San Pedro Sula, Cortés. La audiencia inicial contra 11 funcionarios y exfuncionarios del Banco Central de Honduras (BCH), acusados por el delito de malversación de caudales públicos en el caso de la exfiscal Francia Sofía Medina, se desarrolla este miércoles en un tribunal de sentencia con competencia nacional.
Ruy Gabriel Barahona, portavoz de los tribunales, explicó que ocho de los imputados son funcionarios y tres exfuncionarios del BCH. Según detalló, el Ministerio Público deberá presentar las pruebas que sustentan la acusación, relacionada con la presunta permisibilidad que habría facilitado la sustracción de bienes que se encontraban bajo depósito.
“Se desarrolla la audiencia inicial en una de las salas del tribunal de sentencia con competencia nacional. Debido al espacio, recuerde que son once imputados sometidos por malversación de caudales públicos”, explicó Barahona.
El portavoz indicó que los bienes presuntamente sustraídos incluían dinero en efectivo y artículos en especie, entre ellos relojes y joyas. De acuerdo con la acusación referida por Barahona, el monto involucrado asciende a unos 88 millones de lempiras.
Los 11 imputados se encuentran en libertad y comparecen de manera voluntaria a la audiencia, según informó Barahona. Explicó que, en un momento anterior del proceso, algunos enfrentaron medidas de restricción, entre ellas la prohibición de salir del país, pero estas fueron suspendidas durante una audiencia de revisión de medidas.
Durante la audiencia también participan peritos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), así como expertos propuestos por la defensa técnica de los imputados. La audiencia deberá avanzar durante la jornada con la presentación y evacuación de los elementos relacionados con la acusación.
El caso se deriva de la investigación contra la exfiscal Francia Sofía Medina, quien fue condenada el pasado 27 de mayo por la apropiación ilícita de evidencias. Posteriormente, el Ministerio Público presentó acusaciones contra 11 funcionarios y exfuncionarios del BCH por su presunta responsabilidad en la custodia de los bienes que fueron sustraídos.
Según los antecedentes del caso, durante el juicio contra Medina surgieron interrogantes sobre cómo se pudieron realizar 39 extracciones de bienes y dinero del BCH sin que fueran detectadas oportunamente. La acusación contra los funcionarios busca establecer si existió negligencia o permisibilidad en los controles de custodia.
Otro de los aspectos pendientes de esclarecer es el destino de la totalidad del dinero. En el informe patrimonial presentado durante el proceso contra Medina se identificaron poco más de 50 millones de lempiras vinculados con compras de bienes, joyas, vehículos y movimientos en cuentas bancarias. Esto deja pendiente determinar el destino de la diferencia respecto de los más de 88.8 millones de lempiras que, según la investigación, fueron sustraídos.
