Tegucigalpa. Apenas horas después de haber aprobado por unanimidad la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas, el Congreso Nacional recibió una nueva y urgente iniciativa remitida desde el Poder Ejecutivo que busca asestar un nuevo golpe al crimen organizado.
La propuesta, surgida de los acuerdos alcanzados por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) en su sesión del pasado 18 de septiembre, plantea reformas puntuales al Código Procesal Penal y al reglamento del Sistema Penitenciario, por lo que la junta directiva del Legislativo solicitó una opinión formal de carácter urgente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) antes de someterla a debate.
“Someto a consideración de esta cámara el proyecto de decreto que surge del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para que las asociaciones terroristas sean consideradas como delitos de flagrancia”, dijo Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional, al dar lectura al documento remitido por Casa Presidencial.
Esta categorización de flagrancia permitirá que los cuerpos de seguridad del Estado puedan aprehender a cualquier sospechoso vinculado a grupos terroristas sin necesidad de contar con una orden judicial previa, con base en el artículo 167 del Código Procesal Penal.
Adicionalmente, amparándose en el artículo 212 del mismo cuerpo legal, las autoridades quedan facultadas para ejecutar allanamientos de morada e inspecciones de locales de forma inmediata y sin mandato judicial de un juez de letras.
El paquete de reformas incluye además una modificación directa al artículo 184 del Código Procesal Penal. El ajuste fija que toda persona procesada por integrar o colaborar con organizaciones catalogadas como terroristas quedará inhabilitada de optar a medidas cautelares sustitutivas, por lo que los jueces estarán obligados a dictar la prisión preventiva como única alternativa procesal durante la causa penal.
En el plano penitenciario, la propuesta instruye una reforma sustancial al reglamento de la Ley del Sistema Penitenciario. La enmienda establece de forma taxativa que aquellos privados de libertad que resulten condenados mediante sentencia firme por delitos de asociación ilícita o terrorismo deberán cumplir la totalidad de la pena impuesta en prisión, quedando completamente anulada la opción de acceder al beneficio de la preliberación o la libertad condicional.
Frente al ingreso formal de esta correspondencia oficial firmada por el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, la junta directiva del Congreso resolvió solicitar la opinión del máximo tribunal de justicia como mandato constitucional previo a su discusión en el pleno parlamentario.
“Esperamos tener esta opinión sobre la reforma en 48 horas por parte de la Corte Suprema de Justicia para aprobarla el jueves o a inicios de la próxima semana”, manifestó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
El titular del Poder Legislativo remarcó que las fuerzas de seguridad requieren con urgencia el blindaje jurídico de estas normativas para operar con plena contundencia frente a las estructuras criminales en los despliegues territoriales.
“Esta reforma la necesita la Policía Nacional, la necesita la Policía Militar del Orden Público y las Fuerzas Armadas de Honduras”, añadió Zambrano. Por su parte, la comisión de dictamen parlamentario se prepara para revisar las enmiendas junto a las representaciones de los distintos partidos políticos, a la espera de que el Poder Judicial remita su postura institucional de forma rápida.
“Llegó desde Casa Presidencial una decisión que se tomó sobre el delito de flagrancia y la asociación ilícita para hacer una reforma al Código Procesal Penal, por lo que pedimos la opinión a la Corte Suprema de Justicia para tramitarla de inmediato”, confirmó Kilvett Bertrand, presidente de la Comisión de Defensa.
El diputado fundamentó que los ajustes procesales eliminarán las trabas legales que suelen ser aprovechadas en los tribunales para otorgar libertad a imputados de alta peligrosidad durante las saturaciones policiales en barrios conflictivos.
“Lo que se busca es eliminar todos los vacíos o espacios que pueden ser aprovechados para que los criminales puedan pagar finalmente por sus delitos”, argumentó Bertrand. Además, el diputado enfatizó que la rigurosidad de estas reformas responde a la voluntad política de frenar la impunidad, garantizando que el ciudadano respetuoso de la ley no sufrirá ningún tipo de afectación en sus garantías individuales.
“Para combatir al crimen hay que quitar un montón de trabas de los códigos; esto al único que le tiene que dar miedo es al que anda torcido, al ciudadano común y corriente no le afecta en lo absoluto”, agregó el presidente de la comisión.
Una vez recibida la opinión de la CSJ, el pleno del Congreso Nacional tendrá que discutir y votar estas reformas que buscan atacar de forma directa a los grupos criminales terroristas.
