¿Qué hicieron? Los delitos que mantienen presos a 171 extranjeros en Honduras

Un total de 171 extranjeros permanecen privados de libertad en Honduras y casi la mitad enfrenta procesos judiciales o condenas por tráfico de drogas.

Así lo muestran datos del Instituto Nacional Penitenciario (INP), obtenidos por LA PRENSA premium a través de la solicitud de información pública SOL-INP-554-2026.

Según los datos, Nicaragua concentra la mayor cantidad de reclusos extranjeros con 38 personas, seguida de Colombia con 32, El Salvador con 26 y Estados Unidos con 13.

La lista también incluye a venezolanos (12), mexicanos (5), jamaicanos (3) y panameños (2), entre otras nacionalidades.

Del total registrado, 73 personas fueron procesadas o condenadas por tráfico de drogas, lo que representa el 43% de la población extranjera recluida en Honduras.

La proporción de casos confirma el peso que este delito mantiene y expone la continuidad de un fenómeno que Honduras enfrenta desde hace años por su posición dentro de las rutas del narcotráfico hacia Norteamérica.

Aunque entre los extranjeros privados de libertad en Honduras aparecen delitos como violación (14 casos), homicidio (11), asesinato (11) y extorsión (9), el tráfico de drogas concentra la mayor cantidad de registros con 73 casos.

Los datos del INP muestran que este delito representa el 43% de la población extranjera recluida en el país, un patrón que, según expertos, está relacionado con las distintas formas utilizadas por estructuras dedicadas al traslado de drogas a través del territorio hondureño.

"Normalmente se trata de vehículos, furgones y carros grandes con compartimentos ocultos o caletas donde estos extranjeros transportan la droga. También utilizan vehículos pequeños, ingresan al país como turistas, pero llevan cargamentos escondidos", explicó el criminólogo Gonzalo Sánchez.

El especialista señaló que Honduras dejó de ser únicamente un territorio de tránsito para el narcotráfico. "A los narcotraficantes les resulta más barato sembrar la planta en Honduras, producir la materia prima, procesarla en laboratorios y luego enviarla a Estados Unidos", afirmó.

"Cuando se habla de cargamentos o kilos, se entiende que detrás hay organizaciones de peso, no es el narcotraficante común y aunque existan mecanismos de intercambio de información con otros países, estas organizaciones se las ingenian de mil formas para transportar la droga, incluso en Europa ocurre lo mismo", explicó.

Uno de los casos recientes ocurrió en mayo pasado, cuando las autoridades capturaron a un hondureño y un ciudadano guatemalteco que transportaban supuesta cocaína y un arma de fuego en el sector fronterizo de El Florido, Copán.

Además, los registros penitenciarios muestran el patrón de que la mayoría de los extranjeros privados de libertad se encuentra en edades económicamente activas.

Entre las personas sentenciadas predominan los rangos de 41 a 50 años (30 casos) y de 31 a 40 años (19 casos).

Mientras tanto, entre los procesados destacan los grupos de 41 a 50 años (26 casos) y de 31 a 40 años (25 casos).

Para los expertos, esta concentración etaria refleja que buena parte de los detenidos se encuentra en edades asociadas con una mayor participación operativa dentro de las estructuras delictivas, desde funciones logísticas hasta labores de transporte.

Del total, 162 son hombres y únicamente nueve son mujeres. En términos porcentuales, los hombres representan el 94.7% de toda la población penitenciaria extranjera.

Aunque el narcotráfico concentra la mayor atención, los últimos meses han dejado evidencia de que Honduras también enfrenta la incursión de redes extranjeras especializadas en delitos tecnológicos y financieros.

En julio pasado, la Fiscalía de Delitos Comunes y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) informaron sobre la desarticulación de una estructura colombo-venezolana dedicada al fraude en cajeros automáticos.

Durante las operaciones se capturó a uno de los integrantes en San Pedro Sula con aproximadamente 500,000 lempiras en efectivo, mientras que en Tegucigalpa se detectó y neutralizó un dispositivo de clonación e interferencia instalado en un cajero automático ubicado en el anillo periférico.

Meses antes, en abril, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó en el sector de Casamata, Distrito Central, a un ciudadano colombiano de 34 años señalado como integrante de una red transnacional dedicada a la clonación de tarjetas bancarias.

Las investigaciones indicaron que el sospechoso ya había sido arrestado en enero de 2025 por hechos similares en La Ceiba, pero tras recuperar su libertad habría retomado sus actividades ilícitas.

Para Sánchez, la presencia de ciudadanos colombianos en este tipo de delitos no resulta aislada. "Se da, se da mucho, en el caso de los colombianos la clonación de tarjetas, estafas y otro tipo de delitos, no es muy común el pandillerismo en ellos", mencionó.

El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, el Estado debería impulsar con mayor fuerza los mecanismos internacionales para el traslado de personas condenadas.

"Honduras lo necesita, ya que permitiría brindar atención a los hondureños que cumplen condenas en México, Estados Unidos y otras naciones, para que puedan terminar sus sentencias en el país y de igual forma se facilite el retorno de los extranjeros a sus lugares de origen" señaló.

Maldonado mencionó que estos convenios deberían aplicarse de manera inmediata al menos a las personas que ya están condenadas.

Más allá de las cifras, los 171 extranjeros encarcelados representan una muestra de cómo Honduras continúa enfrentando fenómenos criminales que trascienden sus fronteras.

Aunque el tráfico de drogas continúa siendo una de las principales actividades, los casos también muestran redes dedicadas a otros delitos, con estructuras que aprovechan la ubicación del país y sus conexiones regionales para operar.

Mientras tanto, las cárceles hondureñas siguen lidiando con una sobrepoblación superior a los 3,000 internos y un sistema que aún busca respuestas para una población penitenciaria que rebasa los 19,500 privados de libertad.