Acoso sexual, abuso y L8 millones desaparecidos rodean al coronel Juan Carlos Castillo

"¡Salite de aquí, mi**da, pe**a basura! No servís para nada", gritaba el entonces director del Centro Penitenciario Nacional de Támara (CPNT), coronel Juan Carlos Osorto Castillo, según relatan varias trabajadoras, cuando estas rechazaban sus presuntas exigencias de carácter sexual.

Para algunos era una escena cotidiana dentro del principal centro penitenciario del país, pero para varias mujeres representó meses de miedo, humillaciones y presuntos abusos cometidos por un funcionario que concentraba poder dentro de la institución.

La Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium recopiló diversos testimonios de mujeres que trabajaron bajo las órdenes de Osorto Castillo y que, por temor a represalias, solicitaron resguardar su identidad. El coronel reconoció tener conocimiento de una de las denuncias, pero negó los señalamientos.

Sus relatos coinciden en un patrón de presunto acoso sexual, expresiones degradantes, abuso de autoridad y un ambiente de intimidación permanente que, según afirman, se instaló durante su gestión. Se omiten detalles de sus declaraciones debido al contenido explícito de las denuncias.

"Él nos exigía tener relaciones sexuales con él. No era una insinuación ni lo decía en broma, lo decía como una orden y esperaba obediencia. Cuando uno se negaba comenzaba lo bueno, empezaban los insultos, las amenazas y las humillaciones frente a los demás", relató una de las víctimas.

"Lo escuchaban compañeros, militares, personal administrativo e incluso privados de libertad que no me dejan mentir. Él disfrutaba exhibiendo su poder, tocándolo a uno delante de todos y quería que todos supieran quién mandaba ahí y que nadie podía cuestionarlo", afirmó.

Otra de las víctimas aseguró que las conversaciones con el entonces director rara vez se alejaban de comentarios sexuales.

"Siempre hablaba de sexo. Decía lo que quería hacer conmigo... hacía comentarios sobre mi cuerpo, mis piernas y repetía que las mujeres no servíamos para trabajar, que solo éramos buenas para...", manifestó.

Una tercera víctima aceptó brindar su testimonio a este medio. Sin embargo, parte de su relato fue omitido en este reportaje debido al contenido explícito de las expresiones que, según denuncia, eran utilizadas por el exdirector.

"Es que los saludos, los abrazos y cualquier acercamiento tenían una intención, él siempre buscaba tocar más de la cuenta. Yo le tengo miedo a ese hombre porque sé hasta dónde es capaz de llegar. Cuando yo rechazaba sus acercamientos comenzaban los insultos, me decía 'hija de pu..., no sabés quién soy', 'salite de aquí, mier..., perra basura, me estorbás', 'no servís para nada'", relató.

Las denuncias forman parte de una serie de señalamientos que dibujan un patrón de conducta que, según las víctimas y fuentes consultadas, permaneció durante ocho meses bajo una cultura de silencio y temor.

Las víctimas entrevistadas coincidieron en que el temor por sus vidas y las de sus familiares les impidió interponer denuncias formales contra el exdirector.

Durante una conversación con LA PRENSA Premium en el marco de esta investigación periodística, Osorto Castillo rechazó los señalamientos en su contra y se refirió únicamente a una de las acusaciones, cuya existencia reconoció: “La muchacha dice que yo la acosaba sexualmente. Ella es una dama; para algunas personas puede ser atractiva, bueno, para mí no lo es”.

Por otro lado, una fuente oficial reveló a este medio que, en una ocasión, Osorto habría enviado un video con contenido sexual explícito a un canal de WhatsApp de autoridades penitenciarias. “Si así se comportaba con sus compañeros, se imagina cómo era con los demás verdad”, expresó.

A los señalamientos de acoso sexual, abuso de autoridad y un desfalco de al menos ocho millones de lempiras en los economatos que operan en la cárcel de Támara, caso por el que actualmente permanece en condición de disponibilidad dentro de las Fuerzas Armadas, según reveló LA PRENSA Premium, se suman denuncias que apuntan a un supuesto patrón de violencia contra personas privadas de libertad.

