Piden investigar si menores viajan con sus verdaderos familiares en caravanas

La falta de empleo, la inseguridad y el alto costo de la vida siguen impulsando a hondureños a emigrar. Desde CASM advierten sobre los riesgos que enfrentan durante la ruta

  • Actualizado: 18 de noviembre de 2026 a las 10:48 -
Piden investigar si menores viajan con sus verdaderos familiares en caravanas

San Pedro Sula, Honduras. La migración irregular continúa siendo una alternativa para cientos de hondureños que, pese a conocer las restricciones migratorias de Estados Unidos y las deportaciones de sus compatriotas, deciden emprender el camino en busca de mejores oportunidades. La falta de empleo, el encarecimiento de los alimentos y la inseguridad figuran entre las razones que los llevan a abandonar sus comunidades.

La situación vuelve a poner sobre la mesa las condiciones económicas y sociales que enfrenta Honduras, así como la responsabilidad de las instituciones de atender a quienes deciden salir del territorio nacional y prevenir los riesgos que enfrentan durante el recorrido.

Para César Ramos, coordinador de Gestión de Incidencia y vocero del Programa de Migrantes de la Comisión de Acción Social Menonita (CASM), la salida de nuevas caravanas evidencia la necesidad de que las autoridades asuman un papel más activo, tanto en la protección de los migrantes como en la búsqueda de respuestas a las causas que provocan el desplazamiento.

Ramos cuestionó la ausencia de instituciones que verifiquen las condiciones en las que viajan estas personas, particularmente cuando se trata de familias con niños y adolescentes.

"Uno observa, por ejemplo, menores de edad en brazos de personas adultas. ¿Quién verifica si realmente estos niños son legítimamente hijos o familiares de estas personas?", cuestionó.

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El representante de CASM señaló que las autoridades migratorias y las instituciones de protección a la niñez deberían intervenir para comprobar los vínculos familiares y las autorizaciones correspondientes para la salida de menores del país.

A su criterio, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) debe actuar de oficio para garantizar la integridad de los niños que forman parte de las caravanas, considerando las condiciones climáticas, los desplazamientos prolongados y los peligros que implica recorrer diferentes territorios.

Además de la protección de los menores, Ramos advirtió sobre los riesgos de que los hondureños sean víctimas de tráfico ilícito de personas, trata de personas o extorsiones durante el trayecto.

Explicó que detrás de algunos desplazamientos pueden existir estructuras criminales que se aprovechan de la necesidad de quienes buscan llegar a Estados Unidos, ofreciéndoles supuestas facilidades para avanzar por la ruta migratoria.

Por ello, consideró necesario que las autoridades investiguen quiénes organizan estos movimientos, cuáles son sus propósitos y si las personas que participan están siendo víctimas de redes dedicadas al tráfico o la explotación de migrantes.

También planteó la importancia de que las instituciones de salud conozcan las condiciones en las que viajan los hondureños, debido a que las caminatas, las lluvias, las altas temperaturas y la falta de atención médica pueden provocar enfermedades y complicaciones durante el recorrido.

Algunos de los hondureños que integran la caravana manifestaron que emprenden el recorrido con fe y confiando en Dios para poder avanzar en la ruta migratoria y alcanzar su destino.

"Sin reprimir y sin criminalizar, las autoridades deben saber por qué la gente se va. Y ante eso, ofrecerle una respuesta", manifestó.

El entrevistado sostuvo que, cuando una persona decide migrar porque enfrenta amenazas o problemas de seguridad, el Estado debe garantizar mecanismos de protección para evitar que tenga que abandonar su comunidad.

Sin embargo, lamentó que, a su juicio, la respuesta institucional ha estado marcada por la indiferencia y la falta de compromiso, en lugar de acciones concretas para atender las necesidades de la población migrante.

La situación económica continúa siendo uno de los principales factores que empujan a los hondureños a buscar oportunidades fuera del país.

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Ramos señaló que la falta de empleo y los bajos ingresos dificultan que muchas familias puedan cubrir sus necesidades básicas, incluso cuando alguno de sus integrantes tiene trabajo.

A esto se suma el incremento en los precios de los alimentos, que reduce la capacidad adquisitiva de los hogares y aumenta la incertidumbre económica.

El representante de CASM cuestionó qué respuestas están ofreciendo las autoridades ante las dificultades que enfrenta la población para acceder a un empleo digno y mantener sus condiciones de vida.

