Los exdirectores ejecutivos del Fondo Social para la Vivienda (Fosovi), Juan Ramón Cruz Carbajal y Gilberto Ríos Munguía; las exadministradoras Nadina Haydee Quiñónez y Ana Carolina Rodríguez Bermúdez; el exsecretario general Giancarlo Jocsán Alonzo Godoy; la exsubdirectora Lícida Xiomara Zelaya Lobo, así como otros exfuncionarios y empleados de la institución, fueron denunciados penalmente por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ante el Ministerio Público por su presunta participación en una serie de irregularidades administrativas, financieras y penales.
La denuncia también incluye a Cinthia Mireya Díaz Barahona, Aurelio Lagos, Denis Mauricio Oliva Zúniga, Jaffeth Julián Posadas Solís y Claudia Soribel Ramos Martínez, quienes, de acuerdo con el CNA, tendrían presuntas responsabilidades en delitos como usurpación de funciones públicas, malversación por apropiación, abuso de autoridad, omisión de deberes de los funcionarios, fraude a la seguridad social y contrataciones irregulares.
Es preciso mencionar que Gilberto Ríos Munguía fungió como director ejecutivo del Fosovi desde agosto de 2024 hasta enero de 2026, en el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro.
Mientras que Juan Ramón Cruz estuvo en el cargo entre 2017 y 2020. Además, está acusado en el sonado caso de "Casas Contenedores" por delitos de fraude y asociación para delinquir.
La acción legal fue presentada este miércoles por la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC) del CNA, tras concluir el informe denominado "Tierra de nadie: Fosovi, un paraíso de la corrupción amparado en la mala gestión", en el que se documenta cómo la institución habría operado durante años sin controles internos efectivos, registros contables actualizados ni mecanismos adecuados de fiscalización.
Uno de los principales hallazgos de la investigación señala al abogado Giancarlo Jocsán Alonzo Godoy, quien presuntamente se autonombró director ejecutivo por ley del Fosovi el 27 de enero de 2026 mediante una resolución firmada por él mismo, pese a que esa facultad corresponde exclusivamente al presidente de la República.
Según el CNA, a partir de ese nombramiento emitió contratos, acuerdos y resoluciones sin contar con la competencia legal para hacerlo.
La investigación también concluye que el Fosovi dejó de elaborar estados financieros desde el primer trimestre de 2020 y operó durante varios años sin actualizar su contabilidad.
Entre 2022 y 2025, la institución ejecutó 16.9 millones de lempiras en egresos sin registros contables que permitan establecer el destino de esos recursos. Otro de los señalamientos apunta a un presunto fraude contra el sistema de seguridad social.
El CNA sostiene que el Fosovi descontó 2.1 millones de lempiras a sus empleados por concepto de aportaciones al Injupemp entre 2020 y 2026, sin evidencia de que esos fondos fueran trasladados al instituto.
Además, documentó una deuda de 2.24 millones de lempiras con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), correspondiente a cotizaciones, multas y recargos acumulados.
El informe también expone presuntos pagos indebidos de gastos de representación.
Según la investigación, Lícida Xiomara Zelaya Lobo, quien es la esposa de Romeo Vásquez Velásquez (exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas), habría recibido 1.44 millones de lempiras por este concepto entre 2015 y 2023, mientras que Juan Ramón Cruz Carbajal habría percibido 140 mil lempiras por encima del límite permitido por la normativa presupuestaria.
Asimismo, el CNA reveló una supuesta venta duplicada de un lote ubicado en la colonia Kennedy de Tegucigalpa y detectó contrataciones de personal que no cumplía con los requisitos académicos y de experiencia establecidos en el manual de puestos de la institución, además de la presunta presentación de documentación falsa para acceder a algunos cargos.
El organismo anticorrupción concluyó que el Fosovi operó como un "paraíso de la corrupción", caracterizado por la ausencia de controles administrativos y financieros, por lo que remitió el caso al Ministerio Público para que investigue los hechos y determine las responsabilidades penales, civiles y administrativas de los exfuncionarios denunciados.
