Un fuerte remezón institucional se ejecutó de forma discreta en dos estructuras sensibles del Estado: la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional (Sipena) y la Fuerza Naval de Honduras.
Las decisiones emanaron directamente desde el Poder Ejecutivo y del alto mando de las Fuerzas Armadas (FF AA).
Fuentes de este rotativo informaron sobre reuniones sostenidas en los últimos días entre jerarcas militares y altos funcionarios, con el objetivo de definir el futuro de la administración y funcionamiento del Instituto Nacional Penitenciario (INP), así como de la comisión interventora que lo dirige y los cambios a ejecutar en la Naval.
Las acciones más inmediatas se tomaron en la Fuerza Naval, donde se destituyó como comandante al capitán de navío Ricardo de Jesús Dubón Cabrera, quien habría sido separado de la institución por diferencias con jefes de unidades dentro del estamento militar.
De acuerdo con las fuentes consultadas por este rotativo, Dubón Cabrera no contaba con el respaldo total de la cúpula militar y, además, estaba en el radar de autoridades de Estados Unidos por supuestas irregularidades cometidas en cargos anteriores.
Según las fuentes, el cambio de mando se habría realizado alrededor de las 6:00 de la tarde del 1 de mayo, en las instalaciones de la Comandancia General de la Fuerza Naval, en Comayagüela.
Como nuevo comandante de la Naval asumió el capitán de navío Juan Antonio de Jesús Rivera, quien se desempeñó como inspector de la institución entre 2021 y 2022.
Rivera integra la promoción 29 de oficiales, actualmente en funciones de mando dentro de la institución.
Entre oficiales de la institución surge la interrogante sobre por qué un cambio de esta magnitud se realizó en un día festivo, el Día del Trabajador, mediante una ceremonia discreta.
Cárceles
En el sistema penitenciario, se disolvió la Comisión Interventora y se nombró al general en condición de retiro Walter Irán Amador Lacayo al frente del Instituto Nacional Penitenciario.
Los coroneles que han administrado las cárceles desde enero de 2026 serán puestos a disposición, debido a denuncias en su contra y a su participación en conflictos durante el último proceso electoral.
Según fuentes consultadas, estos oficiales tampoco gozan de la confianza de las actuales autoridades militares ni del gobierno, ya que seguían órdenes del exjefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández.
El presidente de la Comisión Interventora del INP es el coronel de caballería Othoniel Gross Castillo, sobre quien pesa una denuncia formal presentada en enero de 2026 ante el Ministerio Público (MP) por asociaciones de reservistas, entre ellas la vinculada a Hernández.
Una fuente afirmó además que desde el Ejecutivo tampoco existe satisfacción con la gestión de Gross Castillo ni de los otros dos coroneles que integran la interventora, debido a la falta de control de la delincuencia desde los centros penitenciarios.
El otro interventor es el coronel de infantería Erwin Roberto Lara Franco, quien durante la administración de Roosevelt Hernández fue director de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas y estuvo al frente de la política editorial de los medios institucionales.
Sobre Lara Franco pesan denuncias del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), luego de que señalara a comunicadores como “sicarios de la información”, lo que fue considerado un acto de intimidación.
El tercer integrante de la Comisión Interventora es el coronel de artillería Raúl Alexis Fuentes Borjas, quien —según las fuentes— habría solicitado al Consejo Nacional Electoral (CNE) copia de actas del proceso electoral de noviembre de 2025, en un contexto de tensión.
Fuentes Borjas se desempeñó como oficial enlace de las FFAA ante el CNE y seguía directrices de Hernández, en el marco del proceso electoral.
De acuerdo con una fuente, la expresidenta Xiomara Castro juramentó a la Comisión Interventora el 5 de enero de 2026, días antes de entregar el poder al actual mandatario, Nasry Asfura.
Dentro de la institución armada, algunos sectores consideran que el nombramiento de Gross Castillo, Lara Franco y Fuentes Borjas respondió a una estrategia para protegerlos tras su participación en acciones cuestionadas durante las elecciones de 2025.
Previo a los comicios, también se manejó la posibilidad de que Roosevelt Hernández asumiera como ministro de Defensa si el partido Libertad y Refundación (Libre) continuaba en el poder, mientras otros oficiales cercanos ocuparían cargos dentro de la estructura gubernamental.
