A siete meses de iniciado 2026, 51 de las 115 instituciones públicas analizadas por LA PRENSA Premium habían ejecutado menos del 40% de su presupuesto, según datos de la Secretaría de Finanzas (Sefin) actualizados a julio.
La base de Sefin contiene 116 registros presupuestarios. Para el análisis de las instituciones, LA PRENSA Premium dejó fuera la deuda pública, debido a que no constituye una dependencia del Estado, sino el conjunto de obligaciones financieras que debe atender el Gobierno. Este rubro fue revisado por separado por el peso de sus recursos: tenía un presupuesto vigente de más de 66 mil millones de lempiras y hasta julio había ejecutado más de 26 mil millones, equivalente al 39.3%.
La cifra equivale al 44% de las instituciones revisadas y revela marcadas diferencias en el ritmo con que las dependencias del Estado utilizan sus recursos. Mientras esas 51 entidades permanecían por debajo del 40%, otras 55, equivalentes a casi el 48%, se ubicaban entre el 40% y 60% de ejecución.
La brecha se amplía en los extremos. Trece instituciones habían ejecutado menos del 20% de su presupuesto, mientras nueve habían alcanzado el 60% o más. De estas últimas, tres superaban el 80% cuando todavía faltaban cinco meses para terminar el año.
Sin embargo, los porcentajes más bajos no responden a una misma realidad. Entre las instituciones con menor ejecución aparecen dependencias creadas por el gobierno de Nasry “Tito” Asfura, otras afectadas por la reestructuración estatal y algunas heredadas de la administración anterior que fueron afectadas por la reestructuración del aparato estatal.
Para el economista Henry Rodríguez, la fotografía general debe analizarse tomando en cuenta que los datos corresponden al séptimo mes del año y al primer año de una nueva administración. Bajo esas condiciones, considera que una ejecución entre el 40% y 60% puede encontrarse dentro de un rango razonable, aunque el porcentaje debe contrastarse con la programación de cada institución.
“Una institución puede tener ejecutado el 40% o 50% y estar cumpliendo con lo que tenía programado para julio. No todas ejecutan al mismo ritmo y, además, estamos en el primer año de un nuevo gobierno. Para determinar si existe realmente un atraso hay que revisar cuánto debía ejecutar cada institución y qué resultados debía alcanzar a esta altura del año”, explicó Rodríguez.
La valoración cambia cuando los niveles son considerablemente inferiores. En esos casos, Rodríguez señaló que debe establecerse si existen circunstancias que expliquen el rezago —como la creación, supresión o reestructuración de una dependencia— o si se trata de instituciones en pleno funcionamiento que no han desarrollado las actividades para las cuales recibieron recursos.
La comparación con el primer año del gobierno de Xiomara Castro muestra un patrón similar de baja ejecución durante una transición presidencial. En octubre de 2022, cuando habían transcurrido diez meses de aquella administración, 47 instituciones todavía no habían ejecutado ni la mitad de su presupuesto.
El rezago de entonces también estuvo atravesado por la reorganización del aparato estatal. Varias de las entidades con menor avance habían sido creadas o modificadas durante los primeros meses de ese gobierno, por lo que parte de la baja ejecución fue atribuida a los procesos de transición, instalación institucional y ajustes en la planificación del gasto.
Ese antecedente guarda relación con la explicación planteada ahora por Henry Rodríguez para 2026: durante el primer año de una administración, los porcentajes deben leerse junto con los cambios institucionales y la programación presupuestaria, no únicamente a partir del tiempo transcurrido.
La comparación, sin embargo, no es exacta. Los datos de 2022 corresponden a octubre y los de 2026 a julio, además de que los rangos utilizados son distintos. Aun así, ambos períodos muestran que los cambios de gobierno han coincidido con ritmos más lentos de ejecución en una parte importante de las instituciones públicas.
Menos del 20% de su presupuesto
La Comisión Nacional del Ferrocarril Interoceánico (Confi) encabeza la lista con una ejecución de 0%. La entidad fue creada en febrero de 2024, durante el gobierno de Xiomara Castro, como una dependencia adscrita a la Presidencia de la República, con autonomía funcional, técnica, administrativa y presupuestaria para impulsar el proyecto ferroviario entre el Atlántico y el Pacífico.
Para 2026, la Confi tenía originalmente una asignación de 300 millones de lempiras, pero su presupuesto vigente fue reducido a 100 millones. Al cierre de julio no había ejecutado recursos, una situación que debe leerse en el contexto de la reestructuración impulsada por el nuevo gobierno y no bajo las mismas condiciones de las instituciones que han mantenido su funcionamiento regular.
