Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional busca aprobar esta semana un paquete de reformas penales que permitiría realizar allanamientos sin orden judicial previa en inmuebles vinculados con maras y pandillas, utilizar tatuajes como elementos de prueba y obligar a los condenados por terrorismo a cumplir la totalidad de sus penas, sin beneficios de libertad anticipada.
Las medidas forman parte de una estrategia para endurecer la persecución de las estructuras criminales declaradas terroristas. Sin embargo, algunas de las disposiciones propuestas han generado advertencias de expertos, quienes consideran indispensable establecer controles para evitar abusos y garantizar el respeto de los derechos de las personas.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal están pendientes de la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aunque confía en que puedan ser aprobadas durante esta semana.
Entre los cambios también figura la ampliación de 24 a 48 horas del plazo para presentar el requerimiento fiscal después de una captura, con el propósito de dar más tiempo a los investigadores para reunir los elementos necesarios contra los sospechosos.
Uno de los cambios más sensibles permitiría realizar allanamientos sin una orden judicial previa en lugares donde existan indicios de que operan o residen integrantes de estas estructuras criminales. Zambrano argumentó que las demoras para obtener autorizaciones permiten que los sospechosos abandonen los inmuebles antes de la llegada de los equipos de investigación.
“Cuando se esperan órdenes judiciales para realizar allanamientos, pueden pasar una o dos semanas y, cuando llega la autorización, estas personas ya se han esfumado. La reforma busca actuar de inmediato donde haya información sobre sus viviendas u operaciones y después someter el procedimiento a los tribunales”, manifestó Zambrano.
Sostuvo que los operativos se realizarían mediante coordinación entre la Policía, la Fiscalía y jueces ejecutores, y que posteriormente serían sometidos a revisión judicial.
Gonzalo Sánchez, criminalista, respaldó la necesidad de dotar de herramientas a los cuerpos de seguridad para perseguir a las estructuras criminales.
“Esta es una herramienta que se le está proporcionando a los operadores de justicia; especialmente a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que van a ser los encargados de la persecución de estas personas, toda medida orientada a frenar la criminalidad con voluntad política del Estado puede ser un arma disuasiva positiva para bajar los niveles de violencia, extorsión y sicariato en el país”, expresó Sánchez.
Otra de las medidas busca que las personas condenadas por terrorismo cumplan el 100% de sus penas, sin acceder a libertad condicional ni a mecanismos de preliberación.
Además, la propuesta plantea ampliar de 24 a 48 horas el plazo para presentar el requerimiento fiscal después de una captura, con el argumento de que las investigaciones pueden necesitar más tiempo para completar las diligencias.
Tatuajes como evidencia tras peritaje
La iniciativa también contempla utilizar peritajes de tatuajes alusivos a la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y otros grupos declarados terroristas como elementos probatorios en procesos por presunta pertenencia a esas organizaciones. Zambrano sostuvo que técnicos de seguridad tendrían que determinar si las marcas están vinculadas con estos grupos.
“Con los tatuajes, de acuerdo con los peritajes de los técnicos de seguridad que determinen que son alusivos a estos grupos terroristas, se busca contar con prueba suficiente para procesarlos por terrorismo”, sostuvo Zambrano.
El alcance de esta disposición dependerá de los requisitos probatorios que se establezcan en el texto definitivo; la propuesta no debe interpretarse como una autorización para considerar culpable a una persona únicamente por tener tatuajes.
Alex Navas, exmiembro de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), pidió analizar cuidadosamente las medidas y advirtió sobre la necesidad de que la justicia se aplique sin distinciones.
“Debe haber un un proceso de reflexión y análisis para estas reformas que son importantes en el país, y que de alguna forma, se tienen que tomar medidas drásticas contra grupos de criminalidad organizada y grupos ligados a a maras y pandillas, también la justicia debe ser para todos, no solo para unos pocos. En Honduras hay justicia que sí es selectiva, pero que favorece a ciertos poderosos del país y no a la mayoría de la población”, señaló.
Por su parte, Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), consideró que los cambios legales deben acompañarse de controles y mecanismos para evaluar sus resultados.
“Estas reformas penales son una necesidad urgente, pero van más allá de modificar leyes, se necesita crear una armonía entre lo que se va a construir, y los resultados que se esperan obtener.
Definitivamente tienen que haber pesos y contra pesos para evitar serias repercusiones en el país, debe existir voluntad política que se maneje con bisturí para que las reformas funcionen y para que la población pueda ver los resultados esperados”, expresó.
De forma paralela, el Congreso prevé aprobar una iniciativa para utilizar recursos incautados en el fortalecimiento de instituciones de seguridad, entre ellas la Policía Nacional, la Policía Militar, los organismos de inteligencia y la Agencia Nacional contra el Crimen. La propuesta permitiría disponer de esos fondos antes de una sentencia definitiva de privación de dominio, con autorización de la Secretaría de Finanzas.
