El gobierno de Nasry Asfura, mediante Consejo de Ministros, aprobó intervenir ocho instituciones estatales, aunque sin precisar por cuánto tiempo estarán regidas bajo una comisión interventora, dentro del plan de reestructuración estatal que contempla la supresión y modificación de varias dependencias.
Estas comisiones deberán realizar un diagnóstico y entregar informes al presidente Asfura, proceso que deberá cumplirse en un plazo menor a un año.
Las disposiciones se establecen en el artículo 17 del decreto ejecutivo PCM-004-2026, y entre las instituciones intervenidas destacan el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) y el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa).
En el caso del Inprema, los encargados serán Nelson Alonso Benavides como comisionado presidente y Josué Wilder Maldonado Velásquez y Luis Javier Mendoza Turcios como comisionados adjuntos.Asimismo, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacit), el Instituto Hondureño de Ciencias, Tecnología e Innovación (Ihcieti) y el Ferrocarril Nacional de Honduras entran en intervención.
Finalmente, figuran el Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (Ihadfa), el Instituto de Crédito Educativo (Educrédito) y el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).
Eliminadas
El decreto también incluye la supresión de varias entidades. Entre otras decisiones más relevantes figura la eliminación de la Secretaría de Estado de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas), cuyas funciones pasan a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), que también asume la ejecución de sus proyectos en curso.
Asimismo, fueron suprimidas la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la Secretaría de Planificación Estratégica y la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos (Sedespa), cuyas competencias quedan redistribuidas dentro de la Presidencia y otras estructuras del Ejecutivo.
En el área de vivienda, el decreto ordena la supresión de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (Convivienda) y del Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos. Sus bienes, activos y estructuras pasan a la Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos, que es incorporada formalmente dentro de la administración pública.
También se instruye el cierre y liquidación definitiva del Fondo Social de la Vivienda (Fosovi), cuyos recursos y obligaciones serán trasladados a esa misma secretaría.
En materia aeroportuaria, el Ejecutivo derogó el decreto que dio vida al Servicio Aeroportuario Nacional (SAN), quedando suprimido y restableciéndose el modelo anterior bajo la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios S.A. (Ehisa), que retoma la administración de los aeropuertos.
El Consejo de Ministros también eliminó el Programa de la Red Solidaria y el Programa de Acción Solidaria (Proasol).
Los programas sociales financiados bajo esas estructuras serán trasladados a la Secretaría de Desarrollo Social o a las instituciones que determine la Secretaría de Finanzas (Sefin) como nuevos organismos ejecutores.
Varias de las instituciones que desaparecerán manejaban millonarios presupuestos, aunque su eliminación no implica que esas partidas se extingan por completo.
Un análisis de la Unidad de Datos revela que en 2025 parte de estas dependencias recibieron en conjunto 7,613 millones de lempiras. La entidad con mayor presupuesto fue la Red Solidaria, con L2,674 millones.
En segundo lugar figura Proasol, con L1,560 millones. Sedecoas ocupa el tercer lugar, con una asignación de L1,805.8 millones, seguida por Planificación Estratégica, que recibió L1,025 millones.
Entre los programas de vivienda se contabilizan L263.3 millones, mientras que para Transparencia se asignaron L180 millones. Sedespa recibió L105.6 millones.
