Estado podría pagar L94 millones por avioneta destruida bajo custodia militar

El Estado de Honduras enfrenta una demanda por casi 94 millones de lempiras interpuesta por una empresa estadounidense tras el decomiso de una avioneta hace 16 años, la cual quedó bajo custodia de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), pero, luego de sufrir daños en un accidente, ahora está sin motor ni llantas.

La avioneta Cessna, color blanco y azul, modelo C-210, serie T210-0041 y matrícula N-210EE, fue decomisada el 26 de junio de 2010, luego de haber sido dejada en la pista del aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula.

El piloto de la aeronave debía llevarla a La Ceiba, donde se encontraba un comprador, pero no tenía autorización en ese momento, señala la demanda a la que tuvo acceso la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium.

Tras el abandono de la aeronave, la Fiscalía Contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), bajo la presunción de que había sido utilizada en actividades ilícitas, procedieron a decomisarla. Semanas después fue inspeccionada, pero no hallaron rastros de droga ni evidencia de ningún delito.

Pero la Fiscalía decidió no devolver la avioneta, sino que ordenó ponerla bajo custodia de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), que debía resguardarla, mantenerla y conservarla hasta que se dictara una resolución administrativa definitiva, por lo que fue trasladada a la Base Aérea Héctor Caraccioli, en La Ceiba.

Este caso ilustra la complejidad que enfrenta el Estado de Honduras con respecto a la legislación de privación de dominio: un número significativo de bienes incautados regresa, por orden judicial, a sus dueños.

Sin embargo, ciertas propiedades y posesiones ya presentan un avanzado deterioro debido a una administración ineficiente, lo que abre el camino a demandas contra el Estado, específicamente contra la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi), y que eventualmente pueden traducirse en embargos.

A inicios de 2026, las autoridades de la Oabi revelaron que sobre la institución pesaba la amenaza de embargos por 90 millones de lempiras por temas relacionados con la administración de bienes incautados.

Benjamín Lavaire, abogado de la empresa demandante, explicó que la avioneta pertenece a la empresa Two Ten Echo Corporation, de Estados Unidos, y que fue enviada a Honduras para su venta. La transacción se complicó cuando el comprador, supuestamente, pidió trasladarla a La Ceiba, a lo que el piloto estadounidense se negó y la dejó abandonada.

Indicó que Aeronáutica Civil notificó a la Fiscalía y se realizaron las inspecciones. A la semana siguiente, el dueño apareció solicitando la devolución, pero las autoridades del Ministerio Público se negaron, argumentando que realizarían investigaciones en Estados Unidos.

Afirmó que nunca hicieron más diligencias investigativas y que el expediente se extravió, mientras continuaban presentándose solicitudes para que la aeronave fuera devuelta a su dueño, pero no obtuvieron respuestas positivas.

Lavaire afirmó que, después de tantos años y varias solicitudes, la Fiscalía ordenó la devolución de la avioneta 12 años después.

Se dirigieron a La Ceiba, pero la aeronave ya estaba destruida tras haber sufrido un accidente y había perdido varias piezas: ya no tenía motor, llantas, parabrisas ni un ala.

En la base aérea de La Ceiba, ni los apoderados legales de la empresa ni el dueño tuvieron acceso a la avioneta. Únicamente la Fiscalía acudió para hacer la devolución, pero solo tomó fotografías de los restos que quedaban.

El expediente general del caso de la avioneta, según los apoderados legales, se extravió en el Ministerio Público, por lo que recurrieron a interponer una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, pero no prosperó.

Ante la pérdida de la avioneta, los abogados presentaron un reclamo administrativo ante la Fuerza Aérea Hondureña, pero esta no asumió responsabilidad.

El demandante incluyó como prueba en el expediente la resolución que emitió la jefatura del Estado Mayor Conjunto en fecha 3 de julio de 2025, donde no se hacen responsables por los daños de la aeronave que tenían bajo su cuidado.

Luego recurrieron al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, donde se declaró que no era competente, y actualmente el caso se encuentra en el Juzgado de lo Civil de San Pedro Sula.

