19/05/2024
12:00 AM

Congreso hará modificaciones al Código Penal y Procesal Penal

Comisiones del Congreso Nacional, lideradas por Libre, encabezan los proyectos legislativos

Tegucigalpa, Honduras.

Este jueves, el Congreso Nacional anunció planes para llevar a cabo reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, las cuales serán presentadas el próximo 4 de abril.

La declaración se realizó tras reuniones sostenidas por las comisiones encargadas de derechos humanos, presidida por Jari Dixon, la comisión encargada de revisar el proceso de aprobación del Código Penal, liderada por Silvia Ayala, y la comisión de legislación y asuntos constitucionales.

La reunión contó con la participación del Fiscal Adjunto interino, Mario Morazán, así como con representantes de organizaciones defensoras del territorio.

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Durante la comparecencia ante los medios que cubren la fuente legislativa, el diputado Ramón Barrios del Partido Libertad y Refundación (Libre) informó que realizaron un estudio y repaso de algunos tipos penales.

Barrios reveló que el análisis señaló la necesidad de reformas urgentes en el Código Penal, específicamente en tipos penales, con el propósito de frenar la criminalización de defensores del territorio.

Además, destacó la importancia de revisar ciertos artículos penales que afectan el trabajo de los periodistas y abogó por reformas destinadas a abordar la violencia contra las mujeres.

Por su parte, la secretaria alterna Silvia Ayala subrayó que estas decisiones buscan garantizar la seguridad jurídica y los derechos humanos de la población, asegurando que la legislación penal no se convierta en un instrumento de persecución, criminalización y discriminación.

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La diputada independiente Ligia Ramos anunció la presentación oficial de las reformas el 4 de abril a las 9:30 de la mañana, destacando la intención de acelerar cambios en los tipos penales, incluyendo el Código Penal y Código Procesal Penal.

El congresista Jari Dixon expresó su compromiso al escuchar a diversos sectores que alertan sobre delitos que criminalizan la labor de los defensores sociales.