37 instituciones han sido intervenidas en 14 años; seis en la gestión de Castro

Tegucigalpa, Honduras

La intervención de las instituciones a través de comisiones continúa siendo la medida más inmediata que los gobiernos aplican cuando las cosas parecen no ir bien. Solo en la gestión de la presidenta Xiomara Castro seis instituciones han sido intervenidas.

La Ley General de la Administración Pública menciona que las comisiones interventoras deben administrar y evaluar las instituciones que presentan dificultades por un tiempo determinado, aunque expertos consideran que casi nunca se observan resultados y representan un gasto para el Estado.

“Todo continúa igual o no hay una mejoría notable, pero lo que sí se ve es una alta erogación de fondos públicos en función de salarios para los interventores, que son salarios normalmente de más de 200,000 lempiras”, lamentó Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

En los últimos 14 años (entre 2007 y junio de 2024) en el país se han juramentado 37 comisiones interventoras para administrar 29 instituciones del Estado, según datos recopilados por la ASJ, así como el monitoreo y elaboración propia de la Unidad de Datos de LA PRENSA Premium.

Seis de estas comisiones fueron nombradas durante la gestión de Castro. El último caso ocurrió el pasado 30 de mayo de 2024, cuando fueron nombradas tres personas (Esdras Rafael Gutiérrez, Jennifer Carolina Flores Tercero y Lenín Francisco Funes Luna) para administrar el Instituto de la Propiedad (IP), luego de denuncias de desvío de fondos.

Pero las intervenciones en las instituciones del Estado no son cosa nueva, pues en 2007, en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, se nombró una comisión para tratar de rescatar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

En la gestión de Porfirio Lobo Sosa también se intervinieron 12 instituciones, incluyendo el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), el Hospital Escuela, la Secretaría de Salud y también Seguridad, así como el Ministerio Público.

Entre 2014 y 2021 hubo 18 instituciones intervenidas. Solo en 2014, cuando tomó posesión el expresidente Juan Orlando Hernández (preso en Estados Unidos por narcotráfico), fueron cinco: el hospital Mario Rivas, el Instituto de la Propiedad, IP; Soptravi, la Unidad de Registro y Seguimiento de las Asociaciones Civiles (Ursac) y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Para esas cinco comisiones fueron nombradas más de 12 personas.

Castro también continuó con la dinámica y apenas unos meses después de ser juramentada como la primera presidenta de Honduras intervino el Inprema, luego el Servicio Civil y la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi).

Posteriormente se sumó a la lista el Sistema de Emergencias 911, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) y ahora el IP.

En los 15 años analizados, este rotativo encontró instituciones que fueron intervenidas hasta tres veces porque “las decisiones no se toman dentro de los intereses de la institución, sino dentro de los intereses de una visión, que puede ser política, ideológica o que puede ser de otros intereses”, consideró German Leitzelar, exintegrante de varias comisiones interventoras.

Leitzelar afirmó que las comisiones se van debilitando por la interferencia de la política sectaria y que cuando un gobierno termina también se corta y afecta el proceder de las interventoras.

“El problema que vemos normalmente son los efectos y no las causas de esa debilidad que tenemos de institucionalidad y de un Estado de derecho que se trata de corregir por la comisión, pero también esas comisiones se ven debilitadas por las presiones a veces de orden político sectario”, dijo.

Aguilar, por su parte, es del criterio que para que las instituciones funcionen deben “apegarse al mandato, lo que establece la ley, el tema de la transparencia, el tema de la rendición de cuentas, porque al final de cuentas esas instituciones son intervenidas porque no funcionan”.

Con estos elementos, según Aguilar, se podría robustecer los entes del Estado y evitar la fuga de recursos. Puntualizó que el trabajo del interventor es identificar, denunciar y evidenciar estructuras que quieran afectar e impedir su labor como administrador las instituciones.