Francia Sofía Medina, exfiscal del Ministerio Público, fue declarada culpable este miércoles por varios delitos relacionados con el lavado de activos y corrupción en el sonado caso de la sustracción millonaria de fondos del Banco Central de Honduras (BCH).
La audiencia de individualización de la pena quedó fijada para el próximo 16 de junio de 2026, según determinaron las autoridades judiciales sampedranas.
Inicialmente, el fallo estaba programado para el pasado lunes; sin embargo, el mismo fue pospuesto para este miércoles, debido a que el expediente judicial aún no había sido remitido por la Corte Suprema de Justicia a la Sala 5 del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula.
Medina Martínez fue sometida a juicio oral y público a finales de noviembre de 2025, acusada por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos en custodia, uso de información privilegiada y 43 delitos de falsificación de documentos públicos.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas que vinculaban a la exfuncionaria con la supuesta sustracción de 88 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras.
De acuerdo con la acusación, el dinero habría sido retirado mediante 22 transacciones y correspondía a fondos decomisados en procesos relacionados con lavado de activos, narcotráfico y extorsión.
Las autoridades sostuvieron que dichos recursos permanecían bajo custodia judicial como parte de investigaciones criminales de alto impacto.
La exfiscal fue capturada el 29 de noviembre de 2023 en su residencia ubicada en la colonia Valle del Sol, en San Pedro Sula.
En noviembre de 2025 cumplió el período máximo de dos años de prisión preventiva que establece la ley para el desarrollo del juicio oral y público, proceso que continuó dentro de los plazos legales establecidos.
A inicios de mayo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió sobreseer dos recursos de amparo interpuestos por la defensa de Medina Martínez.
El Poder Judicial explicó, en ese momento, que el sobreseimiento implicaba que el tribunal había dado por finalizado el análisis de los recursos constitucionales sin pronunciarse sobre el fondo de los reclamos presentados.
