El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este miércoles una denuncia formal ante el Ministerio Público contra al menos 15 exfuncionarios y empleados del Fondo Social para la Vivienda (Fosovi), tras una investigación que revela una serie de presuntas irregularidades administrativas, financieras y penales dentro de la institución.
Entre los mencionados en la denuncia del ente anticorrupción están los exdirectores de la institución, Juan Ramón Cruz Carbajal y Gilberto Ríos Munguía, entre otros exfuncionarios y funcionarios actuales de la institución.
El informe elaborado por la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC) del CNA, denominado “Tierra de nadie: Fosovi, un paraíso de la corrupción amparado en la mala gestión”, señala que la entidad habría operado durante varios años sin controles adecuados, sin registros contables actualizados y con decisiones administrativas que, según el organismo, se habrían realizado al margen de la ley.
Entre los hallazgos presentados destacan presuntos delitos como usurpación de funciones públicas, malversación de fondos, fraude al sistema de seguridad social, abuso de autoridad, evasión fiscal y contratación irregular de personal que no cumplía con los requisitos establecidos.
Uno de los casos señalados por el CNA corresponde al abogado Giancarlo Jocsán Alonzo Godoy, quien, según la investigación, se habría autonombrado como director ejecutivo del Fosovi el 27 de enero de 2026 mediante la Resolución SG-060-2026, pese a que esa designación corresponde al presidente de la República.
El organismo anticorrupción sostiene que Godoy, quien anteriormente ocupaba el cargo de secretario general, habría emitido contratos, acuerdos y resoluciones administrativas sin contar con la competencia legal para hacerlo.
Además, señala a la abogada Cinthia Mireya Díaz Barahona por presuntamente certificar la resolución mediante la cual se concretó dicho autonombramiento.
Millonarios fondos sin respaldo contable
El CNA denunció que el Fosovi dejó de elaborar estados financieros y actualizar sus registros contables desde el primer trimestre de 2020, situación que habría impedido conocer con claridad el manejo de los recursos públicos asignados a la institución.
De acuerdo con el informe, entre 2022 y 2025 el Fosovi registró egresos por 16,994,475.04 lempiras que no cuentan con respaldo contable que permita comprobar su destino o verificar si fueron utilizados para cumplir funciones institucionales.
La investigación señala que el contador general de la institución informó que no pudo cerrar los procesos contables de los años 2020 a 2025 debido a fallas en el sistema informático y a la falta de entrega de documentación requerida por parte de administraciones anteriores.
Presunto fraude al Injupemp e IHSS
El CNA también documentó presuntas irregularidades relacionadas con las obligaciones laborales y previsionales del Fosovi. Según la denuncia, la institución habría retenido de los salarios de sus empleados 2,120,970.60 lempiras destinados al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), sin que exista evidencia de que esos fondos hayan sido trasladados.
Asimismo, el informe establece que el Fosovi mantiene una deuda con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por 2,247,086.99 lempiras, correspondiente a cotizaciones pendientes, multas y recargos acumulados por varios años.
El organismo también indicó que desde marzo de 2020 la institución habría omitido calcular y retener el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a empleados que estaban sujetos a esa obligación, lo que habría beneficiado a funcionarios con salarios más altos.
Señalamientos por pagos indebidos y venta duplicada de inmueble
Dentro de la denuncia, el CNA señala presuntos pagos indebidos realizados a exautoridades del Fosovi. Uno de los casos corresponde a la exsubdirectora y exdirectora por ley Lícida Xiomara Zelaya Lobo, quien habría recibido 1.44 millones de lempiras en concepto de gastos de representación entre 2015 y 2023, pese a que la normativa presupuestaria establecía restricciones para ese tipo de pagos.
También se menciona al exdirector ejecutivo Juan Ramón Cruz Carbajal, quien presuntamente habría recibido 140 mil lempiras adicionales a los montos autorizados legalmente entre 2017 y 2020.
Además, el CNA reveló una supuesta venta duplicada de un terreno ubicado en la colonia Kennedy de Tegucigalpa. Según la investigación, el inmueble fue adjudicado inicialmente en 2018 y posteriormente vendido nuevamente en 2020 sin que existiera una cancelación previa de la primera operación.
Contrataciones bajo cuestionamiento
La investigación del CNA también identificó contrataciones de personal que, según el informe, no cumplía con los requisitos académicos y de experiencia establecidos en el manual de puestos del Fosovi.
Entre los casos señalados está el de Belia Marcela Andrade Mejía, quien habría ocupado la jefatura de ingeniería pese a ser pasante universitaria y no contar con título de ingeniería civil. También se menciona a Denis Mauricio Oliva Núñez, contratado como jefe de recursos humanos sin formación relacionada con esa área, y a Marcio Alejandro Zelaya Carranza, quien presuntamente presentó certificados falsos de plataformas internacionales para respaldar su contratación.
Exfuncionarios señalados
El CNA individualizó como presuntos responsables a exdirectores ejecutivos, exadministradores y empleados de distintas áreas del FOSOVI, entre ellos Juan Ramón Cruz Carbajal, Gilberto Ríos Munguía, Nadina Haydee Quiñónez, Ana Carolina Rodríguez Bermúdez, Giancarlo Jocsán Alonzo Godoy y Cinthia Mireya Díaz Barahona.
También fueron señalados encargados del área de Recursos Humanos, entre ellos Aurelio Lagos, Denis Mauricio Oliva Zúniga, Jaffeth Julián Posadas Solís y Claudia Soribel Ramos Martínez, por supuestas responsabilidades relacionadas con fraude a la seguridad social y abuso de autoridad.
El Fosovi fue creado en 1991 mediante el Decreto Legislativo No. 167-91 y su proceso de liquidación fue ordenado mediante el Decreto Ejecutivo PCM-004-2026 como parte de una reestructuración de la administración pública.
El CNA afirmó que la institución funcionó durante años “sin un sistema de control interno capaz de garantizar la legalidad y adecuada ejecución de sus actuaciones administrativas”, por lo que pidió al Ministerio Público investigar los hechos y establecer las responsabilidades administrativas, civiles y penales correspondientes.
