Capturas y allanamientos sin orden judicial: las reformas al Código penal que buscan aprobar

Tras reformar el sistema penitenciario de Honduras, el Congreso Nacional ahora busca aprobar cambios en materia penal que permitirían capturar en flagrancia a integrantes de maras y pandillas, así como allanar viviendas sin orden judicial.

La propuesta fue remitida con carácter urgente a la Corte Suprema de Justicia para que dé un dictamen, que estaría listo en un plazo de tres días, aseguró el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

Las reformas planteadas por el Congreso Nacional permitirían que la Policía Nacional y la Policía Militar intervengan de forma permanente en la captura de integrantes de estructuras terroristas, con procedimientos más expeditos.

También contemplan la posibilidad de realizar allanamientos en viviendas sin una orden judicial previa. Para estas actuaciones, la propuesta establece que los agentes policiales deberán estar acompañados por fiscales del Ministerio Público.

Estos serán responsables de convalidar posteriormente las diligencias ante los jueces competentes.

Aunque la normativa vigente ya permite la captura de sospechosos en casos de flagrancia, la nueva propuesta facultaría a los cuerpos de seguridad para realizar detenciones en cualquier momento que lo consideren necesario, incluso dentro de viviendas, sin requerir autorización judicial previa.

“Estas reformas procesales o del Código Procesal Penal van encaminadas a la flagrancia. Por ejemplo, cuando una persona comete un delito, la Policía la puede detener dentro de las 24 horas a la comisión del delito. Con esto que se deja abierto, que ya no es necesario en las 24 horas, se le permite a la Policía actuar en cualquier momento sin orden judicial”, afirmó el diputado Mario Portillo, miembro de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional.

El parlamentario recordó que actualmente el Ministerio Público presenta el requerimiento fiscal pasada las 24 horas y, posteriormente, se solicita la orden de captura y luego se emite para buscar al criminal, pero “en este caso, pasaba el tiempo suficiente para que se fugara”.

“Ahora, si se le da persecución, si se le encuentra en cualquier momento, no va a ser necesario tener una orden de captura. Lo mismo con los allanamientos. El allanamiento era previo a orden judicial. La Policía va a poder entrar en los lugares donde se decrete el estado de excepción... va a poder entrar sin una orden judicial a una vivienda donde se tengan indicios de la comisión de un delito”, explicó.

Estas acciones se suman a los cambios aprobados previamente en la Ley del Sistema Penitenciario, la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la normativa que regula a la Policía Militar del Orden Público.

Zambrano dijo ayer que los policías y militares podrán intervenir en los territorios de riesgo en cualquier momento sin tantos procesos o trámites, pero acompañados por los operadores de justicia, como los fiscales del Ministerio Público.

Indicó que se hará una declaratoria de territorios peligrosos que estará coordinada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).

Se les dará atribuciones a la Policía Nacional, los militares y demás fuerzas de seguridad para luchar contra los tres grupos declarados terroristas: el Barrio 18, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Cartel del Diablo.

Zambrano explicó que las reformas incluyen modificaciones directas al artículo 184 del Código Procesal Penal, para que las personas procesadas por integrar asociaciones terroristas queden inhabilitadas de optar a medidas cautelares sustitutivas a la prisión.

Sobre este tema, Portillo dijo que “no van a poder darles ni arresto domiciliario, ni firmar cada semana, ni fianzas, ni ningún tipo de estas medidas alternas, sino que únicamente, una vez capturado por la Policía, presentado el requerimiento fiscal, el juez va a tener que darle prisión preventiva para que cumpla, durante que dure el proceso, una detención en las cárceles de máxima seguridad”.

Desde la Comisión de Seguridad del Congreso dijeron que a los jueces que harán el trabajo se les brindará todo el respaldo, seguridad y el acompañamiento para que impartan la justicia sin temor y apegado a la legalidad; aparte, se crearán circuitos de lucha contra el terrorismo donde estarán nombrados jueces en San Pedro Sula y Tegucigalpa.

Zambrano habló de cortes de apelaciones para que conozcan exclusivamente el delito de terrorismo.

Recordó que en las reformas al sistema penitenciario se estableció que los privados de libertad que pertenezcan a asociaciones terroristas compartirán módulos, aunque no hayan sido condenados, para evitar que desde los centros penales se ordenen crímenes y otras acciones al margen de la ley.

Actualmente, los privados de libertad identificados como miembros del Barrio 18 están recluidos en el centro penitenciario de Ilama, Santa Bárbara, mientras que los de la Mara Salvatrucha (MS-13) están en La Tolva, ubicada en Danlí, El Paraíso.

También establecieron un régimen porque los privados de libertad “ya no van a tener las visitas de carácter permanente como lo han tenido hasta el momento, ni con la familia ni con los abogados; todas esas comunicaciones van a ser vigiladas, controladas y grabadas de ser posible para evitar que desde esos reclusorios se les siga causando daño al pueblo hondureño”, afirmó.

Aseguró que desde los centros penales se está trabajando para poder adecuar a más de 950 nuevos reos, pero se necesitan nuevos módulos y cárceles, por lo que el Congreso Nacional ya le entregó al Poder Ejecutivo la autorización para buscar financiamiento, créditos, bonos por el Estado para esas construcciones.

Wagner Vallecillo, presidente de la Corte Suprema, manifestó que darán todo el respaldo y esperarán las reformas, pero que “previamente estamos diseñando las estrategias para crear ese circuito especial con el objetivo de que todas estas actividades que se realizan puedan dar resultado”.

Asimismo, enfatizó que las decisiones adoptadas “no son fáciles”, pero sí necesarias para generar un cambio positivo: “Había que decidir entre continuar viviendo en lo mismo o impulsar el cambio... Ya no podemos seguir viviendo así. No podemos, la mayoría de los hondureños, seguir viviendo atemorizados”.

Desde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) instaron a que “toda reforma para reducir la violencia y el crimen organizado debe ir de la mano con el respeto de los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.