Bienes de Magdaleno Meza valorados en L120 millones quedaron destruidos

En más de 120 millones de lempiras fueron valorados los bienes del narcotraficante Magdaleno Meza Fúnez que pasaron al Estado tras un juicio de privación de dominio en el que sus abogados privados no lograron demostrar el origen lícito de los fondos con los que fueron adquiridos.

La resolución judicial declaró con lugar la confiscación definitiva de 25 activos vinculados al extinto capo y su esposa, Erika Julissa Bandy, entre los que se incluyen inmuebles, vehículos, sociedades mercantiles y productos financieros considerados patrimonio ilícito derivado del narcotráfico y el lavado de activos.

LA PRENSA Premium tuvo acceso al detalle de las propiedades, empresas y cuentas de banco que eran propiedad de Magdaleno Meza y su esposa, así como de sus conductores y familiares cercanos.

Entre las empresas están las denominadas: Inversiones Porteñas ubicada en la colonia Bella Vista de San Pedro Sula, Inversiones Nilo, Aviación Real del Campo, Tecnonet, Inversiones Bandy y Techint Group Ingeniería y Construcciones.

También pasaron en comiso al Estado tres vehículos decomisados el día de la captura de Magdaleno Meza que estaban a nombre de los conductores José Santos Mejía y Maximiliano Echeverria.

Según el Ministerio Público, un lote de joyas incautados a la pareja el 6 de junio de 2018 estaba valorado en nueve millones de lempiras.

Otro de esos bienes es una hacienda de 5 mil manzanas de terrenos ubicada en las cercanías de la comunidad de Santa Cruz Minas en Quimistán en el que además del deterioro por falta de mantenimiento una parte de los terrenos han sido invadidos y otros están en arriendo a una cooperativa campesina.

Dentro de la hacienda también estaba ubicada una cabaña de descanso que Magdaleno Meza Fúnez construida en madera y con acabados llamativos, con amplios espacios sociales, gimnasio y dormitorios de lujo.

En un recorrido, LA PRENSA Premium constató el evidente deterioro por falta de mantenimiento; además, una parte del amplio terreno se dio en arriendo a una asociación campesina, mientras que otra parte fue invadida.

Dentro de la hacienda se localizaba, en lo alto de una montaña, la cabaña de descanso de Magdaleno Meza Fúnez. La construcción, de madera y con acabados llamativos, incluía amplios espacios sociales, gimnasio y dormitorios de lujo.

Además de servir como lugar de descanso, funcionaba como punto de encuentro con socios y figuras cercanas, aprovechando su ubicación estratégica y aislada.

Según el expediente del juicio de privación de dominio, esa hacienda y la cabaña estaban a nombre de Erika Julissa Bandy, asesinada el 22 de junio de 2023, en el Instituto de la Propiedad (IP).

Meza Fúnez, cuyo nombre real era Nery Orlando López Sanabria, estaba constituido como comerciante individual bajo el nombre de Inversiones Orlando y, además, constituyó empresas a través de motoristas y guardaespaldas de confianza.

Las investigaciones de la Fiscalía señalan que varias de las sociedades únicamente funcionaban como empresas maletín, con el objetivo de lavar el dinero producto de las transacciones de venta de cargamentos de droga.

Todos los bienes incautados a Meza Fúnez, su esposa, sus trabajadores y sus familiares pasaron a manos de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi), encargada de cuidar y proteger las posesiones mientras se realizaba el juicio.

Sin embargo, ocho años después, haciendas, cabañas, casas y vehículos están en completo mal estado. Del ganado o manada de caballos pura sangre se desconoce su paradero.o.

Marlon Duarte, abogado penalista, consideró que la Oabi no tiene el presupuesto ni la capacidad para administrar bienes y, por ende, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia deberían emitir órdenes de aseguramiento con la prohibición de celebrar actos y contratos, porque cuando regresan las propiedades, están completamente destruidas.

“No existe capacidad logística para todo lo que aseguran e incautan; esa ley de privación de dominio es irracional, y no es que se tiene que derogar, sino reformar, porque basta con una medida de no celebrar actos y contratos para que la persona encargada del bien siga administrándolo y de esa manera cuidarlo”, apuntó.

Sobre la falta de transparencia en la Oabi, Duarte opinó que “si escarbáramos desde que inició el primer director, encontraríamos una caja de Pandora. Yo no entiendo por qué es tan codiciado y, de manera sorprendente, esta dirección pasó a depender de Casa Presidencial y yo pienso que los presidentes de la República se ven mal y no deberían tocar ese tipo de situaciones”.

Dijo que los bienes son medios de pruebas y, si se dan en comodato a otras instituciones como la policía, en el caso de los vehículos, nunca los van a devolver en buen estado y ese daño nadie lo va a pagar.

“Tengo un caso en el que el Estado debe pagar a mi cliente un millón de dólares más de lo incautado y no tiene la capacidad y solo dicen que debe pagarlo Finanzas y nadie da respuesta de lo que fue decomisado”, ejemplificó.

El penalista afirmó que espera que el Congreso Nacional reforme la ley para que incluya, en caso de incautación de grandes empresas con varios años de funcionamiento, que queden en operación bajo la figura de un interventor con cargo a caja, “pero ninguna empresa en poder de la Oabi ha sobrevivido y luego a lo que se enfrentan es a pagar millonarias demandas”.

Por su parte, el abogado penalista Farabundo Murillo coincide en que el tema de la administración de los bienes no goza de la importancia debida en Oabi, oficina que debe ser garante de transparencia y respeto de la ley.

Lamentó que sean escasos los esfuerzos para que las personas encargadas de administrar los bienes reciban preparación técnica.

La Oabi, a su juicio, no cumple con los estándares mínimos para administrar propiedades y empresas ajenas.

Murillo señaló que la ley de privación de dominio establece un plazo máximo de dos años para llevar los casos a juicio. Sin embargo, en la práctica muchos procesos se prolongan durante años.

Advirtió que algunos de estos bienes terminan siendo devueltos o subastados cuando ya se encuentran deteriorados o prácticamente destruidos.

De las más de cinco mil manzanas de terreno incautadas, 2,182 fueron entregadas en arrendamiento a una cooperativa campesina, por medio de la Organización Nacional de Campesinos de Honduras (Onach).

Cada agricultor trabaja una fracción, pero vive en zozobra ante la presencia de grupos que han invadido el resto de la propiedad.

La Onach paga mensualmente 57,500 lempiras por el arrendamiento de las tierras; sin embargo, invasores les han arrebatado parcelas para continuar cultivando, por lo que han exigido una solución a la Oabi.

Orlando Rosales, representante de la organización, confirmó que en 2021 firmaron un contrato con la Oficina Administradora de Bienes Incautados para el arriendo de 2,182 manzanas. No obstante, al llegar a la zona encontraron a personas ya instaladas.

Aunque posteriormente fueron desalojadas, la propiedad presentaba un deterioro avanzado. Actualmente, en la hacienda habitan 85 familias campesinas amparadas en este acuerdo.

“Muchas no tienen dónde vivir y se les ha asignado una manzana de tierra para que críen sus animales y desarrollen sus cultivos”, explicó Rosales.

El resto de las manzanas está ocupado de forma irregular por grupos de personas que han deforestado los bosques de pino para establecer cultivos, como la piña, lo que ha provocado la afectación de las fuentes de agua en la zona.