El Ministerio Público ratificó este miércoles su posición como ente acusador en el proceso penal contra el expresidente Juan Orlando Hernández, quien enfrenta acusaciones por los delitos de fraude y lavado de activos en el caso Pandora II.
A través de un comunicado en la red social X, la institución informó que durante la audiencia de declaración de imputado solicitó al juez competente la imposición de detención judicial para Hernández, al considerar la gravedad de los delitos imputados y un posible riesgo de obstaculización de la investigación.
“El Ministerio Público reitera su posición como ente acusador en el caso Pandora II”, señaló la institución en su pronunciamiento oficial.
Según explicó el ente acusador, la solicitud de detención judicial se basó en los elementos recabados durante la investigación y en la consideración de la posible pena que podrían enfrentar los imputados en caso de una resolución condenatoria.
Sin embargo, “el juez de la causa resolvió imponer medidas cautelares distintas a la detención judicial, decisión que corresponde de manera exclusiva al órgano jurisdiccional”, indicó la institución.
El Ministerio Público aseguró que su actuación en el expediente se desarrolla bajo los principios de independencia técnica y funcional, conforme a su mandato constitucional y con el objetivo de representar los intereses de la sociedad hondureña.
Asimismo, aclaró que su participación en el caso Pandora II corresponde a la función de órgano requirente, al haber iniciado las investigaciones y presentado el requerimiento fiscal que dio paso al proceso judicial.
El Ministerio Público reitera su posición como ente acusador en el caso #PandoraII
— Ministerio Público (@MP_Honduras) August 5, 2026
En la audiencia de declaración de imputado, esta institución solicitó al juez de conocimiento la detención judicial del señor Hernández, al considerar la potencial gravedad de la pena por los... pic.twitter.com/xdeZfkzUxZ
La institución también señaló que las declaraciones o actuaciones de otras entidades del Estado relacionadas con el proceso son responsabilidad de esas instituciones y no modifican la posición oficial del Ministerio Público.
“El Ministerio Público confirma que, en la audiencia inicial programada para el 12 de agosto de 2026, presentará ante el juez competente los elementos de prueba correspondientes para sustentar la acusación”, expresó en el comunicado.
La institución reiteró que continuará actuando conforme al Código Procesal Penal y demás normativas aplicables, mientras desarrolla el proceso judicial bajo los mecanismos establecidos por la ley.
Además, el Ministerio Público indicó que toda información oficial relacionada con el caso será comunicada únicamente a través de sus canales institucionales, en apego a los principios de transparencia y legalidad.
JOH se defenderá en libertad
La Justicia de Honduras resolvió este lunes que el expresidente Juan Orlando Hernández enfrente en libertad, en un tribunal ordinario y no ante la Corte Suprema como se planteó inicialmente, el caso de lavado de dinero y fraude por el que está imputado.
El Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó en una audiencia a Hernández "medidas cautelares", entre ellas la de prohibición de salida del país, pero denegó el pedido de la Fiscalía para que el expresidente fuera detenido provisionalmente ante el "peligro de fuga".
JOH retornó el pasado 26 de julio a Honduras, de donde salió extraditado en 2022 a Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado en 2024 a 45 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico. Sin embargo, fue indultado el 1 de diciembre de 2025 por el presidente estadounidense, Donald Trump.
El mismo tribunal programó la audiencia inicial para el próximo 12 de agosto a las 09:00 de la mañana, cuando se determinará si el exmandatario será juzgado por los delitos que le imputa el Ministerio Público (Fiscalía).
Caso Pandora II
La Fiscalía acusa a JOH, de 57 años, de fraude y lavado de dinero en un caso abierto en 2023, relacionado con el presunto desvío de unos 10,8 millones de dólares hacia dos fundaciones entre 2010 y 2013, cuando el exmandatario presidía el Parlamento, fondos que supuestamente habrían sido utilizados para financiar su campaña electoral de 2013.
En este expediente también figura el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), quien obtuvo un sobreseimiento definitivo, además de exdiputados, empresarios y particulares.
