San Pedro Sula, Honduras. El jueves 29 de octubre de 2026 concluyó la audiencia inicial, en su etapa de conclusiones, en contra de 11 empleados y exempleados del Banco Central de Honduras (BCH), a quienes el Ministerio Público (MP) vincula con la supuesta sustracción de más de 88 millones de lempiras de esa institución estatal.
Los acusados son Arlen Fernando Cerrato Díaz, gerente del BCH en San Pedro Sula; Virgilio Antonio Villalobo Gálvez, exjefe de la División de Operaciones; Ana Cristina Oliva Cáceres, exgerente del BCH en San Pedro Sula; Aracely O'Hara Guillén y Carlos Fernando Ávila Hernández, quienes actualmente se desempeñan como gerentes del Banco Central en Tegucigalpa.
Además de Alex Geovani Caballero Altamirano, Luis Arturo Avilés Moncada, Edgardo Antonio Álvarez Molina, Horacio Armando Laínez Pineda, Williams Edgardo Arévalo Rodríguez y Marco Tulio Nájera, todos vinculados a áreas operativas y administrativas de la institución.
Según la acusación presentada por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, los imputados son señalados por el presunto delito de malversación imprudente. La Fiscalía sostiene que habrían incurrido en actuaciones negligentes en el manejo y control de recursos públicos, lo que habría permitido la sustracción irregular de fondos estatales.
El caso específico por el que son procesados los 11 imputados, está relacionado con el de Francia Sofía Medina, exfiscal de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, quien fue declarada culpable por unanimidad el pasado 27 de mayo.
El tribunal concluyó que tuvo participación directa en la apropiación de evidencia valorada en más de 88 millones de lempiras que permanecían en calidad de depósito en las bóvedas del BCH, en San Pedro Sula.
De acuerdo con el Ministerio Público, Medina acudió en 42 ocasiones a la institución bancaria para solicitar la entrega de determinadas cantidades de dinero que constituían evidencia. La Fiscalía sostiene que logró retirar fondos en 39 de esas ocasiones, en dólares, euros, pesos colombianos, pesos mexicanos, quetzales y lempiras, además de evidencia de alto valor monetario.
La Fiscalía sostiene que los retiros fueron autorizados y entregados a la exfiscal por los 11 funcionarios acusados, soslayando los requisitos y procedimientos internos establecidos en los lineamientos del depósito y custodia de bienes incautados que ingresan y egresan de la institución bancaria.
Postura del MP y la defensa
Durante la audiencia inicial, que se extendió por varias semanas, tanto la Fiscalía como la defensa presentaron sus respectivos medios de prueba.
El Ministerio Público aseguró que presentó 15 medios de prueba para acreditar el delito atribuido a los 11 imputados. Por ello, solicitó que se dicte un auto de formal procesamiento y que se mantengan las medidas cautelares impuestas durante el proceso, que les permiten defenderse en libertad. También pidió la suspensión de sus cargos, con fundamento en el artículo 173, numeral 12, del Código Procesal Penal.
Por su parte, la defensa solicitó el sobreseimiento definitivo al argumentar que los funcionarios y exempleados actuaron conforme al reglamento que rige los procedimientos de entrega de evidencia. La resolución judicial correspondiente quedó prevista para el próximo 3 de diciembre.
La defensa sostiene que actuaron conforme al reglamento
Jair López, representante legal de los funcionarios y exempleados del BCH, explicó a LA PRENSA los lineamientos institucionales que, según afirmó, siguieron sus representados al entregar bienes incautados o evidencias a la exfiscal Francia Sofía Medina. A juicio del abogado, las pruebas presentadas respaldan la postura de la defensa frente al delito que les imputa el Ministerio Público.
López indicó que durante la audiencia inicial se presentaron 28 medios de prueba documental, dos dictámenes periciales y ocho declaraciones. Entre los documentos expuestos mencionó el reglamento del BCH que establece el procedimiento para solicitar la entrega de bienes incautados, el cual, según sostuvo, cumplieron sus representados al entregar la evidencia a la exfiscal.
