En la acusación se indicó que el imputado fue parte de que se asignara la reparación mediante la contratación directa, aparentemente sin seguir los lineamientos de la Ley de Contratación del Estado, lo que causó una sobrevaloración de un 36 por ciento de acuerdo a lo asignado, causando un perjuicio para las arcas nacionales por más de 2 millones de lempiras.
