La cobertura judicial en Honduras se mantiene por debajo de los estándares internacionales. Datos oficiales del Poder Judicial indican que el país dispone de 972 jueces y magistrados para una población estimada de 11.18 millones de habitantes, una proporción equivalente a un juez por cada 11,317 personas.
La relación evidencia uno de los principales retos del sistema de justicia, ya que la limitada cantidad de operadores incrementa la carga de trabajo y repercute en la capacidad de respuesta de los tribunales.
La información, obtenida mediante la solicitud SOL-PJ-3753-2026, muestra que los Juzgados de Paz concentran la mayor cantidad de funcionarios judiciales, con 306 jueces, lo que representa el 31.5% del total nacional.
Les siguen los jueces de Letras, con 226; los jueces supernumerarios, con 196; y los jueces de Sentencia, con 144.
En los niveles superiores la cobertura también es reducida. En todo el país existen únicamente 72 magistrados de Cortes de Apelaciones, de los cuales 55 son propietarios y 17 integrantes.
Concentración de jueces
La distribución territorial de los operadores de justicia muestra una fuerte concentración en Francisco Morazán y Cortés, departamentos que reúnen 387 jueces, cerca del 40% del total nacional.
Francisco Morazán encabeza la lista con 257 funcionarios judiciales, equivalentes al 26.4% del total del país, impulsado por la presencia de las principales sedes de la Corte Suprema de Justicia.
La concentración también se refleja en los Juzgados de Letras. Solo este departamento reúne 123 de los 226 jueces de esa categoría, es decir, más de la mitad de los disponibles a nivel nacional.
Cortés ocupa la segunda posición con 130 jueces, el 13.4% del total, una distribución asociada a su densidad poblacional y actividad económica.
En el extremo contrario se encuentran Gracias a Dios, con nueve jueces; Islas de la Bahía, con 12; Valle, Ocotepeque y Colón, con 18 cada uno; Intibucá, con 22; y La Paz, con 25.
Si se compara con parámetros internacionales, la diferencia es significativa. Mientras el promedio es de 22 jueces por cada 100,000 habitantes, Honduras registra apenas ocho jueces por cada 100,000 personas, según datos oficiales del Poder Judicial.
Cobertura desigual
El abogado German Leitzelar señaló que la situación se vuelve más compleja en los departamentos con menor cobertura judicial.
“En los jueces que conocen de materia civil, los jueces hacen doble o triple función, la mayoría se concentran en Tegucigalpa, entonces los sectores con menos cobertura atienden casos de diferentes materias, y eso hace más carga a los servidores públicos”, explicó.
Leitzelar indicó que, aunque la distribución de jueces guarda relación con la población de cada departamento, es necesario fortalecer la presencia de operadores judiciales en todo el territorio nacional.
“El problema no está solo en llenar de jueces, se necesitan jueces que realmente impartan justicia a nivel nacional, porque podría existir una cantidad de jueces considerable, pero eso no asegura que los casos sean resueltos con mayor rapidez”, explicó.
Mora judicial
La capacidad del sistema también se refleja en la cantidad de expedientes pendientes de resolución. De acuerdo con la Memoria Anual del Poder Judicial, más de 43,000 casos permanecen sin fallo a nivel nacional.
Durante 2025 ingresaron 129,997 expedientes al sistema judicial, mientras que se resolvieron 86,991, lo que dejó un saldo de 43,006 procesos pendientes.
Para Leitzelar, el atraso judicial no depende únicamente del volumen de casos, sino también del incumplimiento de los plazos procesales.
“El problema fundamental es que se incumplen los plazos. En materia laboral, por ejemplo, un caso no debería superar cuatro audiencias, pero estas pueden extenderse por años debido a suspensiones por carga de trabajo, decisiones judiciales o incluso estrategias de las partes”, explicó.
La limitada cantidad de jueces, su concentración en pocos departamentos y la mora acumulada continúan representando desafíos para el sistema de justicia, mientras amplias zonas del país mantienen dificultades para acceder a una respuesta judicial oportuna.