En particular, el subproceso 6 del reglamento establece que “recibe solicitud de entrega de bienes incautados en custodia mediante nota u oficio debidamente autorizado por la autoridad competente de la Secretaría de Seguridad, Ministerio Público, Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) u órgano jurisdiccional competente (juzgados)”.
“En este caso, ella (Francia Sofía) era la autoridad competente del Ministerio Público. La normativa no dice Fiscal General, no dice Fiscal Adjunto, no dice director de fiscales, por eso, esta era la normativa aplicable a los retiros que efectuaba la abogada Francia Sofía. Todas las notas iban dirigidas al Banco Central e iban firmadas por ella y por Inmer Maradiaga, jefe noroccidental de la Fiscalía del Crimen Organizado, con lo cual, eran autoridades competentes”, recalcó López.
Y continuó: “el proceso es coherente con la misma ley del Ministerio Público que en su artículo 3 indica que sus funciones no podrán ser impedidas por ninguna autoridad. En el artículo 5 indica que sus servidores y funcionarios ejercen su actividad en la jurisdicción y competencia asignados. Desde el 11 de marzo de 2016 al 26 de julio de 2023, Francia Sofía estuvo asignada a la Fiscalía Contra el Crimen Organizado. Y en el artículo 9 que dice que, para intervenir legalmente, les basta a los miembros del Ministerio Público, comparecer ante instituciones u organismos público".
Asimismo, citó el artículo 147 del Código Procesal Penal, que establece que “las autoridades y funcionarios públicos colaborarán con los jueces, el Ministerio Público y la Policía Nacional, en el cumplimiento de sus cometidos, para lo cual tramitarán sin dilación, los requerimientos que les formulen”.
A partir de esos argumentos, el abogado sostuvo que “de tal manera, el proceso que siguieron mis representados es coherente con la propia normativa del Ministerio Público”.
La defensa cuestiona la pericia del Ministerio Público
En relación con la falsificación de la firma de Inmer Maradiaga, jefe noroccidental de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, en documentos utilizados para retirar evidencia y, cuyo delito también se le acreditó en su juicio a Francia Medina, López dijo que el mismo MP emitió un dictamen en el que reconoció que las firmas de Maradiaga en los oficios eran falsas.
“Parte de la carga probatoria que presentamos está un dictamen del mismo MP donde se reconoce que en estos oficios la firma de Inmer Maradiaga estaba falsificada y la Fiscal era quien las usaba, porque la firma de ella si es correcta. Entones dejaba aparentar que contaba con el visto bueno y evidentemente, no puede haber imprudencia de los funcionarios del banco, cuando existía un acto de falsedad dando apariencia de legitimada de los retiros. Con propia prueba del MP se acreditó ese extremo”, dijo el togado.
El profesional del derecho también afirmó que durante la audiencia se evidenció un error en una pericia presentada por el Ministerio Público. Según su explicación, la perito utilizó el subproceso 3, relacionado con la entrega de depósitos en custodia, en lugar del subproceso 6, que corresponde a la entrega de bienes incautados y que sería el aplicable a las actuaciones de la exfiscal.
“La peritó del MP se equivocó en el subproceso aplicable y por eso su pericia fue tan mala que ella dijo en la audiencia que podía hasta corregirla. Es precisamente en esto que la Fiscalía fundamentó la acusación en contra de mis representados”, manifestó el abogado Jair López, quien además desmintió que el Ministerio Público haya presentado 15 medios de prueba documental como lo refirió en un comunicado una vez concluida la audiencia inicial.
El BCH solicitó un mejor control
López señaló que el 18 de noviembre de 2019, el 21 de mayo de 2021, el 15 de octubre de 2021 y el 4 de enero de 2022, el gerente del BCH envió notas al Ministerio Público para solicitar un mayor control sobre el retiro de evidencias y la elaboración de un inventario de expedientes e incautaciones que permanecían en las bóvedas de la institución.
