San Pedro Sula, Honduras. Las fuerzas de seguridad hondureñas mantienen constantes operaciones para localizar y capturar a integrantes de las estructuras criminales calificados como terroristas.
Una de las tres agrupaciones a las que la Secretaría de Seguridad ha dado esta calificación, debido a su alto grado de violencia y peligrosidad, es la banda del Cartel del Diablo. Según las autoridades, esta estructura opera en la zona sur del departamento de Yoro y parte de Francisco Morazán.
La ofensiva policial contra esta organización ha permitido asestar duros golpes a su accionar delictivo. Solo el 4 de noviembre de 2026, 23 de sus presuntos integrantes fueron capturados durante operaciones desarrolladas en los municipios de Yorito, Victoria y Sulaco, en Yoro.
Todos ellos permanecen recluidos en cárceles de máxima seguridad en Támara, Francisco Morazán, mientras enfrentan procesos judiciales por su supuesta participación en los delitos de asesinato en perjuicio de varias víctimas, extorsión, femicidio agravado (por el caso de una mujer a quien habrían degollado), tentativa de asesinato y asociación terrorista.
Entre las más de 50 evidencias presentadas por el Ministerio Público (MP) contra los 23 imputados durante la audiencia inicial, desarrollada el 10 y 11 de noviembre, destacan videos obtenidos de los vaciados telefónicos. En estos se observa a varias de las supuestas integrantes posar y jugar con las cabezas de las víctimas.
Secuestros atribuidos
Las diligencias realizadas por la Unidad Nacional Antisecuestro (Unas), adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), indican que la banda del Cartel del Diablo también estaría vinculada con varios delitos de secuestro agravado. Todos los hechos ocurridos en el departamento de Yoro.
De acuerdo con información proporcionada por las Unas, en lo que va de 2026, esta estructura habría participado en cuatro secuestros. Dos de las víctimas fueron encontradas sin vida y otras dos continúan desaparecidas, una de ellas de nacionalidad estadounidense. Según los investigadores, las familias pagaron sumas elevadas por los rescates.
El primer secuestro que se le atribuye es el de Teodoro Felipe Dubón Flores, de aproximadamente 25 años, quien fue privado de su libertad el 11 de febrero. Las investigaciones indican que el joven fue interceptado alrededor de las 11:00 am por varios individuos a una cuadra de una estación policial en Sulaco.
Posteriormente, los captores exigieron a la familia 1.6 millones de lempiras por su liberación. Sin embargo, pese a que realizó el pago, Dubón Flores fue encontrado sin vida al día siguiente, en una zona entre las comunidades de El Jaral y Siguapa, siempre en Sulaco. La víctima presentaba varias heridas provocadas por arma de fuego.
Por este hecho permanecen en prisión preventiva, mientras enfrentan un proceso judicial por el delito de secuestro agravado, Elvin Joel Palma, Eduin Eraldo Palma Banegas, Wilder Fernández Caballero, Carlos Daniel Palma Murillo y Jarol Alexander Rodríguez Hernández.
Un pastor y cafetalero
Otro de los casos ocurrió el lunes 20 de abril, cuando un grupo de hombres interceptó y privó de su libertad a Óscar Núñez, pastor evangélico y productor de café. El religioso se conducía en su vehículo rumbo a su propiedad en el sector de Mina Honda, municipio de Yorito, de donde era originario y residente.
Dos días después, su cuerpo fue encontrado en una zona montañosa de la aldea Agua Blanca, sector Ojo de Agua, en el municipio de San José del Potrero, Comayagua.
Aunque inicialmente los secuestradores exigieron cinco millones de lempiras a los familiares del pastor a cambio de su liberación, el DPI informó que estos solo pagaron 1.5 millones.
El 27 de abril, la Policía detuvo en Marale, Francisco Morazán, a Eduin Eraldo Palma Banegas, alias Puñal, como supuesto participante en la muerte de Núñez. Según los investigadores, Palma Banegas sería el encargado de realizar las negociaciones para el pago del rescate.
Además de alias Puñal, las autoridades capturaron el 12 de mayo a Wilder Fernández Caballero, alias Sanguinario, y el 17 de mayo a Elvin Joel Palma Hernández, alias Demente. A este último también se le vincula con el secuestro de Teodoro Felipe Dubón.
Un empresario
La tercera víctima, cuyo paradero aún se desconoce, es Edwin Mauricio Castro, propietario de la empresa Agua Los Jazmines.
El secuestro de Castro ocurrió al mediodía del jueves 30 de julio en Sulaco, luego de que viajara a otra zona tras recibir una llamada relacionada con un trabajo. El vehículo del empresario fue encontrado totalmente calcinado el 1 de agosto en el sector de Las Balitas, en la comunidad de Ayapa, municipio de Yoro.
La Unas indicó que la familia de Castro pagó 137,000 lempiras a los secuestradores a cambio de su liberación, aunque sus captores habían solicitado tres millones.
Como presunto participante en este hecho, permanece recluido en un centro penal Jhoel Salomón Pineda García. Fue capturado el 6 de agosto en la aldea La Trinidad, municipio de Yoro, y es acusado del delito de secuestro agravado en perjuicio del empresario.
Una empresaria y ciudadana estadounidense
La cuarta víctima es Blenda Jaqueline Amador Domínguez (de 49 años), cuyo secuestro ocurrió el 6 de agosto en el barrio Nueva Esperanza, en Yorito.
El informe investigativo indica que Amador Domínguez, quien también era ciudadanía estadounidense, visitaba a familiares en El Negrito tras viajar desde Estados Unidos. Su secuestro ocurrió cuando se trasladó al municipio de Yorito para visitar a otros parientes. La mujer se dedicaba al envío de encomiendas entre Nicaragua, Honduras y Estados Unidos.
Según las Unas , la familia de la empresaria pagó 103,000 lempiras luego de que sus captores se comunicaran con ellos para exigirles el rescate. Hasta la fecha, se desconoce el paradero de Blenda Amador.
Acusado de este hecho, la Unas capturó el 26 de octubre en Sulaco a Cristian Jonás Córdova Ramos ( de 22 años). Según los investigadores, este sería uno de los presuntos cobradores de los secuestros cometidos por el Cartel del Diablo.
