Exfiscal Francia Medina no actuó sola: ¿Quiénes facilitaron el retirode millones del BCH?

Tras la condena de la exfiscal Francia Sofía Medina por la apropiación ilícita de evidencias el pasado 27 de mayo, el Ministerio Público puso al descubierto el esquema que hizo posible el desfalco de más de 88.8 millones de lempiras al imputar por malversación imprudente a 11 funcionarios del Banco Central de Honduras (BCH).

Durante el juicio contra Medina, la teoría de que operó en solitario dejó serias dudas. Si bien se demostró la alteración de documentación oficial, resultaba insostenible justificar cómo pudo efectuar 39 extracciones millonarias en el BCH sin la complicidad o negligencia del personal de custodia, una interrogante que hoy cobra respuesta con la imputación formal de 11 funcionarios y exfuncionarios de la entidad bancaria.

tras de las interrogantes que se vieron en el juicio fue que en el informe patrimonial de las transacciones en compras de bienes, joyas, vehículos y cuentas bancarias, a la exfiscal Francia Sofía Medina le sumaron un poco más de 50 millones de lempiras, por lo que aún se desconoce dónde quedó la otra parte de los más de 88.8 millones de lempiras.

Después de casi tres años, el Ministerio Público acusó a 11 empleados y exempleados del Banco Central de Honduras que tuvieron relación con las extracciones de las evidencias valoradas en 88.8 millones de lempiras por parte de la exfiscal Francia Sofía Medina.

Medina se apersonó en 42 ocasiones al BCH para solicitar la entrega de determinadas cantidades de dinero que eran evidencia y que estaban en las bóvedas de esa institución, logrando retirar 39 de ellas que estaban en dólares, euros, pesos colombianos, pesos mexicanos, quetzales y lempiras.

Los retiros fueron autorizados y entregados a la exfiscal por los 11 funcionarios del Banco Central de Honduras, soslayando los requisitos y procedimientos internos establecidos en los lineamientos del depósito y custodia de bienes incautados que ingresan y egresan de la institución bancaria, indica la acusación.

Para el Ministerio Público, los funcionarios del BCH intervinieron con imprudencia grave y permitieron que Francia Sofía Medina Martínez realizara 39 retiros de evidencia y se apoderara ilícitamente de bienes del Estado por cantidades millonarias, pese a que tenían pleno conocimiento de los lineamientos para retiros de evidencias ya establecidos.

“La conducta negligente de los acusados soslayó gravemente el principio de debida diligencia de los asuntos y bienes públicos del Estado de Honduras”, señala la acusación.

En sus argumentos, la Fiscalía expone que los funcionarios no debieron desconocer la existencia de disposiciones entre el Banco Central de Honduras y el Ministerio Público, las cuales fueron acordadas mediante el oficio GER-03/2014 de 2 de mayo de 2014, remitido al Fiscal General por el entonces gerente general del BCH, Héctor Méndez Cálix.

Además de 11 lineamientos para entrega y retiro de evidencias, amparados en el artículo 56 de la Ley del BCH, los cuales fueron socializados en las diferentes dependencias y sucursales del Banco Central de Honduras y al personal fiscal del Ministerio Público.

En el numeral 9 se establecía que, para entregar los depósitos, la persona designada por el Banco Central de Honduras debía ir custodiada por parte del Ministerio Público; el proceso se haría mediante un oficio dirigido a los titulares de la presidencia o gerencia del BCH, firmado por el fiscal general, fiscal adjunto o el director de fiscales.

Sin embargo, en este caso los retiros de evidencias únicamente fueron firmados por la agente de tribunales, Francia Sofía Medina, omitiendo los imputados lo dispuesto en el oficio GER-03/2014.

Por haber omitido esos requisitos, los 11 funcionarios, según la Fiscalía, violentaron también el “artículo 5 del reglamento sobre el manejo de indicios y evidencias físicas o biológicas obtenidas como consecuencia de un hecho constitutivo de delito, que establece que toda persona involucrada en la preservación del indicio, evidencia y elemento de prueba es responsable de su manejo, por lo que, como consecuencia derivada de la negligencia en tal manejo y preservación, o la ocultación o extravío doloso, resulta la deducción de responsabilidades tanto administrativas como penales”.

