El Gobierno publicó recientemente en el Diario Oficial La Gaceta No. 37,079 un decreto ejecutivo de amplio alcance que confirma la intervención del sistema previsional del magisterio (Inprema), la derogación de la antigüedad laboral reconocida por PCM, la eliminación de la Cátedra Morazánica y la supresión de múltiples instituciones y programas creados entre 2022 y 2025.
El decreto, firmado por el presidente Nasry Juan Asfura Zablah, detalla en sus artículos finales (19 al 33) la derogación expresa de varios PCM y acuerdos ejecutivos, así como el procedimiento de liquidación administrativa y presupuestaria de las entidades suprimidas.
En el Artículo 20, literal b), se deroga el PCM 14-2025 que creó la “Cátedra Morazánica” e incorporó el estudio del libro El Golpe 28 J: Conspiración Transnacional, un Crimen en la Impunidad, eliminando así esa asignatura y su contenido del sistema educativo oficial. En el mismo artículo, literal c), se deja sin efecto el PCM 30-2025 que reconocía la antigüedad laboral acumulada para personal que pasó de contrato a acuerdo de nombramiento, lo que impacta directamente en el cálculo de cesantías y vacaciones.
El Artículo 19 suprime ocho decretos ejecutivos adicionales, entre ellos el PCM 22-2023 sobre transparencia financiera, el PCM 17-2024 que creó el Instituto Nacional de la Memoria Histórica, y otras estructuras vinculadas a planificación estratégica, comunicación gubernamental y comisiones presidenciales.
Además, el decreto confirma la eliminación de dependencias como el Icieti, la Secretaría de Transparencia, la Secretaría de Planificación Estratégica, el Instituto de Historia y Convivienda, cuyas funciones y recursos deberán ser liquidados o reubicados conforme a las instrucciones contenidas en el mismo instrumento legal.
En los Artículos 21 al 27, se instruye a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) a conformar Comisiones Técnicas Liquidadoras con plenas facultades para cancelar contratos, pagar prestaciones e indemnizaciones conforme al Código de Trabajo y la Ley de Servicio Civil. El Artículo 24 ordena trasladar los recursos presupuestarios de las entidades suprimidas a SEFIN, mientras que el Artículo 26 dispone que los bienes y archivos pasen a la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE). Todo el proceso deberá contar con auditoría concurrente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), según el Artículo 27.
El decreto también ordena revisar nombramientos efectuados al cierre de la administración anterior (Artículo 29) y fija lineamientos de disciplina fiscal y sostenibilidad presupuestaria para todo el sector público (Artículo 30).
La normativa entra en vigencia de forma inmediata tras su publicación en La Gaceta, marcando un giro en la estructura institucional del Estado y en la política educativa y laboral que regía hasta ahora en el país.
Instituciones eliminadas
En el Artículo 2, el Ejecutivo deroga parcialmente el PCM-05-2022 y ordena la supresión de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, la Secretaría de Planificación Estratégica, la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos de la Secretaría de la Presidencia, así como el Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos y el Programa de la Red Solidaria.
Esta decisión es reforzada en el Artículo 3, donde también se eliminan disposiciones reglamentarias relacionadas con SEDESPA, la SPE y la STLCC dentro del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Poder Ejecutivo.
El Artículo 5 incorpora formalmente a la estructura estatal la Secretaría de Estado en el Despacho de Vivienda y Asentamientos Humanos, creada por ley en 2020, y simultáneamente ordena la supresión de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA) y del Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos.
Además, instruye el cierre y liquidación del Fondo Social de la Vivienda (FOSOVI), estableciendo que todos sus bienes, derechos y activos sean trasladados a la nueva secretaría.
En el ámbito aeroportuario, el Artículo 9 deroga el PCM 17-2023 y suprime el Servicio Aeroportuario Nacional (SAN), restableciendo el esquema anterior bajo la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios, S.A. (EHISA).
El decreto también reorganiza la adscripción de varias entidades, como el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la ONCAE y la Dirección General de Cinematografía, consolidando así una reconfiguración integral de la estructura administrativa del Estado.