“El gerente del banco giró en su momento estas notas para tratar de poner un poco de orden por los abusos que se cometían por parte de funcionarios del MP en el manejo de las evidencias. Él proponía que fuera el Fiscal General, Fiscal Adjunto y Director de Fiscales quienes emitieran las órdenes de retiro de evidencia, pero eso nunca llegó a constituirse en un acuerdo entre ambas instituciones”, dijo.
Y prosiguió, “el MP nunca tuvo el interés de revisar sus expedientes donde tenía evidencia del Banco Central y que, si lo hubiese hecho, hubiese tenido una actualización de inventario y seguramente esta fiscal no se hubiera aprovechado de ese desorden para obtener información de los casos y presentar la solicitud al Banco Central”.
Sobre esta falencia, López refirió que se presentó como prueba en la audiencia, un ejemplo ocurrido en 2022 en donde la Fiscalía emitió una nota donde eximía de toda responsabilidad al BCH debido a que una evidencia que databa desde 2011, no contaba con el expediente, recibo de custodia original ni copia de la cadena de custodia.
“Se exonera de toda responsabilidad al Banco Central de Honduras en relación a la pérdida de dichos documentos, ya que es responsabilidad de esta sede fiscal debido al mal manejo de los expedientes... Se solicita que dicha evidencia sea entregada a la abogada Francia Sofía Medina Martínez, encargada de las evidencias que serán retiradas, siendo que la fiscal que emitió la evidencia antes descrita ya no labora en esta institución”, detalla el oficio de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado.
El defensor sostiene que este antecedente respalda la posición del BCH y que la institución solicitó autorización del fiscal general para entregar la evidencia a Medina.
De acuerdo con un recuento de retiros elaborado por el BCH, antes del 2 de mayo de 2014, fiscales especiales, coordinadores y directores regionales realizaron 57 retiros de evidencias. A partir de esa fecha, funcionarios de esas mismas áreas efectuaron 92 retiros, mientras que el director general de fiscales realizó siete. Según López, estas estadísticas también fueron presentadas como parte de las pruebas de descargo durante la audiencia inicial.
“El propio Ministerio Público sabe que sus fiscales están facultados para solicitar esos retiros. Y no solo es del caso particular de Francia Sofía, muchos fiscales de Crimen Organizado tuvieron esa misma conducta. Todos ellos eran autoridades competentes y según el proceso, la firma y solicitud de ellos es el único requisito que se requiere para el retiro de evidencia”, dijo.
Finalmente, López manifestó que espera que la jueza que conoce la causa resuelva con independencia y con base en las pruebas presentadas y la legislación aplicable.
“Eso es lo único que pedimos y creo que en esta audiencia ha existido prueba suficiente y coherente de nuestra parte, con lo cual esperamos que la juez se apegue únicamente a la ley. Estamos confiados de que, de ser así, se dicte una resolución desconociendo que hubo imprudencia del Banco Central porque los funcionarios se apegaron al proceso como él mismo lo manda”.
"Quien falló en este caso fue el Ministerio Público por no aplicar un protocolo que garantizara un control interno de la institución, para evitar que sus fiscales, aprovechándose de su condición como tal, utilizaran expedientes y solicitaran retiros al Banco Central como lo hizo la fiscal Francia Medina, quien estaba legitimada para recibirlas y presentaba toda la documentación requerida. La gerencia de la institución les advirtió mediante notas emitidas desde 2019 y las recibió el fiscal César Alvarenga, sobre la necesidad de revisar el inventario y no hicieron absolutamente nada".
Los 11 empleados fueron capturados el 3 de junio, en distintas ciudades del país, cuya acción penal fue admitida por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, con sede en San Pedro Sula, bajo el expediente 0501-2026-210 JLCC-SPS J2.