La imprudencia grave de los funcionarios y exfuncionarios, según el Ministerio Público, quedó demostrada el 20 de septiembre de 2023, cuando el fiscal Fernando Verde Segura, pareja sentimental de la exfiscal Francia Medina y quien está prófugo, presentó solicitud de devolución de evidencias consistentes en dos cantidades: por un lado, sesenta y tres mil dólares ($63,000) y por otro lado, diez mil doscientos ochenta y cinco dólares ($10,285).

Sin embargo, el gerente del Banco Central de Honduras, sucursal de San Pedro Sula, Arlen Fernando Cerrato, la denegó mediante oficio SUC/SPS 155-/2023, exigiendo el cumplimiento de requisitos y autorización de autoridad competente, lo cual constituyó un tratamiento diferenciado en relación a las 39 entregas que hicieron efectivas a Francia Sofía Medina, a quien no se hizo tales exigencias.

Ante esos hechos, la Fiscalía presentará pruebas el 23 de septiembre en la audiencia inicial que se realizará en el juzgado de jurisdicción nacional por el delito de malversación imprudente en contra de los 11 acusados.

Entre los imputados está Arlen Fernando Cerrato Díaz, gerente de la sucursal San Pedro Sula, quien autorizó 35 devoluciones de evidencias con un valor total de L82.2 millones y Virgilio Antonio Villalobos Gálvez, jefe de Operaciones, acusado por 32 delitos de malversación imprudente por un valor de L68.3 millones.

Ana Cristina Oliva, gerente de la sucursal de San Pedro Sula, acusada por un delito de malversación imprudente por un valor de L3.9 millones; Aracely O’Hara Guillén, gerente de Tegucigalpa, por 6 delitos de malversación imprudente que acusaron la pérdida de L17.5 millones; Carlos Fernando Ávila Hernández, gerente de Tegucigalpa, imputado por 8 delitos de malversación imprudente con un total de L53.1 millones.

Además, están acusados Alex Geovani Caballero Altamirano, jefe de división de operaciones, por 6 delitos de malversación imprudente por un valor de L1.5 millones; Edgardo Antonio Álvarez Medina, subgerente de operaciones de Tegucigalpa, por 2 delitos de malversación imprudente por un valor de L2.5 millones; Horacio Armando Laínez Pineda, subgerente de operaciones en Tegucigalpa, por 3 delitos de malversación imprudente con valor de L8.1 millones y Williams Edgardo Arévalo Rodríguez, jefe de división de operaciones, por 2 delitos de malversación imprudente por entregar L495,485 (casi medio millón de lempiras).

Otros de los acusados son Marco Tulio Nájera, jefe de división de operaciones de San Pedro Sula, por 2 delitos de malversación imprudente por autorizar la entrega de L18.6 millones, y Luis Arturo Avilés Moncada, subgerente de Operaciones de Tegucigalpa, por 3 delitos de malversación imprudente tras la entrega de L25.4 millones.Los acusados fueron capturados el 3 de junio en San Pedro Sula y Tegucigalpa.

Todos se enfrentaron a la audiencia de imputado ante el juez, quien decidió imponerles medidas sustitutivas a la prisión tras el otorgamiento de cauciones.

El próximo miércoles enfrentarán la audiencia inicial, donde se determinará si les dan el auto de formal procesamiento o un sobreseimiento que puede ser definitivo o provisional.

Se conoció que cuatro de los funcionarios de San Pedro Sula tienen más de 30 años de trabajar en el Banco Central de Honduras y han tenido una conducta legal en todos los procesos de devolución de evidencias.

Algunos de los apoderados legales de los involucrados indicaron que en la audiencia inicial se demostrará que siguieron todos los procedimientos legales.

Mientras que la Fiscalía presentará pruebas documentales y análisis de peritos financieros para determinar que los procedimientos que se hicieron para las devoluciones de la evidencia a la exfiscal Francia Sofía Medina no se hicieron conforme a lo establecido legalmente.

En el caso de la exfiscal Francia Sofía Medina, aprehendida en noviembre de 2023 y posteriormente condenada en juicio oral y público, fue hallada culpable en mayo de 2026 por los delitos de lavado de activos, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos en custodia, uso de información privilegiada y e1 delitos de falsificación de documentos públicos.

El Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula aún no impone la pena que deberá cumplir en prisión, pues su apoderado legal interpuso un recurso de revisión en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia que no ha sido resuelto.