San Pedro Sula. El Ministerio Público concluyó ayer la audiencia inicial en la causa instruida contra 11 funcionarios y exfuncionarios del Banco Central de Honduras (BCH), acusados por suponerlos responsables del delito de malversación imprudente, en perjuicio de la administración pública de Honduras.
La acusación está relacionada con presuntas actuaciones que habrían facilitado la sustracción de más de 88 millones de lempiras por parte de la exfiscal Francia Sofía Medina, aprehendida en noviembre de 2023 y posteriormente condenada en juicio oral y público por los delitos de lavado de activos, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos en custodia, uso de información privilegiada y los delitos de falsificación de documentos públicos.
Durante el desarrollo de la audiencia inicial, la Fiscalía presentó 15 medios de prueba, con los que considera acreditados los presupuestos necesarios para suponer la comisión del delito atribuido a los imputados.
El Ministerio Público solicitó que se dicte auto de formal procesamiento contra los 11 procesados y que se mantengan las medidas cautelares impuestas durante el proceso y también solicitó la suspensión del cargo establecida en el artículo 173 numeral 12, del Código Procesal Penal.
Al finalizar la audiencia, el órgano jurisdiccional fijó el próximo 3 de diciembre como plazo para emitir la resolución correspondiente.
El Ministerio Público se mantiene a la espera de la notificación oficial para conocer lo resuelto por el juzgado y espera se dicte el auto de formal procesamiento para continuar el proceso penal en contra de los ahora imputados.
Acusación
Después de casi tres años, el Ministerio Público acusó a 11 empleados y exempleados del Banco Central de Honduras que tuvieron relación con las extracciones de las evidencias valoradas en 88.8 millones de lempiras por parte de la exfiscal Francia Sofía Medina.
Medina se apersonó en 42 ocasiones al BCH para solicitar la entrega de determinadas cantidades de dinero que eran evidencia y que estaban en las bóvedas de esa institución, logrando retirar 39 de ellas que estaban en dólares, euros, pesos colombianos, pesos mexicanos, quetzales y lempiras.
Los retiros fueron autorizados y entregados a la exfiscal por los 11 funcionarios del Banco Central de Honduras, soslayando los requisitos y procedimientos internos establecidos en los lineamientos del depósito y custodia de bienes incautados que ingresan y egresan de la institución bancaria, indica la acusación.
Para el Ministerio Público, los funcionarios del BCH intervinieron con imprudencia grave y permitieron que Francia Sofía Medina Martínez realizara 39 retiros de evidencia y se apoderara ilícitamente de bienes del Estado por cantidades millonarias, pese a que tenían pleno conocimiento de los lineamientos para retiros de evidencias ya establecidos.