"Todo el mundo tiene derecho al trabajo, un trabajo digno, un trabajo justo para poder resolver sus necesidades, pero si eso no lo tiene y mucha gente en este país no tiene un trabajo que le permita tener ingresos, ¿cuál es la responsabilidad y cuál es la acción que el Gobierno está ejerciendo?", expresó.

42,089

hondureños

fueron retornados entre el 1 de enero y el 12 de noviembre de 2026, según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM).

A su juicio, la inseguridad también influye en la decisión de abandonar Honduras, pues las personas que viven en comunidades afectadas por la criminalidad pueden percibir que su integridad está en riesgo.

Advirtió que, si no se atienden estos problemas estructurales, las caravanas podrían continuar e incluso aumentar, debido a que la migración representa para muchas familias una salida ante la falta de perspectivas en el país.

Aunque algunos migrantes mantienen la esperanza de encontrar mejores condiciones de vida en Estados Unidos, Ramos recordó que las políticas restrictivas impulsadas por el presidente Donald Trump continúan vigentes.

En ese sentido, advirtió que los hondureños no deben interpretar los cambios políticos o electorales estadounidenses como una señal de que las condiciones de ingreso al país serán más flexibles.

César Ramos, vocero del Programa de Migrantes de CASM, cuestionó la indiferencia hacia quienes abandonan el país y llamó a abordar la migración desde la solidaridad, la empatía y el respeto a la dignidad humana.

Ramos señaló que cualquier modificación de las políticas migratorias depende de procesos institucionales y decisiones políticas que pueden prolongarse, por lo que quienes emprenden el viaje deben considerar que podrían enfrentar detenciones, deportaciones y otros riesgos.

"Que la gente no puede esperar que va a encontrar autoridades diciendo: 'Bienvenidos, Estados Unidos'. Nada que ver, los van a regresar y se exponen al riesgo de ser víctimas de trata de personas", advirtió.

Su llamado es a que los hondureños conozcan las dificultades que implica la migración irregular y no se dejen llevar por promesas de personas que ofrecen facilitar el ingreso o garantizar que podrán permanecer en territorio estadounidense.

Deportado cuatro veces, pero vuelve a intentarlo​​​​​​

Pese a las experiencias de deportación y las restricciones migratorias, algunos hondureños mantienen la decisión de salir del país.

Es el caso de Ángel Rivera, quien se incorporó a la caravana con la esperanza de encontrar una vida mejor en Estados Unidos, pese a haber sido deportado en cuatro ocasiones.

Rivera manifestó que decidió volver a intentarlo ante las dificultades que enfrenta en Honduras, entre ellas la falta de empleo, el incremento en el costo de los productos básicos y la inseguridad.

Su caso refleja la persistencia de la migración, incluso entre personas que ya conocen las dificultades de intentar ingresar y permanecer en territorio estadounidense.

La decisión también evidencia que las deportaciones no necesariamente eliminan las causas que motivan a los hondureños a emprender nuevamente el recorrido.

1,308

menores

llegaron retornados entre enero y octubre de 2026. De ellos, 378 viajaban sin sus padres ni familiares.

Ramos insistió en que la atención a la población migrante no debe limitarse a quienes salen del país, sino que también debe incluir a los hondureños que son retornados y necesitan oportunidades para reintegrarse a sus comunidades.

Consideró que las instituciones deben priorizar la protección de los menores, la identificación de posibles víctimas de delitos durante la ruta y la creación de alternativas económicas y sociales para reducir los factores que impulsan la migración.

Asimismo, señaló que el problema no corresponde únicamente a una administración gubernamental, sino que representa una deuda acumulada de diferentes gobiernos con la población hondureña.

"Las autoridades son electas para que tomen decisiones y acciones en favor del bienestar de la población, no para golpearlos ni atropellarlos, sino para protegerlos y garantizarles sus derechos", expresó.

El representante de CASM concluyó que la migración debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos, justicia y protección, sin criminalizar a quienes deciden abandonar Honduras.

Mientras persistan las dificultades económicas, la inseguridad y la falta de oportunidades, la salida de hondureños continuará representando un desafío para el país y para las instituciones responsables de atender a quienes buscan mejores condiciones de vida fuera de sus fronteras.

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Laura Amaya
Laura Amaya
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con experiencia en la cobertura de temas educativos y de interés local en la ciudad. Cuenta con experiencia como reportera de campo en televisión y en redacción periodística. Actualmente forma parte del equipo de Diario LA PRENSA.

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