Un millón de lempiras siguen atrapados en tarjetas de economato

Mientras miles de lempiras continúan atrapados en tarjetas de economatos, que dejaron de utilizarse en los centros penales, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) no aclara qué ocurrirá con los fondos o si existe algún mecanismo para que los privados de libertad recuperen su dinero.

Consultado por LA PRENSA Premium, el INP respondió a través de su oficina de Relaciones Públicas que "actualmente se están utilizando otros sistemas para garantizar que las personas privadas de libertad puedan comprar lo que deseen" en los economatos o comisariatos, que son pequeñas pulperías que operan dentro de los centros penales.

La institución evitó dar detalles sobre el número de personas que se quedaron con tarjetas y tampoco dio información de lo que sucederá con el dinero entregado por los parientes de los privados de libertad para adquirirlas, ya que quedaron fuera de circulación desde abril pasado.

Una fuente cercana al sistema penal aseguró a este equipo de investigación que la cifra rezagada en las tarjetas podría rondar más de un millón de lempiras en total.

La incertidumbre sobre estos fondos persiste, sobre todo por el manejo irregular del dinero y las tarjetas para adquirir productos en los economato durante la gestión del entonces director del Centro Penitenciario Nacional de Támara (CPNT), coronel Juan Carlos Osorto Castillo. LA PRENSA Premium reveló que hubo una fuga de al menos ocho millones de lempiras del dinero de los economatos y las investigaciones apuntan contra Osorto Castillo.

De acuerdo con información obtenida por este medio, el caso salió a la luz tras detectarse una millonaria deuda con proveedores de los economatos.

Las investigaciones preliminares señalan que emitieron tarjetas que no formaban parte de los registros autorizados, las cuales habrían sido utilizadas para realizar compras dentro del sistema penitenciario, generando un faltante económico que aún no ha sido cuantificado con exactitud, pero que rondaría los 8 millones de lempiras.

LA PRENSA Premium conversó con familiares de privados de libertad, quienes manifestaron su preocupación porque las tarjetas que compraron con esfuerzo para sus parientes permanecen sin utilidad y sin una respuesta clara sobre el destino de los fondos.

"Nosotros metimos ese dinero para que ellos pudieran comprar sus cosas adentro porque no nos permiten llevarles y ahora resulta que nadie nos dice qué pasó. Ese dinero no apareció de la nada, costó ganárselo, en mi caso lavando y planchando ajeno", lamentó una familiar.

Otro pariente cuestionó la falta de soluciones por parte de las autoridades. "Si el dinero está en las tarjetas lo justo es que lo devuelvan y que expliquen qué fue, mire que uno deja de comprar cosas para la casa para ayudarles a ellos y ahora dicen que ya las tarjetas no sirven", reclamó.

Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), afirmó que durante las visitas realizadas por la organización a la cárcel de Támara también recibieron varias quejas de privados de libertad que mantenían importantes sumas de dinero cargadas en tarjetas.

"Había privados de libertad que tenían miles de lempiras en esas tarjetas y estaban indignados porque no podían utilizarlas para hacer compras ni recibían la devolución de su dinero", relató.

Maldonado señaló que, aunque siempre han respaldado las medidas orientadas a evitar la circulación de efectivo dentro de los centros penales, las autoridades deben esclarecer lo ocurrido con los fondos depositados por los internos y sus familias.

"Lamentamos lo ocurrido porque las tarjetas fueron concebidas como una medida preventiva para reducir el manejo de dinero en efectivo dentro de las cárceles. Sin embargo, esta es una situación que no debe volver a repetirse en ningún centro penitenciario del país", manifestó.

Claudia Ferrari, directora ejecutiva de la Asociación Paz de Superación por Honduras (Asopazh), señaló que durante años ha sido testigo de lo que calificó como una “corrupción desmedida” por parte de servidores públicos en los centros penales.

"El cambio de autoridades lo único que hace es multiplicar los brazos de la corrupción, implementando sistemas poco eficientes y no direccionados a prestar un servicio eficaz y controlado", expresó.

Aseguró que, en reiteradas ocasiones, han recomendado a las autoridades penitenciarias establecer convenios con instituciones bancarias para mejorar el manejo de los recursos dentro de los centros penales. Sin embargo, afirmó que estas sugerencias no han sido tomadas en cuenta.

"Yo tengo un chat con 678 familiares y de estos 148 familiares reportan que hicieron pagos por tarjetas de comisariato de L5,000, L10,000 hasta L20,000 y que aún no hay quien les oriente sobre cómo se les va a reembolsar este dinero", expresó.