La demanda interpuesta por la empresa Two Ten Echo Corporation contra el Estado de Honduras es por 93.8 millones de lempiras, cifra que, incluso, supera los embargos que enfrentaba la Oabi a inicios de 2026.

El monto de la demanda cubre, según el demandante, el valor de la avioneta y los ingresos que la sociedad dejó de percibir —lucro cesante— durante más de diez años bajo la administración estatal, lo que frustró posibles ventas y alquileres, detalla el expediente judicial.

El caso de la avioneta presenta una diferencia clave: fue decomisada en 2010, antes de la entrada en vigencia de la actual Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, que creó formalmente los juzgados especializados.

Solo estos juzgados determinan en la actualidad la extinción o privación de dominio y, a su vez, ordenan las medidas precautorias, cautelares o de aseguramiento de los bienes, incluida la incautación. Antes, el procedimiento estaba vinculado al mismo proceso penal, aunque las incautaciones se efectuaban a solicitud de la Fiscalía.

Sin embargo, aunque el actual proceso de privación tiene un carácter patrimonial y no penal, en el que el dueño debe demostrar la procedencia lícita de los recursos utilizados para adquirir el bien, comparte con el proceso anterior la dinámica de que, finalmente, un juez determina la extinción o devolución del bien.

Un análisis de LA PRENSA Premium detectó un alto número de bienes incautados que fueron devueltos durante la gestión de Rebeca Obando como titular del Poder Judicial, entre febrero de 2023 y marzo de 2026, por lo que analistas no descartan una avalancha de demandas contra el Estado si estos activos presentan deterioro. Gran parte de estos bienes fueron incautados entre 2014 y 2018.

El caso de la avioneta antecede a los registros analizados por LA PRENSA Premium, pero representa una de las situaciones más graves, porque el 6 de junio de 2012, mientras estaba bajo custodia de la FAH, la aeronave sufrió un accidente cuando sobrevolaba las cercanías del aeropuerto Golosón, en La Ceiba, y cayó en una plantación de piña. El piloto resultó lesionado y la aeronave sufrió severos daños.

Luego fue llevada a la Base Aérea Héctor Caraccioli, donde ha permanecido sufriendo un deterioro progresivo y la desaparición de piezas clave.

Una inspección realizada el 31 de enero de 2013 por agentes de la DLCN documentó el deterioro crítico de la avioneta y constató que le faltaban el motor, las llantas del tren de aterrizaje y el ala izquierda. Además, presentaba el vidrio frontal roto y daños estructurales en la parte trasera.

La demanda presentada ante el Juzgado de lo Civil sostiene que la destrucción material, mecánica y estructural fue producto de la negligencia y el uso indebido por parte de la FAH, encargada de su custodia.

En noviembre de 2022, doce años después del decomiso, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado ordenó el cierre administrativo del caso y la devolución del bien, al confirmar que no existía delito que justificara el decomiso.

Además, la demanda busca anular la Resolución No. 85-2024, acto administrativo que denegó el reclamo previo de la empresa. Los abogados argumentan que el Estado incurrió en exceso y desviación de poder al aplicar un plazo de prescripción de un año, propio de las “pretensiones posesorias”, cuando, a su criterio, en realidad se trata de un derecho personal de indemnización mercantil que prescribe en cinco años.

La parte demandante también ha expresado que en Estados Unidos fue requerida por el Internal Revenue Service (IRS, Servicio de Impuestos Internos), por lo que tuvo que demostrar que la aeronave no se encontraba en ese país.

“También el dueño de la empresa fue contactado por la DEA (Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés) y le cuestionaron por qué la avioneta estaba volando en Honduras. Eso es muy delicado, además de que cambiaron la matrícula”, apuntó el representante legal.

La demanda interpuesta contra el Estado de Honduras seguirá su proceso legal en el Juzgado de lo Civil de San Pedro Sula, donde la Procuraduría General de la República actuará en representación del Estado.

LA PRENSA Premium consultó a la Secretaría de Defensa por este caso, pero las autoridades señalaron que únicamente responderían a través de una solicitud de información.