Tras desfalco en Támara, reos comprarán con billeteras electrónicas

Luego de que saliera a la luz el desfalco de al menos 8 millones de lempiras en los economatos de la Penitenciaría Nacional de Támara, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) anunció la implementación de billeteras electrónicas para las compras que realizan los privados de libertad dentro de los centros penales del país.

El anuncio fue realizado el martes por el director del INP, el general en condición de retiro Walter Lacayo Amador, quien informó que la institución se encuentra en proceso de incorporar tecnología para sustituir el manejo de efectivo en los economatos.

"Lo que queremos y estamos en el proceso es de incluir una prueba piloto, es de incluir la tecnología. Eso significa que se establecen unas carteras electrónicas en las que no se maneja efectivo", explicó el funcionario.

Como parte de las medidas, Lacayo informó también que se rotarán a los directores de los diferentes centros penales del país.

La decisión surge después de que LA PRENSA Premium revelara en el reportaje "Fuga de 8 millones de lempiras en economatos de Támara tras fallido sistema de tarjetas" una serie de irregularidades en la administración de estos establecimientos, donde los privados de libertad adquieren productos de primera necesidad.

La investigación también expuso la separación del entonces director, el coronel Juan Carlos Osorto Castillo, tras detectarse anomalías en el manejo de los recursos.

Actualmente, Osorto Castillo es objeto de investigaciones tanto por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras (FAH) como del Ministerio Público, mientras avanzan las indagaciones para determinar responsabilidades por el millonario faltante.

LA PRENSA Premium conoció que las pesquisas realizadas hasta ahora han evidenciado inconsistencias en los registros contables, deficiencias en los controles financieros, irregularidades en la administración de los ingresos generados por la venta de productos básicos a la población penitenciaria y una gran deuda con proveedores del sistema.

Según conoció este medio, el nuevo sistema operará mediante una billetera digital vinculada a cada privado de libertad, con el objetivo de eliminar gradualmente el uso de efectivo dentro de los centros penales.

Bajo esta modalidad, los familiares podrán depositar dinero en una cuenta electrónica asociada al interno. Cuando este desee realizar una compra en el economato deberá ingresar una clave personal para autorizar la transacción.

El monto de la compra se descontará automáticamente del saldo disponible y cada movimiento quedará registrado en una plataforma digital, lo que permitirá llevar un control más preciso de los recursos y reducir los riesgos asociados al manejo de efectivo.

Lacayo reconoció que la circulación de dinero físico dentro de los centros penales ha sido uno de los factores que ha generado problemas en la administración de los economatos, por lo que adelantó que las primeras pruebas del sistema comenzarán en las próximas semanas.

"Las pruebas piloto las vamos a iniciar en la Penitenciaría Nacional de Adaptación Social Femenina (Pnfas); ahí vamos a iniciar para ver cómo funciona el sistema y de ahí poco a poco, porque todo incluye procesos y presupuesto, para implementarlo a nivel nacional", anunció.

Hasta junio de 2026, la Pnfas alberga a 469 privadas de libertad, mientras que el Centro Penitenciario Nacional de Támara concentra a 5,534 internos.

En conjunto, los 22 centros penales del país mantienen una población carcelaria de 19,516 personas.

Con la digitalización de los pagos, las autoridades buscan fortalecer la trazabilidad de los fondos que ingresan y circulan dentro del sistema penitenciario.

Germán Licona, abogado y experto en seguridad, considera que la medida puede convertirse en una herramienta para mejorar la fiscalización dentro del sistema penitenciario.

"Habría más control de ingreso porque eso estaría en un estado de cuenta de la misma pulpería que maneja el INP y eso permitiría un mayor control de la auditoría del sistema penitenciario", expresó.

No obstante, la institución aún no ha revelado aspectos clave del proyecto, como quién administrará la plataforma tecnológica, cuáles serán los mecanismos de auditoría y supervisión, cómo se garantizará la seguridad de las transacciones y qué entidad tendrá acceso a la información financiera generada por el sistema.

Tampoco se han anunciado medidas relacionadas con los precios de los productos comercializados en los economatos, donde, según constató este medio, algunos artículos llegan a venderse a valores que duplican los precios del mercado.

A ello se suma una situación heredada del fallido sistema anterior y es que actualmente, alrededor de un millón de lempiras permanece cargado en tarjetas que continúan en poder de los privados de libertad afectados por el cambio de modalidad.

De acuerdo con información obtenida por este medio, esos fondos no pueden ser retirados en efectivo ni utilizados para adquirir productos, dejando a decenas de internos y sus familiares sin acceso a recursos que ya habían sido depositados.

"Eso es injusto porque ya uno pagó por eso y ellos (los privados de libertad) tienen todavía esas tarjetas, eso quiere decir que es dinero botado por parte de uno, es un robo eso que hacen", dijo molesta doña Kathia Flores, una madre capitalina.

Mientras algunos consideran que el mecanismo podría fortalecer la transparencia y el control financiero del sistema penitenciario, otros advierten que debe garantizarse que la medida no vulnere derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

"La mente que está ideando este mecanismo ¿a qué motivaciones está obedeciendo? ¿Se trata de hacer otro negocio a costa de la economía de los privados de libertad? Pues no se sabe, pero me pregunto ¿cómo es que improvisa tanto la autoridad del INP? ¿Y no tiene una agenda de prioridades a resolver?", cuestionó Alba Mejía, directora del Centro de Prevención de la Tortura (CPTRT).

La entrevistada mencionó que el INP debe ser muy cuidadoso cuando incursiona en temas financieros relacionados con la afectación de los privados de libertad.

Por su parte, Lester Ramírez, experto en seguridad e investigador, calificó la propuesta como una iniciativa positiva. No obstante, advirtió que uno de los riesgos es que estructuras criminales intenten utilizar mecanismos financieros para ocultar recursos provenientes de actividades ilícitas como la extorsión.

"Lo importante de esto es que también desde la penitenciaría se maneja un mejor control contable de cómo se cobra y qué ingresos obtiene y todo el tema de la parte financiera", expresó.

Para Nelson Castañeda, experto en seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la eliminación del efectivo dentro de las cárceles responde a una necesidad real, ya que el dinero en circulación facilita actividades ilícitas como el tráfico de drogas, armas y otros productos prohibidos.

“Al regular usted el manejo de dinero a través de un mecanismo digital, se garantiza que los fondos solo puedan utilizarse para la compra de productos en el economato”, señaló.

No obstante, advirtió que la medida solo tendrá resultados positivos si está acompañada de controles rigurosos, auditorías periódicas y supervisión constante para evitar abusos o irregularidades dentro del sistema penitenciario."No debe perderse de vista que se trata de una institución del Estado y, por tanto, requiere mecanismos estrictos de control", agregó.

LA PRENSA Premium solicitó una entrevista en el INP, a través de Relaciones Públicas para conocer más detalles de la nueva medida, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.