La Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) presentó ayer ante los juzgados a ocho personas señaladas por su presunta vinculación con el caso de la sustracción de más de 88 millones de lempiras del Banco Central de Honduras (BCH).
Los imputados fueron identificados como Wilmer Edgardo Arévalo Rodríguez, Williams Antonio Villalobos Gálvez, Álex Geovany Caballero Altamirano, Marco Tulio Nájera, Edgardo Antonio Álvarez Molina, Horacio Armando Laínez Pineda, Carlos Fernando Ávila Hernández y Ana Cristina Oliva Cáceres.
Todos comparecieron a la audiencia de declaración de imputado por suponerlos responsables del delito de malversación imprudente. De los ocho acusados, cuatro fueron detenidos en San Pedro Sula, uno en Choluteca y tres en Tegucigalpa.
El requerimiento fiscal también incluye a otras tres personas, identificadas como Aracely O’Hara Guillén, Arlen Fernando Cerrato Díaz y Luis Arturo Avilés, quienes hasta ayer no habían sido capturadas. Las 11 personas señaladas son empleados del Banco Central de Honduras.
Audiencia
Los ocho involucrados llegaron pocos minutos antes de las 7:00 am. Aunque la audiencia estaba programada para las 9:30 am, parte de la defensa informó sobre retrasos en su traslado desde Tegucigalpa, por lo que la jueza reprogramó la diligencia para la 1:30 pm.
A las 1:53 pm, los imputados ingresaron a la sala junto con sus apoderados legales. La audiencia concluyó a las 5:10 pm.
Ruy Barahona, vocero del Poder Judicial, informó que la jueza resolvió que los ocho acusados continúen el proceso en libertad.
El Ministerio Público solicitó medidas cautelares distintas a la detención judicial, entre ellas la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado, la prohibición de salir del país y el pago de una caución o fianza.
Asimismo, pidió la suspensión de sus cargos; sin embargo, esta solicitud fue denegada por la jueza, por lo que los encausados continuarán desempeñando sus funciones en el Banco Central de Honduras mientras avanza el proceso judicial.
Permitieron que la exfiscal Francia sustrajera el dinero
La acusación contra los ocho empleados del BCH está relacionada con la exfiscal Francia Medina, quien fue declarada culpable el pasado 27 de mayo por la sustracción de más de 88 millones de lempiras.
A Medina se le acreditaron los delitos de lavado de activos; sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos bajo custodia; uso de información privilegiada y falsificación continuada de documentos públicos, todos en concurso real.
Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público, explicó que la vinculación de los ocho imputados y de las tres personas aún no capturadas estaría relacionada con el incumplimiento de los procedimientos establecidos para la extracción de evidencia resguardada en el BCH durante investigaciones fiscales.
“Los 11 acusados violentaron el proceso establecido que se hace en este tipo de situaciones. Aun conociendo los procedimientos, incumplieron al permitir, en este caso, que la exfiscal Francia sustrajera el dinero sin aplicar los correctivos correspondientes y tampoco notificaron al Ministerio Público las acciones irregulares que ella realizaba. La investigación establece la responsabilidad, ya sea directa o indirecta, de los acusados”, manifestó Guzmán.
El Código Penal establece: ARTÍCULO 480 MALVERSACIÓN IMPRUDENTE. El funcionario o empleado público que por imprudencia grave extravía, daña o permite que otros se apoderen ilícitamente de bienes del Estado cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, y de esa manera causa un perjuicio al patrimonio público superior a Veinte Mil Lempiras (L20,000) debe ser castigado con pena de seis (6) meses a tres (3) años de prisión, multa por cantidad igual o hasta el doble del daño ocasionado e inhabilitación especial para ejercicio de empleo o cargo público por tiempo de uno (1) a cuatro (4) años.
