La organización internacional Article 19 México y Centroamérica denunció que la titular de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), Leda García, profirió una serie de amenazas contra la periodista Dina Meza y el defensor Jorge Jiménez, en medio de cuestionamientos sobre el funcionamiento del Mecanismo Nacional de Protección.
Según la información documentada, los hechos se registraron el 24 de abril durante una reunión realizada en las instalaciones de la SEDH.
En ese encuentro, la funcionaria habría advertido que podría presentar denuncias penales contra Meza, directora ejecutiva de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU).
Asimismo, se habría planteado el retiro de medidas de protección a Jorge Jiménez, presidente de la Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH), lo que, según la organización, incrementaría su nivel de riesgo.
La situación surge tras cuestionamientos públicos realizados el 13 de abril por ASOPODEHU y JOPRODEH.
🇭🇳 Secretaría de Derechos Humanos de #Honduras criminaliza la libertad de expresión y amenaza con retirar medidas de protección a a Jorge Jiménez, presidente de la Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos.
— ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) May 5, 2026
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Ambas organizaciones expresaron preocupación por el nombramiento de Cristóbal Martínez como titular del Mecanismo Nacional de Protección, así como por la posibilidad de delegar a terceros el análisis de riesgo, una función que por ley corresponde al Estado.
En ese contexto, también se enviaron solicitudes formales para sostener reuniones con autoridades. Ese mismo día de la reunión, la periodista Dina Meza publicó el reportaje titulado: “Agenda Oculta: El Consejo Nacional de Protección podría haber discutido la privatización de los análisis de riesgo en el Mecanismo Nacional de Protección”.
Según el testimonio de Meza, compartido con organizaciones internacionales, la reunión se desarrolló en un ambiente de tensión. La funcionaria le habría expresado: “Se retracta o la querello”, además de señalar que “la libertad de expresión viola los derechos humanos”.
Estas declaraciones han sido interpretadas como un intento de intimidación por el ejercicio del periodismo investigativo en temas de interés público.
Rol del Mecanismo de Protección
El Mecanismo Nacional de Protección es la instancia estatal encargada de garantizar la vida, integridad y libertad de personas en riesgo por su labor, especialmente periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia.
De acuerdo con la normativa vigente, el análisis de riesgo debe realizarse bajo criterios técnicos por la Dirección General del Sistema de Protección, evaluando factores como causalidad, proporcionalidad y temporalidad para determinar medidas adecuadas.
Las organizaciones sostienen que cualquier intento de externalizar este proceso podría debilitar la eficacia del sistema y comprometer la seguridad de las personas beneficiarias.
La organización Article 19 advirtió que las amenazas de acciones penales y el posible retiro de medidas de protección podrían constituir violaciones tanto a la legislación nacional como a estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Asimismo, recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el uso del derecho penal para sancionar expresiones críticas es desproporcionado y puede generar efectos inhibidores en la libertad de prensa.
En ese sentido, citó precedentes como los casos Herrera Ulloa vs. Costa Rica (2004), Kimel vs. Argentina (2008) y Tristán Donoso vs. Panamá (2009), donde se concluye que el derecho penal no debe utilizarse para silenciar críticas sobre asuntos de interés público.