La Oficina Presidencial de Comercio Exterior presenta una situación diferente. Creada por la administración de Nasry Asfura, había utilizado casi dos millones de los 182 millones de lempiras disponibles, equivalente al 1.1%.
También aparece la nueva Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos. Hasta julio había ejecutado 7.8 millones de un presupuesto de 219.7 millones de lempiras, apenas el 3.5%.
Los bajos porcentajes no se limitan a instituciones con presupuestos pequeños. Entre las diez entidades con menor porcentaje de ejecución aparecen dependencias con presupuestos que van desde 100 millones hasta más de 3,300 millones de lempiras, pero ninguna había utilizado más del 17% de sus recursos hasta julio.
El caso con mayor presupuesto dentro de ese grupo es la Administración de Pasivos Contingentes e Imprevistos, que disponía de 3,309.3 millones de lempiras y había ejecutado 222 millones, equivalente al 6.7%.
Las instituciones con más recursos
El panorama es diferente entre las instituciones que concentran algunos de los mayores presupuestos públicos. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) había ejecutado cerca de 31,900 millones de los 59,500 millones de lempiras disponibles, el 53.6%; la Secretaría de Educación había utilizado alrededor de 26,900 millones de 46,500 millones, el 57.9%; y la Secretaría de Salud, unos 13,100 millones de un presupuesto superior a 30,200 millones, el 43.4%.
La tendencia se repite entre otras instituciones que administran miles de millones de lempiras. El Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) registraba una ejecución del 41.4%; el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), 51.3%; la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), 52.8%; y el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), 45.7%.
Las secretarías de Seguridad y Defensa alcanzaban una ejecución del 57.8% y 52%, respectivamente.
Fuera del universo de las 115 instituciones analizadas, la deuda pública tenía una asignación de 66,607.8 millones de lempiras, superior al presupuesto de cualquier institución. Hasta julio había ejecutado 26,166.6 millones, equivalente al 39.3%.
En el otro extremo aparecen instituciones que ya habían utilizado una proporción considerable de sus recursos. La Unidad Especial de Protección alcanzaba el 83%, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) el 76.6%, la Procuraduría General de la República (PGR) el 71.2% y la Presidencia de la República el 70.9%.
La Dirección Nacional de Parques y Recreación prácticamente había utilizado la totalidad de sus recursos disponibles. Su caso, sin embargo, tiene una dimensión distinta: su presupuesto era de apenas 2.05 millones de lempiras, frente a dependencias que administran cientos o miles de millones.
Ese contraste muestra que el porcentaje de ejecución no cuenta por sí solo toda la historia. Una institución puede acercarse al 100% administrando unos pocos millones, mientras otra puede mantener decenas de miles de millones pendientes de ejecución pese a presentar un porcentaje intermedio.
Para la economista Liliana Castillo, el otro elemento que debe observarse es cuándo se utilizan los recursos. Llegar a los últimos cinco meses con una parte considerable del presupuesto pendiente puede obligar a determinadas instituciones a acelerar su ejecución, pero elevar el porcentaje antes de diciembre no constituye por sí mismo una señal de eficiencia.
“Una institución puede terminar el año con un porcentaje alto de ejecución y eso no significa necesariamente que haya realizado una buena gestión. Si una parte importante del gasto se concentra al final del año, hay que revisar cómo se utilizaron esos recursos, qué resultados produjeron y si realmente se cumplió el propósito para el cual fueron aprobados”, explicó Castillo.
La ejecución presupuestaria, señaló, debe analizarse junto con el cumplimiento de las metas y la oportunidad del gasto. Una institución puede tener recursos pendientes porque así estaba programado, pero cuando existe un retraso debe determinarse qué proyectos, programas o servicios no se realizaron y si todavía pueden cumplirse antes de terminar el año.
Los datos a julio muestran, por tanto, una administración pública que avanza a ritmos distintos: casi la mitad de las instituciones se concentra entre el 40% y 60% de ejecución, mientras 51 permanecen por debajo del 40% y algunas ya han utilizado la mayor parte de sus recursos.
El resultado definitivo no dependerá únicamente de cuánto logren gastar entre agosto y diciembre, sino de si esos recursos se ejecutan a tiempo y se traducen en las obras, servicios y obligaciones para los que fueron presupuestados.
Metodología
- Los datos provienen de los informes de ejecución presupuestaria de la Secretaría de Finanzas. Se comparó el presupuesto vigente contra el ejecutado acumulado hasta julio de 2026.