De acuerdo con la fuente, en 2023 Osorto Castillo fue nombrado director del centro penitenciario de máxima seguridad conocido como "El Pozo", ubicado en Ilama, Santa Bárbara. Sin embargo, su permanencia en el cargo duró apenas un par de días tras un incidente relacionado con la muerte de un recluso.

“Venía empezando lo de la mano dura en las cárceles, los militares les propinaban palizas a varios privados de libertad y los trataban muy mal. Eso fue lo que ocurrió con José Ernesto Herrera Madrid, quien falleció luego de una golpiza propinada por cuerpos militares. Por eso fue que a Osorto lo removieron del cargo, según lo que se maneja internamente”, reveló la fuente.

LA PRENSA Premium tuvo acceso al informe oficial elaborado tras la muerte de Herrera Madrid, donde se establece que el 29 de junio de 2023 personal de seguridad reportó que "el privado de libertad presentaba complicaciones de salud durante una requisa realizada en el módulo número uno del centro penal".

"El médico de turno se trasladó inmediatamente al lugar para brindarle asistencia y, al percatarse de sus signos vitales imprecisos, procedió a evacuarlo de emergencia hacia el Hospital Integrado de Santa Bárbara, pero al llegar, el médico de turno informó que ya no tenía signos vitales", detalla el reporte.

Sin embargo, fotografías del cuerpo a las que tuvo acceso este medio y que no serán publicadas por respeto a la dignidad de la víctima y su familia muestran a Herrera Madrid con rastros de sangre en la boca y pequeñas lesiones visibles en algunas partes del cuerpo.

Debido a la gravedad de los señalamientos, LA PRENSA contactó al coronel Osorto para conocer su versión, a lo que respondió molesto: "Bueno, investigue. Realmente desconozco cuál es su interés en mi persona, pero investigue entonces". Segundos después, finalizó la llamada de manera abrupta.

Luego de que LA PRENSA Premium publicara el reportaje “Fuga de L8 millones en economatos de la cárcel de Támara tras fallido sistema de tarjetas”, las autoridades de las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público confirmaron la apertura de una investigación formal sobre el caso.

El sistema de tarjetas fue implementado en mayo de 2025 como una medida orientada a modernizar el manejo de los economatos y eliminar el uso de dinero en efectivo entre la población privada de libertad.

El mecanismo consistía en tarjetas con firma y sello oficial de la dirección del centro penal, con valores de 20, 100, 200 y 500 lempiras, que únicamente podían ser adquiridas por familiares de los internos para la compra de alimentos, artículos de higiene y otros productos autorizados dentro del recinto.

Sin embargo, la investigación señala que una gran cantidad de tarjetas habrían sido emitidas fuera de los controles establecidos y posteriormente comercializadas a privados de libertad, lo que habría permitido la captación de fondos millonarios por parte de Osorto Castillo, sin que estos ingresos fueran registrados en la contabilidad oficial del sistema penitenciario.

Las inconsistencias comenzaron a evidenciarse cuando se detectó una considerable deuda con proveedores del economato, una situación que no guardaba relación con los registros de circulación de tarjetas ni con la disponibilidad de fondos para la reposición de mercadería.

Este medio consultó a las autoridades antes de la publicación del reportaje; sin embargo, el caso se manejó bajo estricto hermetismo, ya que ni el Instituto Nacional Penitenciario (INP) ni las Fuerzas Armadas (FF. AA.) brindaron declaraciones previo a la publicación.

El impacto del caso derivó en la suspensión de Osorto Castillo y en la paralización del sistema de tarjetas en abril de 2026, lo que llevó a las autoridades a retomar nuevamente el uso de efectivo dentro del penal, sin explicaciones.

El coronel se encuentra actualmente en condición de disponibilidad, sin funciones asignadas, a la espera de que finalicen las investigaciones abiertas dentro de la institución.

Sin embargo, no está claro si el proceso se limitará al desfalco, que según fuentes, podría incluso superar los L8 millones, o si también se profundizará en los señalamientos de acoso sexual y abuso de autoridad que han surgido en su contra.

Para conocer la postura oficial del Instituto Nacional Penitenciario (INP), LA PRENSA gestionó una entrevista con su director, el general en condición de retiro Walter Amador Lacayo.

Pero a pesar de las constantes solicitudes realizadas por este medio, el funcionario evitó concederla.