El sistema judicial hondureño enfrenta una mora de 43,000 casos, según la Memoria Anual del Poder Judicial, lo que evidencia una crisis estructural en la capacidad de respuesta ante el volumen de expedientes ingresados.
Datos oficiales indican que, hasta 2025, se registraron más de 129,900 casos en los distintos órganos jurisdiccionales del país. De estos, se emitieron 86,000 resoluciones, lo que dejó un saldo aproximado de 43,000 expedientes sin resolver.
Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, admitió que la mora es una problemática recurrente que afecta a la mayoría de las unidades jurisdiccionales. No obstante, aseguró que el órgano de justicia se encuentra en procesos de revisión de los casos acumulados para identificar los puntos de mayor estancamiento.
“La mora es un tema frecuente; existe en una gran parte de las unidades del Poder Judicial”, afirmó Duarte.
El retraso en la administración de justicia no siempre implica mora judicial, ya que algunos procesos se mantienen dentro de los plazos legales establecidos. “No todo expediente en trámite puede considerarse mora judicial”, aclaró.
El propio diagnóstico institucional advierte que la mora “es estructural y está directamente relacionada con la capacidad operativa del sistema frente al ingreso constante de nuevos casos”.
Incidencias
Los informes judiciales evidencian que el principal punto de congestión se encuentra en los juzgados de letras, donde se concentra la mayor carga judicial del país.
Solo en 2025, estos tribunales recibieron 82,727 casos, de los cuales resolvieron 48,774, lo que equivale a una tasa de respuesta del 59%. Es decir, cuatro de cada diez casos no se resuelven en el mismo año en que ingresan.
Las instancias superiores muestran un mejor desempeño: la Corte Suprema de Justicia resolvió el 83% de los expedientes que recibió; las Cortes de Apelaciones, el 79%; y los Tribunales de Sentencia alcanzaron un 97%.
El informe aclara que, en algunos despachos, las resoluciones superan los ingresos debido a la atención de casos de años anteriores, lo que, según expertos, evidencia que la lentitud judicial es un problema acumulativo.
Causas
Desde el análisis jurídico, Germán Leitzelar, abogado experto en materia laboral, señaló que el problema no solo radica en la carga de casos, sino también en el incumplimiento de los plazos procesales.
Advirtió que estas dilaciones en los dictámenes judiciales prolongan innecesariamente los procesos y afectan la eficiencia del sistema.
“El problema fundamental es que se incumplen los plazos. En materia laboral, por ejemplo, un caso no debería superar cuatro audiencias, pero estas pueden extenderse por años debido a suspensiones por carga de trabajo, decisiones judiciales o incluso estrategias de las partes”, explicó Leitzelar.
En ese contexto, el desafío para el Poder Judicial no solo pasa por reducir el rezago existente, sino también por evitar que cada año continúe ampliándose la brecha entre ingresos y resoluciones.