Este medio conoció que asociaciones de familiares de privados de libertad en la cárcel de Támara preparan acciones legales para solicitar el aseguramiento de documentación vinculada a las irregularidades detectadas en el sistema de economatos.

Pero el problema con los economatos también arrastra denuncias y quejas por los altos precios de los productos vendidos dentro de los centros penales.

Familiares y privados de libertad han señalado durante años que artículos de primera necesidad, alimentos y productos de higiene se ofrecen a costos superiores a los del mercado, lo que obliga a los reclusos a destinar una mayor cantidad de dinero para cubrir necesidades básicas.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), atendió al menos una docena de quejas de personas privadas de libertad en los últimos 18 meses, quienes se denunciaron en maneras reiteradaslos precios de los productos en los economatos.

"Según las manifestaciones recibidas, los precios establecidos dificultan significativamente el acceso a bienes esenciales, especialmente para aquellas personas privadas de libertad que carecen de recursos económicos suficientes o que no reciben asistencia material de familiares o terceros", explicaron.

LA PRENSA Premium solicitó, mediante la plataforma de Transparencia, información sobre el manejo de los economatos, pero la petición, cuya prórroga vencía este lunes 22 de junio, no había sido respondida hasta el cierre de esta edición.

Cuando este medio consultó al INP sobre el desfalco en la gestión de Osorto Castillo, las autoridades aseguraron que "no manejaban esa información".

Al preguntar sobre el motivo de suspensión del coronel como director de la cárcel de Támara, se limitaron a responder que "forma parte de cambios normales en cada administración".

Sin embargo, tras la publicación del reportaje "Fuga de L8 millones en cárcel de Támara tras fallido sistema de tarjetas", la institución accedió a brindar una entrevista, sin permitir grabaciones, en la que reconoció que sí tenía conocimiento de las irregularidades y que el informe había sido remitido tanto al Ministerio Público como a las Fuerzas Armadas de Honduras (FAH) para su investigación.

Durante esa entrevista, funcionarios del INP, entre ellos Edwin Gáleas, subdirector de la institución; el gerente administrativo, Alberto Lozano y Omar Alberto Ramos, inspector general, admitieron que el perjuicio económico podría incluso superar los ocho millones de lempiras.

Este equipo periodístico contactó al director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Walter Amador Lacayo, para consultar sobre las medidas que se adoptarán en el caso de los privados de libertad que todavía tienen tarjetas; sin embargo, evitó conceder una entrevista.

De parte de Relaciones Públicas dijeron que "hay un proceso de investigación en curso, para no entorpecer el mismo no podemos ofrecer mayores detalles".

Sobre el manejo institucional del caso, el criminólogo Gonzalo Sánchez, cuestionó el silencio de las autoridades y la falta de información pública sobre las investigaciones.

A su juicio, este tipo de situaciones deben ser abordadas con mayor transparencia y remitidas a las instancias correspondientes.

“Lamentablemente, muchas instituciones tienden a encubrir a sus miembros. Yo considero que no debería ser así. Cuando una persona comete un ilícito, los superiores tienen la obligación de informar inmediatamente al Ministerio Público para que se realicen las investigaciones correspondientes”, expresó.

Sánchez agregó que en casos de corrupción institucional resulta clave actuar con firmeza para evitar el deterioro de la credibilidad. “Es mejor sacar una manzana podrida de la canasta antes de que arruine a las demás”, comparó.

Nelson Castañeda, director de Seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), señaló que las irregularidades en el sistema penitenciario reflejan problemas estructurales y no hechos aislados.

Castañeda explicó que la falta de controles efectivos, auditorías independientes y mecanismos de rendición de cuentas ha permitido la repetición de patrones de corrupción dentro de las cárceles del país. “Este tema no es nuevo y no debería sorprendernos si somos honestos sobre la realidad de nuestro sistema penitenciario”, indicó.

Castañeda consideró que el Estado aún tiene la oportunidad de corregir estas fallas mediante la implementación de un sistema de supervisión penitenciaria independiente, auditorías periódicas y mayor participación de la sociedad civil.

Las Fuerzas Armadas indicaron este lunes que aún no concluyen las investigaciones por el presunto millonario desfalco.

En tanto, el coronel Juan Carlos Osorto Castillo sigue sin cargo asignado, bajo la condición de disponibilidad, mientras pesan sobre él denuncias de acoso sexual, abuso de autoridad y supuestos actos de corrupción.