"Me desnudaron todita": denuncian revisiones degradantes en cárceles de Honduras

Aunque los tres años de la intervención de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en los 25 centros penitenciarios del país permitieron una gobernabilidad relativa de las cárceles, las denuncias por violaciones a los derechos humanos continuaron, según registros oficiales y testimonios recopilados por LA PRENSA Premium.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) documentó 458 quejas en 2025, una cifra que mantiene la tendencia de los últimos años.

Las principales denuncias apuntan a restricciones al acceso a la justicia, vulneraciones al debido proceso, abuso de autoridad y tratos crueles, inhumanos o degradantes dentro de los recintos penitenciarios.

Este medio conoció que gran parte de las denuncias registradas está relacionada con revisiones inusuales realizadas por militares a mujeres privadas de libertad, así como a visitantes —incluyendo personas adultas mayores, mujeres y niños—, situación atribuible a la falta de escáneres en los centros penales, equipos que, hasta hace poco, eran prácticamente inexistentes.

La intervención militar se instauró tras la brutal masacre en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (Pnfas), ocurrida el 20 de junio de 2023, que dejó 46 mujeres muertas.

Las autoridades militares intentaron recuperar la gobernabilidad con mano dura, según algunos expertos "al estilo Bukele", lo que ha provocado diversas denuncias de derechos humanos tanto de los privados de libertad, como de sus familiares, en los últimos años.

Otro de los cuestionamientos dirigidos, desde entonces, a la autoridad militar era referente a la falta de claridad en el proceso de transición hacia la administración civil del Instituto Nacional Penitenciario (INP), tal como lo establece la ley.

Sin embargo, el pasado 1 de mayo el Gobierno decidió no prorrogar la intervención militar en el sistema penitenciario y disolvió la Comisión Interventora, dando paso al nombramiento de un mando no militar en funciones: el general retirado Walter Iván Amador.

Sin embargo, el propio Amador aclaró a medios de comunicación que el retiro de los militares de las funciones penitenciarias será un proceso paulatino.

LA PRENSA Premium recopiló crudos testimonios de personas privadas de libertad y familiares que los visitan en los centros penales, quienes denunciaron haber sido sometidos a procesos degradantes por parte de las autoridades militares.

"La última vez a mi abuela la pusieron a hacer cuclillas para constatar que no llevaba nada metido en las partes íntimas, ya a la tercera cuclilla no podía levantarse y dijeron que entonces no iba a entrar, yo la levanté y les dije —a los militares— que no fueran tan salvajes, que eso nunca lo habían hecho", contó Scarleth (nombre ficticio para proteger su identidad).

La fémina contó que puso la denuncia de lo ocurrido ante el Conadeh y que, al salir indignada de la revisión, se dio cuenta que pasaba lo mismo con otras ancianas, quienes eran sometidas a prácticas inusuales “para diversión de los militares”.

Otro de los testimonios recogidos por este medio indica que, continuando con la revisión, los militares desnudan a los bebés que van a ingresar al recinto, le quitan el pañal y le revisan sus partes íntimas para constatar, aparentemente, que no lleven sustancias prohibidas.

"Para mí esto se da por dos razones, primero porque esos hombres (los militares) no están capacitados para tratar con la gente y la otra razón es porque no sirven varios escáneres, ¿por qué no los arreglan y tienen que someterlo a uno a esas prácticas? Son inhumanos, groseros", expresó doña María Fuentes, una señora que ha sido sometida y ha presenciado estas acciones en reiteradas ocasiones.

Isabel (otro nombre ficticio), de 35 años, también decidió compartir su experiencia con LA PRENSA Premium. La fémina explicó que en sus primeras visitas conyugales a su esposo no ocurrió nada sospechoso. Normalmente le han revisado únicamente su brasier, pero la última vez el protocolo fue muy diferente.

“A mí en la visita conyugal me desnudaron toda, todita, todita”, relató con la voz entrecortada. “Cuando entré me dijeron que me quitara todo, entonces me quedé en ropa interior, pero luego los militares me ordenaron que me quitara también el blúmer y el brasier. Yo me quedé helada, paralizada, sin saber qué hacer... no dije nada”, contó.

“Ellos solo me repetían que me apurara, que no les hiciera perder el tiempo, que afuera había una fila grande, entonces me desnudé y se quedaron viendo entre ellos para luego despacharme. En ese momento uno siente que pierde toda dignidad, que deja de ser persona”, añadió.

“Cuando salí de la conyugal me di cuenta de que no había sido la única. Otras señoras también estaban molestas, afectadas por lo mismo”, expresó.

Pero las prácticas no son exclusivas de las visitas, "adentro la cosa pinta peor", dicen los testimonios recopilados por este medio. "Aquí es terrible, nos desnudan y nos ponen a hacer cuclillas para cersionarse que no nos hemos metido nada en las partes íntimas, mientras nos insultan", confió una privada de libertad.

LA PRENSA Premium conoció en detalle los casos, pero omite su descripción por razones de prudencia y respeto a las víctimas.

"Después, las militares se ponen guantes y comienzan a revisarnos las partes íntimas a una por una, sin cambiarse el guante que utiliza nos introduce los dedos como para buscar algo", agregó.

Según las denuncias, estas prácticas ocurren con normalidad en la cárcel de Ilama, Santa Bárbara, conocida como "El Pozo"; en "La Tolva", en Morocelí, El Paraíso; en la cárcel de Támara; y en PNFAS, en la capital

Este medio intentó programar una entrevista con los entonces comisionados Othoniel Gross, Erwin Lara y Raúl Fuentes antes de su separación, para consultar sobre estas denuncias, pero a pesar de la insistencia a través de relaciones públicas no hubo respuesta.

