Tras revisar 27 expedientes judiciales, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) concluyó que existen irregularidades en la ejecución de embargos por más de 921 millones de lempiras contra la Cuenta Única del Estado, debido a que no encontró evidencia de que los juzgados remitieran las sentencias firmes a la Tesorería General de la República (TGR), requisito previsto en las Disposiciones Generales del Presupuesto para coordinar el pago de obligaciones con recursos públicos.
Las conclusiones quedaron plasmadas en los informes 002-2026-DGSD-CSJ-A y 002-2026-DGSD-CSJ-B, remitidos a la Corte Suprema de Justicia como parte de una investigación para verificar si los embargos contra fondos estatales fueron ejecutados conforme al procedimiento especial vigente en 2024 y 2025.
El TSC también trasladó los hallazgos al Ministerio Público para que determine si existen responsabilidades penales. Las auditorías señalan que jueces de Juticalpa y Choluteca ordenaron embargos sin remitir previamente a la Tesorería copia de las sentencias firmes.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) informó que abrió una investigación contra los jueces que autorizaron embargos por 921 millones de lempiras.
Fuentes del Ministerio Público confirmaron que la Fetccop será la fiscalía encargada de desarrollar las diligencias investigativas para determinar si los servidores judiciales incurrieron en delitos al ordenar embargos contra recursos públicos sin cumplir los procedimientos establecidos en la ley.
El portavoz del TSC, Rodolfo Isaula, reveló que el nuevo expediente sobre los embargos a la Cuenta Única del Estado incluirá 13 expedientes con observaciones que serán analizados por la Fiscalía.
“Ya se publicaron dos expedientes de auditoría con responsabilidades administrativas, pero próximamente se enviará un tercero al Ministerio Público, al encontrarse indicios que podrían constituir responsabilidades penales”, informó Isaula.
Las auditorías abarcan 40 expedientes sobre embargos judiciales aprobados entre 2024 y 2025. De ellos, 27 fueron incorporados a los informes publicados y remitidos a la Corte Suprema de Justicia, mientras que los 13 restantes integrarán el expediente que, de forma paralela, conocerá el Ministerio Público.
Embargos millonarios bajo la lupa
El informe 002-2026-DGSD-CSJ-B reúne la auditoría de mayor impacto financiero. En ese documento, el Tribunal Superior de Cuentas examinó 12 procesos de embargo contra la Cuenta Única del Estado por un monto de 888.5 millones de lempiras.
Ante las incidencias no reportadas a la Tesorería General de la República, el presidente del Tribunal Superior de Cuentas, Ricardo Montes, confirmó que el expediente de mayor cuantía también fue remitido al Ministerio Público.
“Ya remitimos el informe al Ministerio Público para que realice la investigación, al encontrarse indicios de responsabilidad penal”, afirmó el titular del órgano contralor.
El Tribunal Superior de Cuentas informó que los tres informes que conformarán el expediente remitido al Ministerio Público contienen actuaciones judiciales desarrolladas en los departamentos de Olancho y Choluteca, principalmente a procesos contra las alcaldías de Juticalpa, La Unión, Patuca, Campamento Esquipulas del Norte y Mangulile, en Olancho. Entre los desembolsos mayor monto figuran tres expedientes relacionados con la alcaldía de Juticalpa por 13.5, 5.4 y 4.1 millones de lempiras.
Jueces ordenaron embargos sin remitir documentos a la TGR
Entre los principales hallazgos figuran órdenes de embargo emitidas por juzgados de esas jurisdicciones que, según las investigaciones, fueron ejecutadas sin notificación previa a la Tesorería General de la República.
De acuerdo con el órgano contralor, ese procedimiento habría incumplido las Disposiciones Generales del Presupuesto, que obligan a los órganos jurisdiccionales a remitir las sentencias firmes a la Tesorería antes de ejecutar medidas contra recursos estatales.
El informe señala que, en varios casos, se utilizaron exhortos o auxilios judiciales como principal respaldo para ejecutar embargos, sin que constaran incorporadas en los expedientes las resoluciones o sentencias originales que sustentaban dichas actuaciones.
Además, advirtió que varios expedientes no contenían información completa sobre las actuaciones realizadas por los juzgados ejecutores.
El mecanismo busca verificar la disponibilidad financiera de las instituciones demandadas y coordinar el pago de obligaciones antes de aplicar embargos sobre fondos públicos.
Los jueces involucrados justificaron sus actuaciones al sostener que la independencia judicial les obliga a garantizar el cumplimiento efectivo de las sentencias y que, en materia laboral, los derechos reconocidos a los trabajadores tienen carácter alimentario.
Asimismo, argumentaron que retrasar el cumplimiento de una sentencia firme podría afectar el derecho a la tutela judicial efectiva y sostuvieron que las disposiciones presupuestarias no pueden prevalecer sobre los derechos constitucionales.
Según Nelson Castañeda, director de seguridad y justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), aunque los jueces conocen el alcance de sus funciones, las debilidades institucionales favorecen prácticas que terminan afectando la administración de los recursos públicos.
Corte ordena cumplir procedimiento antes de embargar fondos públicos
En las recomendaciones de los dos primeros informes, el Tribunal Superior de Cuentas pidió al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo, instruir a los jueces de todo el país para que cumplan el procedimiento legal antes de ordenar embargos contra recursos estatales.
Cabe destacar que las recomendaciones emitidas por el órgano contralor son de cumplimiento obligatorio. Es decir, desde el momento en que la Corte Suprema de Justicia recibió las auditorías —que, según los informes, ocurrió el 15 de mayo de 2026— dispuso de 15 días hábiles para presentar un plan de acción con las medidas correctivas que adoptaría para atender los hallazgos.
Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia emitió el oficio PCJ-0324-2026, fechado el 17 de junio de 2026, mediante el cual exhortó a todos los jueces del país a evitar que las cuentas bancarias y los fondos públicos del Estado sean embargados sin remitir un informe a la Tesorería General de la República.
El documento reproduce los artículos 245 y 246 del Decreto 62-2026, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, donde se establece que los fondos públicos administrados por la Tesorería General de la República y el Banco Central de Honduras son inembargables.
La normativa también advierte que el incumplimiento puede derivar en sanciones económicas de hasta cuatro veces el monto ejecutado irregularmente, además de responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Las investigaciones fueron solicitadas por la Procuraduría General de la República (PGR), que presentó acciones ante posibles incumplimientos de las disposiciones presupuestarias aplicables a la ejecución de embargos contra fondos públicos.
Ante los millonarios desembolsos, el subprocurador de la República, Francisco Quiroz, aseguró que no solo los jueces se encuentran bajo la lupa de los entes investigadores, sino que también se investigará la actuación de bufetes de abogados privados que, según afirmó, han desfavorecido los intereses del Estado de Honduras.
“Estamos tratando de identificar bufetes nacionales que han actuado para desfavorecer al Estado de Honduras; ya no podemos seguir ordeñando al Estado de Honduras de manera grosera, es injusto”, explicó.
