, el propietario solicitó la devolución de la aeronave, pero la Fiscalía se negó, alegando que investigaría posibles hechos relacionados con Estados Unidos.

El 6 de junio de 2012, mientras permanecía bajo custodia de la Fuerza Aérea Hondureña, la avioneta sufrió un accidente cerca del aeropuerto Golosón, en La Ceiba. La aeronave cayó en una plantación de piña, el piloto resultó lesionado y el aparato quedó severamente dañado.

En una inspección realizada el 31 de enero de 2013, agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico documentaron que la avioneta ya no tenía motor, llantas del tren de aterrizaje ni el ala izquierda. Además, presentaba el parabrisas roto y daños estructurales en la parte trasera.

En noviembre de 2022, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado ordenó cerrar administrativamente el caso y devolver la aeronave, al concluir que no existía delito que justificara mantener el decomiso.

No obstante, cuando los representantes de la empresa acudieron a La Ceiba, encontraron la avioneta destruida y sin varias de sus piezas principales.

La empresa sostiene que la pérdida y el deterioro de la aeronave fueron consecuencia de la negligencia y del uso indebido durante el tiempo en que estuvo bajo custodia estatal.