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El poder Judicial investiga suspendió por un mes a las juezas ceibeñas, porque supuestamente incurrieron en graves faltas al debido proceso, al no garantizar el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva.

El Senado de México aprobó una controversial reforma judicial impulsada por López Obrador que permite elegir por voto popular al Poder Judicial.

Apoderados legales de empresas navieras piden que los juzgados ceibeños sean intervenidos por atraso de la justicia, actos irregulares y abuso de autoridad de algunos jueces. En la actualidad dos jueces tienen requerimientos fiscales, uno más ha sido denunciado en la Corte Surprema de Justicia y otros están en la mira de la justicia.

Entre los indagados hay dos juzgadores de jurisdicción nacional. Las denuncias ya fueron investigados por inspectores de tribunales que remitieron sus informes a la Supervisión General del Poder Judicial para que se siga el procedimiento correspondiente

Después de concluida anoche la audiencia inicial contra el abogado, este día el juez dará su resolución, que puede ser auto de formal procesamiento o quedar libre.

Los nombramientos y remociones recaen actualmente en la presidenta de la CSJ a falta de un protocolo de selección.

Las comisiones tendrán que elaborar un listado de candidatos para que sea el Congreso guatemalteco el que designe a los casi 250 jueces que deben tomar posesión en noviembre próximo.

La DEA alertó en un memorando interno sobre los riesgos de la elección de jueces y ministros mediante el voto popular, según El Universal.

Luis Fernando Triminio Chavarría, fiscal del Ministerio Público, habría cometido el delito la noche del 18 de marzo, y el requerimiento en su contra se presentó tres días después ante los juzgados de La Ceiba, donde no le dieron trámite inmediato

De acuerdo al comunicado, la Federación Latinoamericana de Magistrados ha puesto a disposición la contratación de un Bufete Internacional para la representación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de adopción de medidas cautelares en defensa de los jueces y magistrados de Honduras.