Las denuncias recopiladas por este medio y por organismos en defensa de los derechos humanos contrastan con lo establecido en la normativa nacional, pues la Ley del Instituto Nacional Penitenciario (INP) prohíbe expresamente prácticas que vulneren la dignidad humana.

Su artículo 4 establece que "se prohibe someter a las personas privadas de libertad a torturas y a cualquier trato cruel, inhumano o degradante u otro lesivo a su dignidad. Quienes ejecuten, ordenen o toleren dichas actuaciones estarán sujetos a las sanciones previstas en el Código Penal".

Asimismo, el artículo 8 obliga al sistema penitenciario a garantizar el acceso a asistencia jurídica, precisamente uno de los derechos más denunciados como vulnerados en las quejas registradas.

De forma aún más específica, el artículo 87, numeral i), prohíbe someter a los reclusos a regímenes de carácter militar, mientras que el artículo 114 establece que todos los registros y requisas deben realizarse con respeto a la dignidad humana.

"Todos los registros y requisas que se realicen para preservar la seguridad general en los establecimientos penitenciarios y que se practiquen en las personas de los internos, sus pertenencias y locales que ocupen, deberán ser efectuados con respeto a la dignidad humana y estricto apego a la Ley y las disposiciones reglamentarias que se establezcan", menciona el artículo 114.

Sin embargo, los testimonios y cifras oficiales sugieren una brecha significativa entre lo que dicta la ley y lo que ocurre en la práctica. Esto, a pesar de que, en su nombramiento, el extitular de la Comisión Interventora, coronel Othoniel Gross, aseguró que “se continuará con el irrestricto respeto a los derechos humanos, eso es lo más importante que nosotros vamos a mantener”.

Gross fue nombrado en enero de 2026, tras la salida coronel Ramiro Muñoz de la presidencia del INP y de la PMOP. A inicios de marzo, Muñoz asumió como nuevo director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).

Por su parte, el recién nombrado director del INP expresó que se mantendrá un "control humanizado, respetando todas las reglas nacionales e internacionales, los tratados internacionales, pero también un control firme".

"Es sumamente preocupante recibir quejas sobre registros intrusivos e invasivos en los centros penitenciarios, teniendo en cuenta que la mayoría de los visitantes son mujeres, niños y adultas mayores, entre otros grupos de vulnerabilidad", señaló Joselin Padilla, oficial de la Defensoría de Personas Privadas de Libertad del Conadeh.

En conversación con LA PRENSA Premium, la entrevistada dijo que "entendemos que en los centros penales es necesario implementar medidas de seguridad para evitar el ingreso de ilícitos o estupefacientes, pero esos procesos deben estar apegados a criterios de necesidad y proporcionalidad, además de estándares internacionales de respeto a la dignidad humana", agregó.

El Conadeh ha remitido varios casos al Ministerio Público, mientras insiste en la necesidad de reparar diversos escáneres para evitar inspecciones físicas invasivas. "El llamado es al INP a que tengan la intención de reparar los escáneres, ya que este es un medio alternativo a los registros intrusivos", puntualizó.

Además, subrayó que, a pesar de la parcial recuperación de la gobernabilidad penitenciaria, todavía persisten problemas históricos como el hacinamiento, la falta de servicios básicos y la débil garantía del debido proceso.

Para Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), las prácticas denunciadas reflejan fallas graves del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

La defensora cuestiona el rol pasivo del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (Conaprev), al que acusa de no realizar inspecciones ni emitir informes oportunos.

“En las cárceles hay torturas en las noches, les echan agua y un montón de cosas, que incluso gases lacrimógenos les van a dejar a las celdas, es un ambiente de terror dentro de las cárceles”, afirmó.

También denunció la falta de acceso a organizaciones de derechos humanos y la estigmatización de quienes intentan documentar abusos, así como la ausencia de protocolos que garanticen la dignidad de mujeres y población LGBTIQ+.

Meza insistió en la necesidad de una veeduría independiente y en que el Estado rinda cuentas ante instancias internacionales.

En contraste, el criminólogo Gonzalo Sánchez defendió las medidas implementadas bajo control militar, argumentando que responden a una necesidad histórica de frenar el ingreso de armas y drogas.

“Ha sido una costumbre que siempre han introducido drogas y armas utilizando incluso partes íntimas. Estos registros buscan evitar eso”, sostuvo.

Desde su perspectiva, las denuncias responden a la incomodidad de quienes antes operaban con mayor libertad dentro de los centros penales y considera que la “mano dura” ha sido efectiva para reducir riesgos internos y que el enfoque debe mantenerse.

Este medio conoció que, en febrero pasado, el INP adquirió 16 escáneres de nueva generación, los cuales -según informaron- han sido instalados de manera progresiva en varios centros penales, aunque las autoridades no han especificado cuáles.

Se trata de seis equipos de tipo body scan, cuadros dispositivos spectrum 100/100 y seis escáneres móviles, los cuales incorporan sistemas de alta resolución e inteligencia artificial.

Las víctimas esperan que con ello no sigan los abusos en los protocolos de revisión de las visitas. Además, señalan que, al interior de los recintos -donde no intervienen estos dispositivos-, las torturas contra las personas privadas de libertad parecen intensificarse y volverse cada vez más crueles.