Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional prevé discutir una reforma que permitiría utilizar recursos provenientes de bienes incautados para fortalecer las instituciones encargadas de combatir la criminalidad en Honduras, incluso antes de que exista una sentencia definitiva de privación de dominio.
La propuesta contempla destinar estos fondos a entidades como la Policía Nacional, la Policía Militar, los organismos de inteligencia y la Agencia Nacional contra el Crimen, con el propósito de reforzar sus capacidades operativas.
El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, explicó que el uso de los recursos estaría sujeto a la autorización de la Secretaría de Finanzas. Asimismo, señaló que, si una resolución judicial posterior favorece a la persona o empresa afectada por la incautación, el Estado deberá restituir el dinero conforme a lo establecido en la ley.
La iniciativa busca agilizar la disponibilidad de recursos para las instituciones de seguridad sin tener que esperar a que concluya el proceso judicial de privación definitiva de dominio.
Según el calendario anunciado por Zambrano, la reforma estaba prevista para su discusión y posible aprobación el lunes 12 de octubre. En paralelo, las modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal permanecen a la espera de la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El titular del Congreso indicó que el pronunciamiento de la Corte no es vinculante, aunque aseguró que se busca completar este paso antes de avanzar con las reformas penales.
Además, anunció que el Legislativo solicitará informes y rendición de cuentas a las instituciones de seguridad y justicia, y que promoverá acciones para identificar y separar a funcionarios que resulten vinculados con estructuras criminales.
La propuesta aún depende del trámite legislativo correspondiente, por lo que su alcance definitivo estará determinado por el contenido del decreto que eventualmente apruebe el Congreso Nacional.
